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A siete meses de las elecciones presidenciales de febrero del 2026, el presidente Rodrigo Chaves fue acusado penalmente por segunda ocasión por parte de Carlo Díaz, fiscal general. La primera vez fue en abril anterior.
En esta ocasión, Chaves es señalado por el supuesto delito de financiamiento ilegal de la campaña 2022, lo cual se castiga con una pena de prisión que oscila entre dos y seis años de prisión.
A pesar de que el mandatario no es candidato a ningún puesto político y no puede reelegirse, todas las encuestas señalan que el partido del presidente y su candidato, que aún no se conocen, son la principal fuerza política-electoral.
Paralelamente, se rumora que el mandatario renunciará antes de finalizar julio para ser candidato a diputado.
La acusación dada a conocer ayer también incluye a Stephan Brunner, primer vicepresidente; Arnoldo André Tinoco, canciller de la República; y los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.
“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente. Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral”, dijo la fiscalía en un comunicado.
El Código Electoral establece que toda contribución a los partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
La ley prohíbe la donación de empresas o personas extranjeras.
Esta es la segunda causa penal que el fiscal presenta contra Chaves, ya que en abril lo acusó por el supuesto delito de concusión.
Dicho delito, cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión, castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial, por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda, mediante un contrato de consultor con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidente Chaves, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
Según el fiscal general fue “un cariñito” que el mandatario Chaves solicitó en el marco de una contratación pública por unos $400 mil para RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut).
La fiscalía ha presentado dos denuncias penales contra el presidente Rodrigo Chaves.
Estos son los detalles:
| Denuncia | Detalle | Pena | Acusados |
|---|---|---|---|
| Financiamiento ilegal | Se crearon dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. |
La ley obliga a los partidos a tramitar toda la información por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para prevenir ingreso de dinero de extranjeros y empresas
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidente Chaves, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
