Politiquería

TROTANDO MUNDOS

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Dos queridos parientes Rodolfo Coto Pacheco y Rubén Pacheco Lutz siendo exitosos en sus quehaceres privados, aceptaron dejarlos de lado para ir al Gobierno a ayudar a un tercer primo, el Presidente Abel Pacheco.

El primero fue denunciado por permitir, al principio de su gestión, una práctica que se seguía desde hacía 20 años: usar los fondos de OIRSA para financiar necesidades del Ministerio de Agricultura. Los Tribunales de Justicia lo eximieron de responsabilidad y fue el mismo Ministro Coto quien finalmente puso fin a esa práctica.

Al segundo el sindicato lo injurió, atribuyéndole tráfico de influencias durante su gestión como Presidente del ICT en relación con una empresa suya. Tras una investigación y un proceso judicial que el mismo Rubén inicio, quedó claro que no había cometido ninguna falta.

En el primero caso, la fiscalía descartó cualquier mala conducta y puso pronto fin a cualquier especulación. Pese a ello una extemporánea “comisión investigadora” legislativa cinco años tarde viene a recomendar sanciones, únicamente para distraer la atención de la gran cantidad de irregularidades de algunos de los miembros de un Congreso en el que no brilla exactamente la integridad.

En el segundo, las manifestaciones calumniosas dieron como resultado que el Tribunal condenara al sindicalista Albino Vargas a humillarse, teniendo que expresar pública disculpa por una acusación falsa.

No nos arrepentimos de nuestra decisión, en 1970, de no aceptarle a nuestro querido amigo Gonzalo Facio, cuando apenas comenzábamos nuestra carrera de abogados, el Viceministerio de Relaciones Exteriores. Bien enojado se puso don Chalo, pero luego comprendió que no teníamos pasta de político. Esa decisión se extendió a no aceptar ningún cargo público, aunque siempre nos hemos sentido honrados cuando se nos ha permitido colaborar con el país desde la llanura, fuere cual fuera el partido de turno en el poder.

José María Figueres regresó al país, como había ofrecido en diciembre pasado, y se sometió a uno de esos juicios de la Asamblea Legislativa en los que solo falta levantar carpa y vender granizados. Los miembros del PAC lo tuvieron de audiencia cautiva sin poder producir evidencia convincente. Ante eso cabe preguntarse sí no va siendo hora de que se le reconozcan a José María sus derechos constitucionales que, como a todo costarricense, le reputan inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un tribunal? Nos parece que a estas alturas seguirlo persiguiendo tiene un fin político, no jurídico ni ético.

A pesar de que cada vez que hablamos de la inoperancia de los diputados para producir una ley de tránsito que sirva, se nos viene encima un energúmeno, insistimos que una vez más el Congreso improvisa cambios inconvenientes a lo que había legislado hace poco. El efecto “pobrecitico” hace que se tenga a los ofensores por encima de las víctimas, a pesar de que las estadísticas demuestran que con las multas altas hubo menos muertos en las carreteras (suponemos que no importa).

Esto es particularmente pernicioso en el caso de los conductores borrachos, a quienes nunca se les debió bajar ni las multas ni las sanciones. No merecen consideración alguna.

Humberto Pacheco

vikocr@racsa.co.cr