Silvia Castro Montero

Silvia Castro Montero

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Lunes 7 Abril, 2014

El ente regulador insiste en que las universidades inviertan en la infraestructura y recursos requeridos para impartir estas costosas carreras antes de autorizarlas


Problemas en la producción de ingenieros

Hace un par de años asistí a una reunión en Casa Presidencial, en la que se presentaron varios ministros del gabinete, personeros de CINDE, el INA y representantes de las universidades principales del país.
El objetivo era escuchar la explicación de la importancia de graduar a más científicos, ingenieros y tecnólogos, como si la carencia de especialistas en estos campos se debiera a la falta de conocimiento de las universidades sobre la importancia que esta fuerza laboral reviste para el desarrollo económico nacional.
Parece ser que los pocos minutos que nos otorgaron para explicarles a los gobernantes los problemas estructurales que enfrentamos las universidades en torno al cumplimiento de este objetivo no fueron suficientes para informar la opinión de la señora Presidenta, quien siguió quejándose en sus discursos de la ausencia de profesionales en estas ramas.
Asumamos por un instante que hubiera suficientes graduados de colegios, interesados en matricular carreras ingenieriles y tecnológicas, que no los hay, y que estos alumnos tuvieran las capacidades matemáticas y analíticas requeridas para enfrentar, con éxito, los requerimientos intelectuales de este tipo de carreras universitarias. ¿Cómo atenderían los sectores universitarios públicos y privados esta demanda?
El sector universitario público enfrenta una creciente presión social por admitir más alumnos en sus aulas, utilizando los presupuestos que actualmente recibe.
También se le exige abrir más cupos en las carreras ingenieriles y científicas, que son las más intensivas en recursos financieros, por la infraestructura, mobiliario, equipos, materiales didácticos y recurso humano que requieren para impartirse; no cuesta igual educar a un filósofo que a un ingeniero de materiales.
Para enfrentar esta demanda, tendrían que redireccionar recursos de otras disciplinas, obligando a las universidades a reducir o eliminar programas y plazas, lo que generaría una contienda con los sindicatos y un cuestionamiento de fondo sobre los propósitos de la educación universitaria.
A todo esto, resulta políticamente inconveniente solicitar más recursos financieros al Estado, por ser, las universidades públicas, instituciones que siguen sin rendir cuentas por los fondos que actualmente reciben, y por no haber demostrado la capacidad de graduar al número de profesionales que el mercado laboral requiere en el tiempo establecido por las mismas instituciones. Al día de hoy, nadie sabe cuánto le cuesta realmente al Estado formar a cada graduado de esas universidades.
En el sector privado, el reto es otro. El tramitar una carrera para aprobación ante CONESUP sigue tardando aproximadamente dos años, en gestiones meramente burocráticas que no aportan valor a la calidad de los programas académicos que se presentan.
Por otra parte, el ente regulador insiste en que las universidades inviertan en la infraestructura y recursos requeridos para impartir estas costosas carreras antes de autorizarlas, una situación de alta inseguridad jurídica y de inviabilidad financiera.

Silvia Castro
Rectora de ULACIT