Únicamente un 1,16% del subsidio total, se reparte entre los 379 pequeños agricultores nacionales

Sentí asco, no quiero decirlo en bonito

Aunque el proteccionismo sobre el arroz, ha marcado precedentes en el país a nivel de distribución del ingreso, pobreza, competitividad, comercio exterior, gestión de políticas públicas; lo cierto es que pocos conocen los hechos y las implicaciones de esta intervención.
Ricardo Monge, estimó que en Costa Rica el costo de consumir arroz nacional frente al importado, es de aproximadamente $190,4 millones al año. Los industriales se quedan con el 69% del monto estimado del subsidio, es decir, con $130,8 millones y los productores con $59,6 millones.
De la porción de los industriales, $35,5 millones son para una sola empresa industrial, la más grande por supuesto, $82,3 millones para los cinco industriales que le siguen en tamaño y $13 millones para el resto de industriales.
A los productores les aplica la misma filosofía de distribución, cuanto más pequeño el agricultor, más pequeño su pedazo del pastel. Los 191 productores grandes reciben en promedio $240.575 al año a raíz de este subsidio; los 549 productores medianos reciben $25.389 y ¿adivinen qué?: cada pequeño agricultor ve únicamente $5.804, unos $484 por mes, es decir, únicamente un 1,16% del subsidio total, se reparte entre los 379 pequeños agricultores nacionales.
Según estudio de 2013 del IICE de la UCR, el 48% del consumo nacional de arroz lo realizan los hogares ubicados en los dos quintiles más pobres. Son estos quienes más contribuyen al subsidio del arroz en favor de productores e industriales. La política arrocera, es a todas luces regresiva.
La duplicación del arancel es de nuevo una estrategia para proteger más que al productor arrocero, a los industriales de la actividad. Unos pocos industriales tienen 12 años importando arroz sin tener que pagar arancel y como el faltante para abastecer la demanda nacional es de un 40%, estos industriales compran arroz extranjero a un precio bajo y lo venden en el mercado nacional de acuerdo a la fijación de precios. Por si ya este beneficio fuera poco, en contra de todo principio de libre comercio, el MEIC cedió ante la presión de los afiliados a Conarroz, para deshacerse de la competencia del importador que sí tenía que pagar el arancel, pero que aun así ganaba al venderlo al precio de la producción local. Esa es, para mí, la verdadera motivación del aumento del arancel.
Con el paso de fijación de precios a precio de referencia, entre el industrial y el productor, máxime el pequeño, ¿adivinen quién tiene mayor poder de negociación? Los márgenes de ganancia establecidos en el pasado por el Estado vía control de precios hablan por sí solos, desproporcionada entre los grandes y apenas decente entre los pequeños. Una muestra más de a quién se protege realmente. No veo cómo esta medida mejoraría esta distribución.
Respecto a la leve disminución del precio del arroz que se comercializa en el país, me parece muy barato el premio de consolación y, lo peor, que al final del camino esa disminución, de nuevo, la terminarán pagando los que tengan el menor poder de negociación.
Si se compromete la estabilidad de la actividad local, no dudo que de nuevo los más perjudicados serán esos 379 pequeños productores y trabajadores formales e informales y empresarios pequeños que participan de la cadena productiva y que ganan unos pocos miles de colones mensuales producto de la actividad. Desafortunadamente, este argumento no alcanza para justificar que los más pobres de nuestra sociedad, estén subsidiando a grandes industriales.

Alejandra Esquivel G

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