Falta de dinero impide a Caja y Gobierno asumirlos

Ebais en riesgo de orfandad

Únicas con capacidad económica son cooperativas de salud

El centro de salud de la Caja que le atiende en su comunidad puede ser uno de varios casos en los que cambia de manos, por falta de dinero.
En este momento, existen tres alternativas, y la única que parece viable es ceder la administración a una cooperativa de salud u otra figura privada similar.
Esto debido a que el Estado ni siquiera se ha puesto al día con las deudas que adquirió en 1997, cuando se trasladaron todos los programas de atención primaria de salud, a la Caja.

Se trata de más de mil centros de salud, que enfrentan el mismo problema, la falta de dinero.
Tener los Ebais (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) en operación tiene un costo de ¢330 millones.
Quien asuma la responsabilidad, debe lograr una operación superavitaria, situación que no pudo lograr la UCR por ejemplo, que administró 45 Ebais para la Caja.
Antes de terminar el año, la junta directiva de la institución debe resolver el origen del presupuesto, situación imposible dentro del sector público bajo las reglas actuales.
Debido a esta limitación, en la mesa están tres posibilidades: dejar los Ebais en manos de la Caja —aunque no tenga el dinero—, devolver la responsabilidad al Estado —que está moroso con la institución—, o ceder su administración a figuras privadas como las cooperativas de salud.
De todas, la última es la única que en este momento parecería viable.
La Caja ha concesionado 185 centros a terceros, siendo Unibe la última en asumir la administración de estas unidades de salud.
La mejora en los servicios ha sido uno de los resultados positivos, en la experiencia de ceder la administración del Ebais a una empresa privada.
También, reduce el costo de planillas para la Caja, y de mantenimiento de las instalaciones, que son asumidos por esos terceros.
Sin embargo, genera desconfianza ceder un aspecto vital en la atención de la salud pública, al sector privado, explicó Luis Chavarría, secretario de la Unión Nacional de Empleados de la Caja.
Además, siempre existirá un costo para la Caja, que debería pagar una tarifa a cambio de que esas empresas privadas administren los Ebais cedidos.
Tan solo a Unibe, le pagarán más de ¢4 mil millones al año, por administrar 45 unidades de salud.
En tanto, la Caja tampoco tiene el dinero suficiente para invertir en los Ebais.
Como prueba, el otro año debe inaugurar 50 Ebais, obligación que conoce desde 2009.
En este momento, debe 18 y desde principio de este año la Contraloría advirtió la incapacidad de cumplimiento.
Aunque este año la institución cerrará en números positivos, a lo interno reconocen el peso económico que implica administrar los Ebais.
Es por esa razón, persiguiendo la sostenibilidad financiera, que les resultaría de provecho ceder esta unidad al Estado, como lo han propuesto.
Bajo la propuesta que manejan, los impulsores consideran que la Caja continuaría siendo el rector de los servicios.

“La Caja mantiene el control sobre los servicios que se van a brindar, las cooperativas, al igual que la UCR contratan el personal, comprar el equipo y el mantenimiento de la infraestructura”, aseguró María Eugenia Villalta, gerente médica de la Caja.
Sin embargo, esta alternativa tiene varios problemas.
Si el Estado ha sido incapaz de ponerse al día con las deudas que mantiene con la Caja, resulta incongruente suponer que tendrá capacidad presupuestaria para cubrir nuevos gastos.
Para muestra, durante los próximos cinco años, el Estado debe pagar unos ¢248 mil millones que debe desde 1994, cuando traspasó la responsabilidad de los Ebais del Ministerio de Salud, a la Caja.
Esta deuda la pagaría con un préstamo que negocia con el Banco Mundial, pero que está aún en proceso.
“Hemos negociado con el Ministerio de Hacienda los pagos pendientes y se han calendarizado las cancelaciones, la más fuerte tendrá que hacerse a través de un préstamo, pues el Estado no tiene ese dinero”, indicó Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja.
Además, deberá pagar otros ¢132 mil millones hasta 2017, debido al atraso en las cuotas obrero-patronales y el pago del servicio de atención a indigentes.
Para cumplir con la obligación, existe el compromiso de pago de ¢25 mil millones al año por parte del Ministerio de Hacienda.
Los servicios de atención primaria se han convertido en el hijo que nadie quiere, pues antes de 1997 era el Ministerio el encargado de las unidades sanitarias para pacientes en las comunidades; sin embargo, la aprobación de la Ley 5349 de la universalización de la salud, ordenó trasladar a la Caja todos los servicios.
El traspaso de muchos de los servicios que antes hacían las unidades sanitarias del Ministerio de Salud hizo la carga de la institución más pesada.
Pero, desde 1997, los programas que incluyen actividades de atención directa a las personas, incluyendo los servicios de apoyo clínico como laboratorio y farmacia, la consulta de prenatal, post-natal, planificación familiar, crecimiento, desarrollo, y morbilidad, fueron transferidos a la Caja.
Se hizo la separación de funciones y la Caja asumió la ejecución de todas las actividades de atención directa a las personas.
El Ministerio transfirió a la institución, desde principios de 1995, los programas de atención primaria, inmunizaciones, cáncer, tuberculosis, dermatología sanitaria.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net