Logo La República

Lunes, 18 de marzo de 2024



NACIONALES


Solís, cauteloso ante adhesión a Alianza del Pacífico

Luis Fernando Cascante lcascante@larepublica.net | Lunes 03 marzo, 2014


Revisar condiciones arancelarias y migratorias que podrían modificar los tratados con países de la Alianza del Pacífico es una prioridad para Luis Guillermo Solís, candidato del PAC. Esteban Monge/La República


“Se podría afectar negativamente a sectores de la economía”, dice Luis Guillermo Solís

Solís, cauteloso ante adhesión a Alianza del Pacífico

No pretende modificar reglas en Zonas Francas, afirma candidato del PAC

Revisar condiciones de desgravación arancelaria y disposiciones migratorias que podrían afectar a algunos sectores de la economía nacional es una de las prioridades para Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, de cara a una eventual adhesión a la Alianza del Pacífico.
Solís reconoce la importancia de añadirse a este bloque regional conformado por Colombia, México, Chile y Perú.
El candidato del PAC se acompañó de su mano derecha en temas económicos y fiscales, Helio Fallas, quien es candidato a vicepresidente de la República.
Sobre déficit fiscal, comercio exterior, producción interna e inversión extranjera, habló el candidato del PAC, quien pretendió atar cabos sueltos y a la vez desmentir que tiene menos autoridad moral que Johnny Araya, como así lo afirmó el candidato liberacionista.


¿Es arriesgado esperar dos años para implementar una reforma fiscal?
Durante los últimos 15 años se ha intentado todo tipo de reformas, que han incluido planes de contingencia fiscal, comisiones mixtas y reformas en puestos específicos; en ningún caso se han aprobado medidas eficaces para reducir significativamente el déficit fiscal. El contribuyente se negaba a pagar, porque no tenía la confianza de cómo el Estado gastaba el dinero de sus impuestos.
A mi juicio, la manera que corresponde para darle vuelta al debate, es garantizándole confianza al contribuyente, luego se le rendirían cuentas. En ejercicios anteriores se logró detectar gastos superfluos que superaban los ¢50 mil millones, es decir, dos trochas y un poco más.

Usted también buscaría aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, de Cultura y también mencionó la creación de un consejo de Turismo, ¿esto no le restaría credibilidad a su propuesta de reducir el gasto, de cara a una reforma fiscal?
Ninguno de los consejos consultivos tiene algún costo. Los incrementos en los presupuestos de los ministerios se dará cuando haya recursos; no hay fecha. Es un proceso. Ya con los instrumentos de Hacienda se hizo una recaudación en 2012 y se recobró un punto del PIB. Con esto se puede repetir esta situación.

¿Cómo recaudar mejor?
Evaluar el sistema de aduanas, mayores controles al contrabando. Todavía esto no es cuantificable.
Estamos pensando en un control cruzado entre instituciones del Estado y Hacienda. Cuando una institución como Recope hace un contrato con una empresa privada. Se hace control cruzado con lo que las empresas presentan a Hacienda para renta y los contratos ya firmados. Actualmente ese control no se hace, esto podría generar una cantidad muy grande. Hay una estimación de evasión y elusión, que corresponde a un 5,8% del PIB, es decir, el déficit fiscal.

Una tercera parte del presupuesto nacional se pagará en salarios al sector público. ¿Apoyarían una nueva ley de empleo público para eliminar pluses salariales?
Claro, pero no puede hacerse solo por una ley. Primero, el diálogo. Los sectores empresariales están reclamando al Estado respeto absoluto sobre la seguridad jurídica. Lo haremos, pero, ¿seguridad jurídica son los contratos de concesiones, pero no son los derechos adquiridos por los trabajadores en una convención colectiva?
¡Las convenciones colectivas con cláusulas abusivas las negociaron ellos! Hay que buscar una racionalización de las categorías salariales, pero esto requiere una negociación para que los nuevos empleados del Estado entren con nuevas condiciones, más homogéneas. Esto no se puede hacer en un solo acto, a no ser que se quiera meter al país en una situación permanente de conflicto social.

La Iglesia católica recibe ayudas del Estado y privilegios fiscales que no tienen otros credos religiosos. ¿En tiempos de déficit fiscal se tomaría en cuenta modificar esto?
No conozco el dato. Lo que hemos dicho es que haremos revisión exhaustiva de exoneraciones. Hay alrededor de 150 exoneraciones que ni se conocen. Probablemente entraría esto de las propiedades, pero es algo que hay que revisar bien.

Johnny Araya dijo que usted tiene menos autoridad moral que él para hablar de crisis fiscal, ¿qué opina?
¡Yo estaba en Cancillería! Yo estaba involucrado en la paz de Centroamérica y el equipo exterior. El debate hay que colocarlo en la viabilidad de las propuestas y no en la autoridad moral. A mí me sorprende que don Johnny diga esto y a la vez nombre a dos de las principales figuras que son responsables de la política fiscal de los últimos gobiernos.

¿Qué acciones en concreto tomarán para reducir la brecha entre el sector público y sector privado?
Las diferencias salariales son resultados de esas negociaciones en el pasado, la forma como se van a ir equiparando los regímenes salariales tiene que ver con esas negociaciones distintas que van a permitir que se vayan homologando. No es rápido, para desmontar lo que se ha hecho en los últimos 40 años se requiere una negociación cuidadosa. Esa condición a la que llegamos hoy es producto de un acumulado histórico. Por otro lado, las anualidades no son derechos adquiridos. Esto se da a partir de evaluaciones que deben hacer los jerarcas. Tienen que ser llamados a ejercer con responsabilidad, cosa que no está sucediendo ahora.

¿Qué promoverían en el sector privado para mejorar las condiciones de 1,7 millones de trabajadores?
La legislación es la que está y no vamos a buscar esas condiciones. La legislación da suficiente para garantizarle sus derechos al trabajador. Lo que hay que hacer es cumplirla.

¿Entonces el problema no está en la legislación sino en la aplicación?
Claro. Si se cumpliera con el pago del salario mínimo, un 30% de la gente en pobreza saldría de esa condición.

En una entrevista usted mencionó la importancia de la adhesión a la Alianza del Pacífico, pero luego de la reunión con los industriales se mostró más receloso. ¿Cuál es su posición?
La nueva frontera es la cuenca del Pacífico, y para ingresar y competir en ella con éxito se deben construir entendimientos hemisféricos: Costa Rica no puede hacerlo sola, porque es muy pequeña y los intereses en el Pacífico son muy grandes. Si va acompañada de otros países puede tener mejores oportunidades. Ahora, hay una serie de detalles respecto a las condiciones de adhesión a esa alianza que yo desconocía. Nos hemos enterado de que estas condiciones podrían afectar de forma muy negativa a un sector de la economía.

¿Cuáles son esas condiciones que podrían afectar?
Sin desmerecer la importancia de esa alianza como concepto geopolítico, necesitamos mirar esas condiciones de desgravación, disposiciones migratorias y algunos términos de esa adhesión que afectan a los tratados ya suscritos entre Costa Rica y miembros de esa alianza que tenemos que resolver.

¿Buscan cambiar las reglas de juego en la gravación de Zonas Francas?
No se va a modificar esa ley, no es nuestro propósito. Se respetará totalmente la seguridad jurídica. Más bien queremos mantener el esfuerzo de atracción de inversión extranjera directa, que vengan más empresas de alta tecnología, y que mejoradas las condiciones en lugares de desempleo se ubiquen en lugares como Puntarenas, Limón y Guanacaste.

¿Falta diversificar la oferta laboral, más allá del turismo, en las provincias costeras?
Sí, pero no solamente eso. Los casos de cada una de las provincias son distintos. Los modelos que se suponía iban a ser exitosos no generaron encadenamientos, como lo fue la expansión del turismo en Guanacaste. Fueron zonas de enclave que no tuvieron suficiente enganche con el desarrollo de la zona.
Puntarenas cuenta con una Zona Franca que tenía varias empresas generando trabajo; de un momento a otro las condiciones resultaron insuficientes para mantener a esas empresas y hoy solo queda una o dos. En Puntarenas norte hay un problema de competitividad y en Puntarenas sur, las actividades agropecuarias de palma y piña han sido insuficientes para generar suficiente trabajo.
En Limón, las actividades tradicionales ofrecen un trabajo mal remunerado, hay un tema de infraestructura y puertos que requieren un impulso mayor, tanto APM como el puerto nacional.

En ese sentido, ¿ustedes respaldarán el muelle de APM Terminals?
Nosotros vamos a respetar el tratado ya refrendado, tiene que hacerse cumplir y se tienen que garantizar condiciones adecuadas al muelle nacional para competir en condiciones adecuadas en actividades que puedan generar oportunidades de mejores servicios para los exportadores nacionales.

¿Cómo garantizar los encadenamientos en las Zonas Francas sin condicionar la inversión?
Brindando estímulos a las empresas para iniciar el negocio como tal, también para que tengan a mano sectores de apoyo como investigación y desarrollo, crédito accesible, población que hable inglés. La empresa Azofras nos ofreció apoyo para implantar una metodología distinta a la que se aplica acá, para enseñarles mucho más rápido inglés a las personas.

Algún sector de la crítica dice que el PAC es proteccionista con ciertos sectores productivos, ¿cómo conseguir un balance?
La magia de la economía es precisamente buscar equilibrios. No puede ser que uno vea la economía como un juego donde unos ganan y otros pierden a costa de los que ganaron.
Yo le apostaría también a la educación para el consumidor. El hecho de que tengamos producción nacional del frijol que pueda ser producida en condiciones de equidad y justicia, y que los consumidores puedan comprar un poco más cara esa cosecha que la que se importa más barata, eso lo veo perfectamente viable, es lo que se hace en Europa.
Es comercio justo, es garantizarle al consumidor que en Costa Rica no se utilizan agroquímicos, o que los productos vienen de fincas certificadas que están pagando el salario mínimo o en condiciones ambientales óptimas.

Por otro lado, el quintil más pobre de la población gasta casi un 10% de sus recursos en la compra del arroz, ¿cómo mejorar la productividad sin castigar el bolsillo de los más pobres?
Esto es un proceso que implica mayor acompañamiento tecnológico, más investigación en cómo aumentar la productividad del sector arrocero. Hay que aumentar la competitividad del sector.

Conarroz admite que el 80% de la producción está en manos de un grupo que representa el 20%...
Habría que cambiar eso, pero hay un montón de pequeños productores, la gran producción no está allí, pero el impacto social sí es muy grande, por la gran dispersión que tienen alrededor de todo el país.
Yo hablo de tecnología porque los sectores requieren irrigación, que es una de las cosas que no tienen hoy y podrían cambiar significativamente el costo del arroz.

Finalmente, ¿por qué es mejor la propuesta económica del PAC que la del PLN?
La principal ventaja de nuestra propuesta es que reactivará el mercado interno, y con ello vamos a darle más potencia y altura al modelo productivo nacional. Con la propuesta del PLN continuará el país funcionando con un solo motor, la nuestra enciende el segundo motor. Vamos a darle impulso al mercado interno, reactivando las actividades agropecuarias, integrándonos más a los mercados regionales y promoviendo las pequeñas y medianas empresas, ojalá con un aprobado proyecto del Banco de Desarrollo, en un marco de rendición de cuentas y transparencia.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net
@La_Republica







© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.