A propósito del nuevo debate sobre Renta Global en Costa Rica

Adolfo Sanabria Mercado

Abogado tributarista en Consortium Legal

asanabria@consortiumlegal.com

Recientemente, el actual gobierno solicitó que se descarte el Proyecto de Renta-Global-Dual presentado por su predecesor y ha adelantado que próximamente propondrá un nuevo Proyecto a la Asamblea Legislativa.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa el Proyecto descartado no era del todo claro y simplemente buscaba incrementar la recaudación a toda costa. En efecto, es importante recordar que incluso durante el debate de la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018), hubo una versión que pretendía incluir esta reforma de renta global-dual a las rentas derivas del trabajo.

En esa versión, el sistema tributario de las rentas producidas por el trabajo pretendía reconocer la deducción de gastos como los intereses hipotecarios, educativos, escolares de los hijos, etc. Sin embargo, todas esos esfuerzos para reconocer la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes quedó descartada, para que luego el Proyecto final fuera archivado definitivamente.

Se abre ahora un nuevo escenario político para reformar la forma de tributación de las personas físicas en Costa Rica, tanto para gravar sus rentas del trabajo, de su capital y la generada por la enajenación de sus bienes o sus incrementos patrimoniales.

Un diseño tributario óptimo es una de las cuestiones más controversiales en el ámbito de la política económica de un país. La mayoría de los análisis llegan a una conclusión que no por ser consensuada deja de ser polémica: “el mejor impuesto sobre la renta sería aquel que no grava el capital.”

El argumento que justifica tal afirmación es que la imposición sobre el capital origina importantes distorsiones en las decisiones de ahorro y consumo y dificulta el crecimiento de la inversión privada. La menor imposición, según esta perspectiva, debería afectar no solo al conjunto de la riqueza y los rendimientos que genera sino también a las ganancias de capital, que tendrían que estar gravadas a tarifas inferiores a los de las rentas del trabajo.

Lo anterior va más desde la perspectiva de la igualdad, pues no es lo mismo gravar el trabajo que el capital. Un punto de vista ideologizado podría pretender señalar que el capital debería tributar a una mayor tarifa impositiva o sumarse a las demás rentas del trabajo para determinar una única base imponible sobre la cual aplicar una única tarifa.

No obstante, esa decisión traería consecuencias importantes al desarrollo económico del país, pues finalmente, no hay forma de crecer más sanamente que con el incremento de inversión privada, para lo cual, el capital que una persona ahorra es una importante fuente de obtención, el círculo virtuoso ideal.

Ciertamente, para la mayoría de los ciudadanos, el capital es el ahorro que su trabajo finalmente produce, y establecer una tarifa general y alta para gravar el ahorro podría desincentivar ese fenómeno tan positivo para nuestra sociedad.

En ese contexto, espero que el nuevo Proyecto que se presentará realice un adecuado y profundo análisis de cómo queremos diseñar nuestro sistema de imposición sobre las rentas producidas o generadas por las personas físicas, el cual, esperemos también retome el derecho de los contribuyentes a la deducción de ciertos gastos reales y necesarios, como serían las cargas familiares, para que la capacidad contributiva sea también parte de nuestro sistema tributario y no solo se busque, como siempre nos dicen, salvarnos del abismo a los que otros nos han llevado.