Gasto de campaña se iría por las nubes
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 27 agosto, 2012
Deuda política aumentará un 149% en comparación con 2010
Gasto de campaña se iría por las nubes
Dinero alcanzaría para contratar más de 9 mil policías o entregar 7 mil bonos de vivienda
Los gastos de campaña de los partidos políticos para 2014, aumentarán un 149% en relación con los últimos comicios, si no se pacta un recorte.
Aunque en principio la inversión autorizada en la deuda política es legal, bajo el contexto actual de déficit fiscal —4,5% de la producción—, resulta cuestionable cuando el gobierno carece del dinero.
El aumento tan significativo de la contribución estatal a los partidos políticos —que al final es pagada por todos los contribuyentes—, sería como financiar una fiesta con una tarjeta de crédito, sin importar que ya el jefe familiar está endeudado.
En las elecciones en que Laura Chinchilla se convirtió en la primera presidenta de la República, se autorizó a los partidos a gastar ¢17 mil millones, monto que surge del 0,19% del PIB del año trasanterior a la fecha en que se realizan las votaciones.
Cuatro años después la deuda política presupuestada por el Tribunal Supremo de Elecciones asciende a ¢42 mil millones; es decir, un 149% más.
En términos reales, también se da un aumento significativo.
Si restáramos la inflación en el cálculo de la deuda política entre 2010 y 2014, entonces se determina un alza del 129%.
Con esos ¢42 mil millones —unos $80 millones—, se podrían hacer muchas cosas.
Por ejemplo, construir siete veces un nuevo puente al lado del de la platina o ampliar a cuatro carriles la ruta entre Cañas y Liberia.
Asimismo, alcanzaría para entregar más de 7 mil bonos de vivienda de interés social o contratar un poco más de 9 mil policías por un año con todo y aguinaldo.
Incluso, con la totalidad del dinero se podría construir un nuevo Estadio Nacional, similar al que donó la República Popular China al país por establecer relaciones diplomáticas.
Por otra parte, si por la víspera se saca el día, los partidos políticos cobrarían la totalidad de la deuda a la que están autorizados.
Tradicionalmente, las agrupaciones al liquidar sus gastos de campaña, presentan más facturas de la cuenta, con el objeto de no perder un solo colón.
Por ejemplo, para el proceso electoral de 2010 presentaron liquidaciones por encima de los ¢19 mil millones, a pesar de que solo tenían derecho a repartirse ¢17 mil millones entre ocho partidos.
De esta forma, se garantizan la posibilidad de pagar la mayor cantidad de deudas acumuladas durante la campaña, asumidas en rubros como transporte, publicidad y signos externos, entre otros gastos.
La retribución económica solo cubre a los partidos que logren más del 4% de los votos válidos para presidente de la República, o a quienes logren al menos un diputado.
El mantenimiento de la democracia es uno de los gastos más importantes que debe hacer el Estado cada cuatro años, pero esto no quiere decir que bote la casa por la ventana sin temer las consecuencias.
En el pasado los mismos partidos trataron de poner un freno al gasto excesivo.
Para los comicios de 2002 y 2010, los diputados limitaron la contribución estatal, debido a los problemas económicos del Estado.
Esto se lograría mediante la aprobación de un transitorio a la Constitución Política, acuerdo que requiere el concurso de una amplia mayoría del Congreso, pues se necesitan 38 votos para que sea una realidad.
En ese sentido, el PAC ya tomó la delantera, pues ha presentado una iniciativa que establece un tope máximo de 0,11% del PIB, lo que significaría bajarla a unos ¢24 mil millones.
Para lograrlo el tiempo es oro. La ley no establece claramente cuándo es la fecha límite para hacer algún cambio en ese sentido, pero esto no podría ser más allá de octubre del próximo año, cuando se convoque oficialmente a nuevos comicios.
Pero si la víspera se saca el día, el trámite de un proyecto de ley para reducir la deuda, puede demorar año y medio entre su paso por la comisión respectiva y el Plenario.
La comisión de reformas electorales del Congreso ya fue conformada por los diputados, pero por el momento no trabaja regularmente, debido a que las prioridades del Gobierno han sido otras hasta el momento.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Gasto de campaña se iría por las nubes
Dinero alcanzaría para contratar más de 9 mil policías o entregar 7 mil bonos de vivienda
Aunque en principio la inversión autorizada en la deuda política es legal, bajo el contexto actual de déficit fiscal —4,5% de la producción—, resulta cuestionable cuando el gobierno carece del dinero.
El aumento tan significativo de la contribución estatal a los partidos políticos —que al final es pagada por todos los contribuyentes—, sería como financiar una fiesta con una tarjeta de crédito, sin importar que ya el jefe familiar está endeudado.
En las elecciones en que Laura Chinchilla se convirtió en la primera presidenta de la República, se autorizó a los partidos a gastar ¢17 mil millones, monto que surge del 0,19% del PIB del año trasanterior a la fecha en que se realizan las votaciones.Cuatro años después la deuda política presupuestada por el Tribunal Supremo de Elecciones asciende a ¢42 mil millones; es decir, un 149% más.
En términos reales, también se da un aumento significativo.
Si restáramos la inflación en el cálculo de la deuda política entre 2010 y 2014, entonces se determina un alza del 129%.
Con esos ¢42 mil millones —unos $80 millones—, se podrían hacer muchas cosas.
Por ejemplo, construir siete veces un nuevo puente al lado del de la platina o ampliar a cuatro carriles la ruta entre Cañas y Liberia.
Asimismo, alcanzaría para entregar más de 7 mil bonos de vivienda de interés social o contratar un poco más de 9 mil policías por un año con todo y aguinaldo.
Incluso, con la totalidad del dinero se podría construir un nuevo Estadio Nacional, similar al que donó la República Popular China al país por establecer relaciones diplomáticas.
Por otra parte, si por la víspera se saca el día, los partidos políticos cobrarían la totalidad de la deuda a la que están autorizados.
Tradicionalmente, las agrupaciones al liquidar sus gastos de campaña, presentan más facturas de la cuenta, con el objeto de no perder un solo colón.
Por ejemplo, para el proceso electoral de 2010 presentaron liquidaciones por encima de los ¢19 mil millones, a pesar de que solo tenían derecho a repartirse ¢17 mil millones entre ocho partidos.
De esta forma, se garantizan la posibilidad de pagar la mayor cantidad de deudas acumuladas durante la campaña, asumidas en rubros como transporte, publicidad y signos externos, entre otros gastos.
La retribución económica solo cubre a los partidos que logren más del 4% de los votos válidos para presidente de la República, o a quienes logren al menos un diputado.
El mantenimiento de la democracia es uno de los gastos más importantes que debe hacer el Estado cada cuatro años, pero esto no quiere decir que bote la casa por la ventana sin temer las consecuencias.
En el pasado los mismos partidos trataron de poner un freno al gasto excesivo.
Para los comicios de 2002 y 2010, los diputados limitaron la contribución estatal, debido a los problemas económicos del Estado.
Esto se lograría mediante la aprobación de un transitorio a la Constitución Política, acuerdo que requiere el concurso de una amplia mayoría del Congreso, pues se necesitan 38 votos para que sea una realidad.
En ese sentido, el PAC ya tomó la delantera, pues ha presentado una iniciativa que establece un tope máximo de 0,11% del PIB, lo que significaría bajarla a unos ¢24 mil millones.
Para lograrlo el tiempo es oro. La ley no establece claramente cuándo es la fecha límite para hacer algún cambio en ese sentido, pero esto no podría ser más allá de octubre del próximo año, cuando se convoque oficialmente a nuevos comicios.
Pero si la víspera se saca el día, el trámite de un proyecto de ley para reducir la deuda, puede demorar año y medio entre su paso por la comisión respectiva y el Plenario.
La comisión de reformas electorales del Congreso ya fue conformada por los diputados, pero por el momento no trabaja regularmente, debido a que las prioridades del Gobierno han sido otras hasta el momento.
earrieta@larepublica.net