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María tenía 23 años cuando decidió abortar.
Mientras esperaba en un centro de salud junto a otras chicas que se encontraban en su misma situación, dice que una médica le dijo a las enfermeras: "¿Cuándo aprenderán estas chicas a mantener las piernas cerradas?".
Era una señal de lo que estaba por ocurrir.
María vive en Salta, una provincia conservadora en el noroeste de Argentina con un notable rechazo al aborto entre trabajadores de la salud, a pesar de que esta práctica se legalizó en 2020.
Al final, a María le dieron una pastilla para interrumpir su embarazo.
Pero dice que las enfermeras se resistían a tratarla y querían hacerla sentir culpable: "Después de expulsar [el tejido del embarazo], pude ver el feto".
"Las enfermeras lo pusieron en un frasco y me dijeron: 'Este podría haber sido tu hijo'".
Según la nueva ley aprobada en 2020, una mujer en Argentina puede optar por interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas.
Antes, el aborto solo estaba permitido en caso de violación o si la vida o la salud de la mujer se encontraba en riesgo.
La aprobación de esta norma supuso un gran cambio para los derechos reproductivos en el país y en América Latina, que cuenta con algunas de las legislaciones sobre el aborto más estrictas del mundo.
Pero si bien esta ley le dio esperanza a millones de mujeres, aún existe una brecha de desigualdad en el acceso a la práctica en algunas zonas del interior de Argentina.
El aborto resulta ser un tema muy polémico en una nación donde más del 60% de las personas son católicas y un 15% evangélicas.
El papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, ha descrito al aborto como un "homicidio" y aseguró que "aquellos que practican abortos matan".
Pese a la aprobación del aborto, la nueva ley también permite que los trabajadores de la salud en Argentina se abstengan de practicarlo.
"Tan pronto como se aprobó la ley, me declaré objetor de conciencia", afirma a BBC Mundo el doctor Carlos Franco, pediatra de la misma zona en la que vive María y quien asegura que se hizo "pro-vida" desde la universidad.
El Dr. Franco calcula que 90% de los trabajadores de la salud en el Hospital Público Materno Infantil, uno de los principales centros de salud de la provincia de Salta, ha hecho lo mismo.
Sus estimaciones se suman a un informe de Amnistía Internacional de 2022 que señala que solo 40 médicos en Salta se han declarado a favor del aborto, en una provincia de 1,3 millones de habitantes.
Según la organización, la cifra ha ido subiendo pero no es suficiente: "Solo son unos pocos (…) que deben desplazarse de un lado a otro de la provincia, a fin de garantizar el acceso a esa práctica", destaca.
Esto ayuda a explicar por qué mujeres como María todavía enfrentan tantos problemas para acceder a hacerse un aborto.
Al principio, María estuvo dos días en el centro de salud esperando ser atendida por un médico.
Finalmente, desistió y decidió recurrir a las redes sociales en busca de ayuda. Ahí fue cuando encontró a Mónica Rodríguez, una activista local, que la acompañó al centro de salud y logró que la atendiera una médica.
Rodríguez dice que recibe alrededor de 100 llamadas telefónicas al mes de mujeres en Salta que enfrentan dificultades similares para acceder a abortos seguros.
"Mi trabajo principal es escucharlas", le dice a BBC Mundo. "Si bien no recomiendo el aborto, tampoco romantizo la maternidad".
La campaña para ampliar el derecho al aborto en Argentina lleva décadas.
Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, destaca que se han logrado avances significativos para brindar abortos seguros a las mujeres.
La directora menciona cifras oficiales -a las que tuvo acceso BBC Mundo- que muestran que el número de centros de salud pública que brindan servicios de aborto se ha incrementado en más del 50% desde que la ley entró en vigor en 2021.
También destaca que la mortalidad materna por aborto se ha reducido en un 40%.
A esto suma que el misoprostol, una de las píldoras que se usa para abortar, ahora se fabrica en el país, lo que facilita su disponibilidad.
A pesar de estos avances, la activista Mónica Rodríguez explica que la escasez de personal médico calificado en su provincia conduce a que los tratamientos más seguros y menos dolorosos, como la aspiración manual endouterina (AMEU), a menudo no estén disponibles para las mujeres en esa zona.
Este fue el caso de María, quien tras tomar una pastilla abortiva, aún necesitaba que le quitaran el tejido restante del embarazo.
Tras ser sometida a un legrado, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud recomienda reemplazar por la AMEU, María dijo que experimentó tanto dolor que quería morir.
Desde el Ministerio de Salud de Argentina aseguran que son conscientes de que en algunas provincias se sigue utilizando esta práctica, pero resaltan que han invertido en capacitar a más médicos para realizar AMEU y en distribuir más equipos.
Al contactar al Hospital Público Materno Infantil de Salta, donde a María le practicaron el legrado, se limitaron a señalar que "cada reclamo (…) es procesado en conjunto con la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia, con quienes se trabaja para analizar el contexto, el personal involucrado y tomar las medidas para que las acciones o situaciones que causaron el reclamo no se vuelvan a repetir".
Después de que se aprobara la ley, el gobierno implementó un número gratuito para que las mujeres pudieran realizar denuncias de malas prácticas.
"Problemas como estos antes eran invisibles. Ahora, una vez que estos casos son denunciados, podemos intervenir", le dice la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva a BBC Mundo.
Las largas esperas para recibir atención médica y el estigma social que rodea a los abortos también pueden hacer que las mujeres sean víctimas de prácticas corruptas en estas zonas, aseguran profesionales del sector a BBC Mundo.
La Dra. María Laura Lerma -una psicóloga que vive en Humahuaca, una remota comunidad en Jujuy (noroeste del país)- explica que existen casos de mujeres que se han visto obligadas a pagar cientos de dólares por tratamientos que deberían estar disponibles de forma gratuita en los centros de salud públicos.
"En muchas zonas rurales de Argentina, algunos médicos que trabajan en el hospital público llevan a los pacientes a sus clínicas privadas", denuncia Lerma.
Este fue el caso de Luisa, de 34 años, de Humahuaca.
Luisa había sido víctima de violencia de género y no quería seguir adelante con su embarazo.
"Tenía miedo de que mi esposo se enterara, así que no le dije a nadie y tomé las pastillas abortivas en casa… Fue horrible. Después de tomar las pastillas, me desmayé y todo se oscureció…", le dice a BBC Mundo.
Cuando Luisa llegó al hospital, la médica se negó a realizarle un AMEU, a pesar de que por ley hubiese tenido que hacerlo.
"Me dijo que no hacía el AMEU en el hospital público. Que solo me podía atender en su clínica privada por 40.000 pesos argentinos (US$200)".
Luisa no contaba con ese dinero y se quedó esperando, bajo mucho dolor, durante 4 días, hasta que el hospital logró trasladarla a otro centro de Jujuy.
La Dra. Lerma denunció este caso ante el Ministerio de Salud de Jujuy, pero sostiene que hasta ahora no obtuvo respuesta.
Consultado por BBC Mundo, desde el Ministerio de Salud de Jujuy se limitaron a explicar que cada caso se toma de manera individual "y… luego se aborda al profesional implicado de manera personalizada para la concientización de la práctica correcta y evitar que suceda nuevamente".
Algunos activistas contra el aborto han recurrido a los tribunales para intentar que la ley del aborto sea declarada inconstitucional.
Cristina Fiore, diputada del parlamento local en Salta, es una de ellas.
"Creemos que la vida humana comienza en la concepción y estamos en contra de esta cultura del descarte", dice Fiore.
"Además creo que hay que invertir y mejorar la educación sexual de la provincia. No exagero cuando digo que, en el presupuesto de 2022 de esta provincia, la educación sexual no estaba contemplada", le dice a BBC Mundo.
Sin embargo, todos los desafíos legales han fracasado hasta ahora.
En el caso de María, ella tiene claro por qué tomó la decisión de no continuar con su embarazo.
"Nunca había querido ser mamá… Mis padres me abandonaron y eso me generó un trauma que me llevó años poderlo superar".
Su deseo es que se mejore la formación de enfermeras y ginecólogos para evitar que otros sufran como ella:
"Hay muchas mujeres, sobre todo en los pequeños pueblos rurales, que son discriminadas como yo y no todas se atreven a hablar".
*Los nombres de algunos colaboradores se han cambiado para proteger su privacidad.
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