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Obligado Estado a rematar bienes por déficit fiscal
A la venta edificios públicos

Pasarán inmuebles ociosos a manos privadas

El Estado puso a la venta los primeros edificios sin usar para tratar de financiar el gasto público.
La medida busca frenar el crecimiento del déficit fiscal que para este año se proyecta en un 5,5% de la producción nacional.
El Ministerio de Hacienda es por ahora la única entidad que comenzó ayer el remate de diez inmuebles sin usar, con el objeto de generar una ganancia de al menos ¢1.500 millones.
La posibilidad de ofrecer al sector privado activos públicos es una opción contenida en la directriz presupuestaria de reducción del gasto público.
En la medida, el Ejecutivo autorizó a cualquier institución, incluidas las autónomas y descentralizadas, a vender inmuebles o mobiliario que estén ociosos, sean innecesarios o lujosos.
Además, a partir de este año, los entes que requieran adquirir equipo de cómputo y vehículos podrán utilizar el leasing operativo, en vez de la compra.
Los entes que brindan servicios públicos y cobran por estos, como el Registro Civil o Correos, deberán establecer precios y tarifas que cubran los costos necesarios por prestar dicha actividad.
El fin de esta directriz es reducir el gasto público para contener el crecimiento del déficit fiscal que se proyecta cerrará el año en casi $2.500 millones.
Pese a la directriz de restricción estatal, este año el Gobierno financiará un 45% de su presupuesto a través de títulos de deuda.
Hacienda deberá vender bonos por un equivalente a más de $1.700 millones.
“Las necesidades de financiamiento del Gobierno son aún muy altas, y colocan al país en posición vulnerable, especialmente en vista de la delicada situación internacional”, enfatizó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
La capacidad de absorción del mercado de títulos valores de Gobierno ha venido disminuyendo de manera significativa en los últimos cinco meses, con captaciones en subasta muy por debajo del nivel esperado.
La medida utilizada ha sido aumentar el interés que paga a los inversionistas por obtener su dinero.
Sin embargo, esta maniobra tiene un alto costo para el mismo Gobierno y distorsiona el mercado interno de crédito privado.
Para intentar contener el alto endeudamiento, la cartera dirigida por Herrero realizó una primera subasta de inmuebles que no está utilizando.
Los activos públicos pasarán a manos privadas a través del primer remate electrónico que finalizó ayer.
Los terrenos vendidos fueron entregados como pago por deudas o por traslados efectuados por otras instituciones, por ejemplo algunos propiedad del extinto Banco Anglo.
El bien más relevante es el antiguo edificio del Presupuesto Nacional, ubicado en el centro de San José, valorado en casi ¢1.000 millones.
Siete de los diez terrenos están en el área metropolitana. Los restantes están en Puntarenas y Limón.
“Los remates de estas propiedades se suman a otras medidas tomadas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal”, dijo Herrero.
Hacienda tiene previsto realizar otra subasta de edificios este año.
Con dicha decisión busca hacer un uso eficiente de recursos públicos, como política de no mantener activos en desuso y convertir en ingresos los muebles e inmuebles que no son utilizados.
La institución instó a otros entes públicos a seguir su ejemplo y vender activos que no estén usando.
Por ahora solo Hacienda ha puesto en venta edificios públicos como una medida extrema de contener el gasto.
El costo inicial de los remates se determinó a través de avalúos realizados por la Dirección General de Tributación.
Al cierre de edición, Hacienda aún estaba valorando las ofertas recibidas a través del portal electrónico CompraRed, por el cual se hizo la subasta.
“La ventaja del nuevos sistema de remate de forma electrónica es que cualquier persona interesada puede enviar su oferta desde cualquier parte del país”, explicó Juan Carlos Zúñiga, director administrativo y financiero de Hacienda.

Oscar Rodríguez
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