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Análisis Editorial

Aumentar impuestos no es urgente

El gasto es el problema

Gobierno entrante enfrentará bomba de tiempo

El déficit fiscal costarricense es básicamente un problema de gasto excesivo por parte del Gobierno.
Esto a pesar de paquetes fiscales, discusiones técnicas, filibusterismos, evasiones, y corrupción.
Hoy el gasto oficial supera el 20% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en 2007 apenas llegaba al 14%.
En ese lapso, los ingresos del Estado han crecido proporcionalmente con la economía, y se han mantenido estables entre el 12% y el 14% de la producción.
Todos los ministros que han pasado por Hacienda han coincidido en que el gasto público, casi en un 95%, tiene tres disparadores principales: salarios, pensiones, e intereses con los que es difícil lidiar de forma inmediata. ¿Pero, qué se está haciendo a largo plazo? Ninguno ha pasado del discurso a tomar medidas serias para garantizar el equilibrio fiscal.
En lo que se refiere a la solución, pasa más por la voluntad política y la disciplina impuesta desde el Poder Ejecutivo, que por grandes diálogos nacionales y consensos legislativos.
El próximo Gobierno deberá enfrentar la grave situación fiscal que atraviesa el país. Aunque el problema es técnicamente económico su solución pasa por escenarios políticos y específicamente por el Poder Ejecutivo.
A pesar de que existe un consenso sobre las medidas que hay que tomar, nadie ha estado dispuesto a asumir el costo político y social de implementarlas.

¿Cuán grave es la situación?
Hoy, a las puertas de una nueva administración, el déficit fiscal prácticamente equivale al 6% de la producción nacional, el más alto en al menos dos décadas. Ante esta realidad sobran los “expertos”, analistas y políticos que nuevamente califican la situación de “insostenible” y advierten que de no cambiar la tendencia, nuestro país avanza aceleradamente hacia la quiebra.
Otro aspecto que preocupa es la composición de ese gasto. Menos del 2% ha sido para la inversión en infraestructura o algún otro tipo de obra pública.
Desde hace 12 años escuchamos sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal.
En julio de 2002 varios expertos y líderes políticos declararon que la situación fiscal era crítica y que el déficit amenazaba con llegar al 4% del PIB en diciembre de ese año.
Uno de los que más presionaron para atender inmediatamente esta situación fue Humberto Arce, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana.
Como respuesta a esta urgencia e incumpliendo una promesa de campaña, Abel Pacheco —entonces presidente—, presentó en enero de 2003 su Plan de Reforma Fiscal, el primero de tres “paquetes” de leyes fiscales que han fracasado en igual número de administraciones presidenciales.

¿Causas?
Es cierto que el déficit fiscal tiene varias causas.
Por el lado del ingreso, algunos apuntan a una baja tasa impositiva, una mala recaudación, la evasión y la elusión fiscal.
Mientras que, en lo referente a los gastos, existen muchos excesivos, crecientes e innecesarios, sumados a la corrupción. Los últimos tres gobiernos han tratado de atacar esta multiplicidad de factores con reformas fiscales absolutas.
Al fracasar todas estas iniciativas, el gasto sigue en aumento, mientras que se ha renunciado a atacar el elemento más crítico del tema y la situación fiscal del país se vuelve compleja.

¿Responsables?
Las últimas dos administraciones han sido desastrosas a la hora de controlar el gasto público.
El gasto en salarios y pensiones superó el 15% del PIB al cierre del año anterior, mientras que en 2007 era de cinco puntos menos.
Además, el Plan Escudo que la administración Arias implementó en 2008 fue el disparador de una cadena de gastos y compromisos que por ser permanentes y no temporales han tenido un enorme impacto en las finanzas públicas desde entonces.
Estas son pruebas de que durante los gobiernos neoliberales —a juicio de sus detractores—, el tamaño del Estado ha aumentado significativamente.
Los diputados también son responsables directos.
Durante los últimos tres años, se han aprobado más de 60 leyes que generan gastos al Estado sin que se especifique de dónde van a provenir esos recursos.
Esta irresponsabilidad legislativa fomentada por un sistema que no obliga a los diputados a buscarles contenido económico a sus propuestas dentro del presupuesto nacional cataliza el gasto por parte del Gobierno.

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Mauricio López
[email protected]
@La_Republica

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