¿Son intocables las universidades públicas?

Los académicos, más que nadie, deben entender el problema fiscal del país y aportar soluciones

¿Son intocables las universidades públicas?

El compromiso del Estado costarricense con el financiamiento de las universidades públicas está plasmado en el artículo 85 de la Constitución Política. Además, la norma constitucional establece que este mantendrá un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal (FEES).

Ante el oscuro panorama fiscal que enfrenta el país, se han planteado una serie de propuestas para reducir el inflado presupuesto para 2015 que presentó el Poder Ejecutivo, el cual como está formulado aumentó un 19% en relación con el de este año.

Las entidades calificadoras y financieras internacionales han advertido que el desequilibrio fiscal puede llevar al país a una severa crisis económica, y en este contexto, las instituciones gubernamentales, incluyendo las universidades públicas, deben ser austeras y maximizar la eficiencia de sus gastos.

No obstante, pareciera que las autoridades universitarias y los propios estudiantes, se creen inmunes o intocables ante el problema fiscal. ¿Por qué?

Por supuesto que no se trata de afectar negativamente la educación superior, principal vehículo de movilidad social, sino de debatir y analizar tanto la gestión administrativa y académica de las universidades, como la calidad del gasto en esas entidades.

Las universidades tienen que rendir cuentas a los costarricenses, ya que somos nosotros los que pagamos, de nuestros bolsillos, sus gastos. Deben asumir un compromiso con la calidad y eficiencia.

Apoyados por el Presidente de la República y el Presidente del Congreso, que increíblemente parecieran promover la “bochinchecracia”, el pasado 7 de octubre hubo una marcha de estudiantes y académicos para reclamar contra recortes en el presupuesto de las “intocables” universidades.

En la marcha se presentaron insultos, pancartas con amenazas, caos vial, actitudes vulgares, y todo, como siempre con estos grupos, dentro de un marco de marcada intransigencia. Pero esta negativa de las universidades a ayudar con el problema fiscal carece de razón.

El gobierno, por razones que se desconocen, accedió a aumentar el FEES en 2015 en ¢51.000 millones más que el de 2014. Se trata de un monto 14% superior y dos veces más que la inflación nacional. En relación con el PIB, el FEES ha aumentado de un 0,87% en 2004 a un 1,28% en 2013…

Con tanto dinero fluyendo a las universidades públicas desde los bolsillos de los costarricenses, ¿ha mejorado en la misma proporción la educación superior? ¿Por qué los estudiantes no cuestionan a las autoridades académicas sobre la calidad del gasto?

¿En qué gastan tanta plata? Las universidades alegan que los recortes afectarían el sistema de becas, pero esto es muy curioso.

¿Por qué no dirigen los recortes contra los miles de millones que se gastan en viajes? ¿Por qué no recortan los numerosos salarios de cinco, seis y más millones de colones al mes?

Los académicos, más que nadie, deben entender el problema fiscal del país y aportar soluciones. Paradójicamente, lo que ofrecen son marchas, bloqueos viales y oposición irracional.

David Gutiérrez

davgutswa@gmail.com