Carlos Camacho Córdoba

Carlos Camacho Córdoba

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Martes 5 Junio, 2018

Administración Tributaria

En las puertas de una gran crisis fiscal, donde a pesar de los esfuerzos que van en la dirección correcta —los que aplaudimos— en relación con el gasto público; así como de una posible reforma fiscal que es indispensable, tenemos ahora que voltear los ojos al proceso de gestión tributaria que se da por parte de las autoridades a cargo del manejo de la gestión, recaudación, fiscalización de los tributos.

Hemos venido abordando diversidad de asuntos que competen a la grave situación de las finanzas públicas, en las que tanto hay que plantear asuntos de ingresos, como de gastos, donde parece no haber duda de que vamos avanzando, esperando impregnar a partir de esta semana una mayor velocidad al asunto de la aprobación de la reducción de gastos y al de la reforma fiscal.



Sin embargo, hemos dejado de lado de la discusión la eficacia y eficiencia de la Administración Tributaria, que debe ser el custodio de las normas que corresponden al deber de contribuir a las cargas públicas. Tenemos varios asuntos que deben ser abordados para lograr una Administración Tributaria más eficiente: la gestión del riesgo, la extensión de los programas, la facilidad de interacción con el contribuyente, la corrupción y el sesgo de concentración de los aspectos de fiscalización en unos pocos contribuyentes, contando con insuficientes programas de gestión del omiso sistema, e invitando a la informalidad más que a la inclusión fiscal.

El grado de presión que reciben unos contribuyentes, en especial los grandes contribuyentes y las grandes empresas territoriales, por la creciente demanda de información, lo que se entiende por la concentración de la recaudación en esas empresas, ahora en esos grupos económicos, de acuerdo con los nuevos criterios, es completamente contrastante con los resultados que se obtienen en fiscalizaciones que sean eficaces para la detección del fraude fiscal.

Por el contrario, en la mayor parte de los casos los resultados de las fiscalizaciones son de gran complejidad, un abultado volumen de diferencias determinativas con un bajo contenido de justificación técnica que permita que dichos ajustes se sostengan en las diversas instancias judiciales por sus débiles argumentos jurídicos, tanto como por la pobreza probatoria de los actos en estas fantasiosas determinaciones, que a la vez implican grandes distracciones de tiempo y recursos financieros de los grupos económicos más grandes para sostener disputas hasta las instancias que lleguen a una definición concluyente de las materias controvertidas, donde el proceso cierra con sentencias favorables a los contribuyentes que han aguantado hasta el final la batalla legal. Esto requiere una profunda revisión de la calidad de la aplicación de la técnica determinativa en la fase de fiscalización, un mayor rigor en la valoración de la prueba aportada por los contribuyentes, así como un mayor juicio crítico que respete los derechos y garantías de los contribuyentes.

La situación de los grandes contribuyentes y las grandes empresas territoriales contrasta de manera palmaria con la gestión de los procesos de información, fiscalización y administración de una gran masa de empresas y personas que se pueden dividir en dos grandes categorías: los que están en cumplimiento razonable de la normativa, al menos a lo mejor de su entendimiento, y los omisos. Sobre estos últimos debemos insistir en la falta de rigor en la aplicación de programas extensivos de gestión de censar las actividades económicas que están provocando la no recaudación, la competencia desleal, la corrupción, así como el manejo de fondos sin legitimación en actividades que se estén amparando a la legitimidad del cumplimiento de los deberes tributarios. En estas áreas, no deja de ser preocupante que las grandes bolsas de fraude solamente se enriquezcan en caso de la entrada en vigor del impuesto al valor agregado, no porque el problema esté en el impuesto mismo, sino porque lo grave sería que el contribuyente, consumidor final de buena fe, haciendo el esfuerzo de contribuir con las cargas públicas, se vea tomado del pelo por actores inescrupulosos que cobrando el “impuesto”, simplemente se lo embolsen, sin más consecuencia por las falencias apuntadas en la gestión de los omisos o los “contribuyentes disfrazados de legales” siendo estos los beneficiarios del impuesto, causando un despropósito en el objeto del impuesto. Esto debe ser remediado con un cambio en la gestión de la administración tributaria, que mediante la dotación de los medios informáticos, la dotación de recursos de capacitación, así como el difícil combate contra la corrupción a la que en diversas ocasiones se han detectado, así como aquellas no denunciadas pero enfrentadas por contribuyentes que se enfrentan al envite, la seducción, de “arreglar” con favores dinerarios y de otra índole, la situación por las “buenas” inclusive, con el acompañamiento de exfuncionarios, de diversos rangos, es inaceptable que a la vez estos se autodenominen asesores fiscales, unos de renombre y muchos sin nombre alguno, pero con gran eficacia de la negociación de los actos de corrupción y tráfico de influencias.

El momento actual requiere remediar esto con los cambios tanto a nivel de los aspectos objetivos ya mencionados, como mediante investigaciones conducidas a lo interno de la Administración Tributaria, para que se erradiquen los funcionarios que forman el ecosistema de la corrupción que también proliferan en diversas esferas de la Tributación. La lucha contra el fraude fiscal no estará nunca iniciada, por ende no acabará nunca, si seguimos teniendo este cáncer en el seno de la Administración, tenemos derecho los contribuyentes y quienes nos dedicamos de manera efectivamente profesional a la asesoría de los contribuyentes, a demandar que se lleve una inmediata y seria intervención el Ministerio Público, donde se asegure a los contribuyentes, que los nuevos esfuerzos que se nos exigirán no serán mecanismos de mayor enriquecimiento ilícito de la cadena de corrupción aquí denunciada.

No podemos dejar de hacer las reformas en el gasto, tampoco la de los impuestos, pero estas serían incompletas, insuficientes e inconclusas si no se atrapa el sangrado del sistema tributario que hemos descrito, donde tanto el corruptor como el corrompido son igualmente responsables, donde es inaceptable que todos los que de buena fe actuamos en el sistema, enfrentemos esta desleal y silenciosa guerra contra la invisible pero dolorosa corrupción.

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