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No serán sancionados ni separados de sus cargos, pese a incurrir en faltas éticas
Laura acuerpa a Liberman y Garnier

Emitir cartas de recomendación a favor de firma Procesos, es considerado como acto de buena fe

A pesar de haber incurrido en faltas éticas al firmar cartas de recomendación a favor de la empresa Procesos, Luis Liberman, vicepresidente de la República, y Leonardo Garnier, ministro de Educación, no serán sancionados, ni separados de sus cargos.
La presidenta Laura Chinchilla concluyó que ambos funcionarios “actuaron de buena fe” y no merecen ser amonestados.
En contraposición a la recomendación de tomar medidas correctivas, hecha por la Procuraduría de la Etica.
La actual administración minimizó el informe de esa instancia y le echó la culpa al régimen actual, el cual calificó como confuso, pues no queda claro cuándo una carta es de recomendación y cuándo es de acreditación de experiencia.
“Actuaron de buena fe, no hubo de por medio dolo, no estamos ante una violación grave. No amerita el inicio de una etapa posterior, solo hay que revisar las directrices en esta materia”, explicó Francisco Chacón, ministro de Comunicación.
La Procuraduría determinó ayer que Liberman y Garnier incurrieron en una falta ética, al firmar cartas de recomendación.
Tomando en cuenta, que tanto las directrices de la Contraloría General como las del Poder Ejecutivo impiden a los empleados públicos interceder para que un tercero obtenga un contrato.
“Las cartas no hacían referencia a la experiencia que tenía Procesos, sino que eran de recomendación para que la consultora ganara la contratación que abrió la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), y esas están prohibidas por ley; como consecuencia se violentaron principios éticos”, explicó Gilberth Calderón, procurador de la Etica.
En esa misma falta incurrieron Amparo Pacheco, directora de Asignaciones Familiares, y Gladys González, asesora del Ministerio de Educación, quienes también recomendaron a Procesos, firma de Florisabel Rodríguez, exasesora de Chinchilla y esposa de Fernando Herrero, exministro de Hacienda.
En el informe, la Procuraduría recomendó a la gobernante tomar medidas correctivas. Acciones que podían ir desde emitir una sanción, girar una suspensión, hasta separar a los funcionarios.
Junto a las cartas emitidas por esos cuatro funcionarios, la Procuraduría también analizó, una quinta firmada por Adrián Chinchilla, hermano de la Presidenta.
Sin embargo, como no ejerce ningún cargo público, lo excluyó del informe, el cual es confidencial.
Al cierre de esta edición, tanto Liberman como Garnier no quisieron referirse al tema, aduciendo desconocer el resultado integral de la investigación.
La Procuraduría de la Etica inició el estudio, tras una denuncia presentada por Walter Céspedes, diputado del Partido Unidad Social Cristiana.
Todavía falta que la Contraloría concluya su investigación y defina si la contratación efectuada por Recope se realizó a derecho o no.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público debe establecer la existencia de posibles delitos penales.
El contrato que se investiga se dio en agosto de 2011, cuando la firma Procesos obtuvo una contratación en Recope por ¢18 millones, para dar asesorías a la junta directiva de esta institución sobre la modernización de la refinería de Limón.

Natasha Cambronero
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