A propósito de la conveniencia o no de una Asamblea Nacional Constituyente

A propósito de la conveniencia o no de una Asamblea Nacional Constituyente

No muchos temas generan las pasiones, los debates y las expectativas, como la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En el ámbito personal, en el comunal, en el familiar, en los centros de trabajo u organizaciones sociales o económicas, en los sectores de la producción, de las organizaciones gremiales y laborales y todos los demás, es necesario estar informados sobre los contenidos, temas y sus justificaciones, que se estimen necesarios reformar en la Constitución, para que el país encuentre mejores derroteros en el presente y su futuro.

Nuestra Carta Política, que data del 7 de noviembre de 1949, fue elaborada en 183 sesiones entre el 15 de enero y el 7 de noviembre de aquel año. Sin embargo, sabemos que el texto base actual proviene de la antigua Constitución de 1871. Esto demuestra la extensa vida que ha tenido nuestra actual Constitución y que es muestra sobrada de su resistencia y consistencia; pero que también surgió al calor de otra realidad social y política, muy distinta a la que hoy vivimos.

La Carta Magna ya soporta 60 reformas a 93 artículos. Contamos además con una gran cantidad de proyectos de reforma presentados a la Asamblea Legislativa y con 11 proyectos para una convocatoria para tales efectos.

Cuando hablamos de elaborar y poner en vigencia una nueva Carta Magna, debemos tener presente que estamos ante la más alta y trascendental normativa de un país, la que establece la organización básica de la sociedad costarricense, del poder y su distribución, de sus habitantes y sus derechos; así como aquellos temas fundamentales para su desarrollo. Y es precisamente por ello, que no podemos escatimar esfuerzos en analizar a profundidad los diversos temas, pues concurrimos a uno de los aspectos más importantes de los que pueda ocuparse una sociedad o país.

Este análisis no lo haríamos al calor de un proceso revolucionario lleno de muertes y balas, ni siquiera derivado de un golpe de Estado incruento, sino con la tranquilidad que nos da una democracia estable como la nuestra. Muy pocos países podemos darnos tal lujo y presumir de tal posibilidad. Solo remitámonos a nuestra historia patria para constatar que casi todas las Constituciones provienen de la suplantación violenta o no, de los titulares del poder político.

Sea esta la ocasión para abonar a la pertinencia del tema, en lo que cabe, la oportuna y valiente gestión que para el remozamiento de nuestra Carta Política, ha efectuado la honorable Sala Constitucional costarricense. Con la sapiencia de todos los que han sido y son sus magistrados, el país encontró un notable desarrollo en el ejercicio y apego de la constitucionalidad por parte de los gobernantes, así como de nuestros habitantes. Su esfuerzo y su producción deben entusiasmar y potencializar esta discusión.

No desconocemos que el país atraviesa una aguda crisis fiscal, presupuestaria y económica, en medio también de un cuadro político-electoral muy diverso y complejo, con demandas crecientes en todos los órdenes, y un Estado cada vez más limitado para atender o satisfacer necesidades fundamentales del interés público. Quizás es en momentos críticos como los actuales, cuando en democracia, podamos recurrir mejor a nuestras reservas morales y políticas, para examinar con un poco de objetividad, tan trascendental temática y el rumbo general que debe tomar nuestra amada Costa Rica. Esta lo merece y lo necesita. El examen de lo que somos, de lo que tenemos y lo que requerimos para seguir el camino costarricense al desarrollo, bien vale la pena.

Los problemas nacionales no se solucionarán con una nueva Constitución porque existen diversas normas y leyes de menor rango que deben reformarse con el fin de brindar una mayor gobernabilidad y representatividad en la toma de decisiones del país. Sin embargo, estoy consciente de que se requieren algunos cambios sustanciales en nuestra Carta Magna, sobre todo en la migración hacia un sistema político parlamentario (por ejemplo), de cara a los retos que el entorno actual nos impone.