Ad Absurdum

TROTANDO MUNDOS
Ad Absurdum

Nunca se imaginó don Pedro Pablo Quirós que el dejar el sector empresarial privado para atender el llamado del Presidente a servir a su país, le costaría una condenatoria penal que avergüenza a cualquier abogado serio. Profesional forjado en la administración de empresas norteamericanas de envergadura, es el único ejecutivo de verdad que ha tenido el ICE en las últimas décadas y contrasta con un séquito de colegas pusilánimes que pasaron por la institución respetando privilegios para no despertar perro dormido.
Como iba a imaginarse don Pedro que, siendo el jerarca de la más grande compañía de Centroamérica, le estaba vedado desviar un pinche helicóptero para cumplir con varias actividades en medio de una gira de trabajo en día feriado, fueran estas actividades públicas o privadas, que al final todas son parte del agenda de un alto ejecutivo. Solo la pobreza de espíritu o una conspiración podrían haber urdido esta persecución. No nos explicamos como el tribunal no echó el caso al canasto de basura y recriminó a los fiscales por hacerle perder su valioso tiempo.
Pero más allá de la injusticia con don Pedro, lo que más nos preocupa es la conspiración que se montó para desacreditar a un administrador que le estaba metiendo tijera a las gollerías que están matando la institución. Los intereses creados se dieron a la vil tarea de sacarlo de la institución y lo lograron. Y además lo acusaron.
¿No les parece curioso que, en visible contraste, no se procese a docenas de individuos que, como el empleado de Relaciones Exteriores que se llevó a la novia a pasear a Guanacaste un fin de semana en una carro oficial, se dan con tanta frecuencia? ¿Por qué escoger a un jerarca que estaba cortando gollerías? Algo está podrido en Dinamarca!
La prensa del 2 de agosto publicó suficientes malas noticias como para matar a un payaso de tristeza. Entre éstas, una que desnuda directamente la gravísima incompetencia de la Asamblea Legislativa en producir una ley de tránsito sin reinventar la rueda, es la de que el licor y la imprudencia siguen jugando el rol primario en los accidentes mortales de tránsito.
No entendemos como algunos diputados pueden enterarse de que “un chofer borracho arrolló y mató a dos niñas en Sarapíquí” y hacerse los desentendidos, cuando buena parte de la culpa la tienen ellos por no legislar, expedita y eficientemente, sanciones draconianas por conducir bajo los efectos del alcohol o con total irrespeto de las reglas. Sin contemplaciones. En esto son cómplices algunos periodistas que le muestran lástima al “pobrecito” conductor asesino, pero total indiferencia a las víctimas mortales y a sus familiares.
Ese afán tan tico de reinventar la rueda cuando de dar solución a los problemas nacionales se trata, nos ha impedido copiar alguna sofisticada y bien pensada legislación de algún país nórdico, enfocándonos al legislar en la seria responsabilidad de conducir un vehículo automotor y no en la condición económica del conductor. Lo curioso es que, cuando de manejar un revolver se trata, no piensan igual, aunque muchas veces un vehículo puede resultar mucho más peligroso.
La cereza de ese queque la pone la Sala Cuarta cuando ordena al Ministerio de Seguridad Pública restituir a un policía que fue despedido por ebriedad. Entenderíamos la humanitaria posición de obligar al Ministerio a brindarle tratamiento al alcohólico, pero restituirlo a un puesto de responsabilidad en el que probablemente tendrá que portar un arma es un acto de total y absoluta irresponsabilidad.
La Sala Cuarta cada vez nos hace más difícil el no unir la nuestra a las voces que están clamando por una reforma integral de ese órgano.

Humberto Pacheco
vikocr@racsa.co.cr