Lo que no pudo o a lo que no dio prioridad Laura Chinchilla fue a erradicar corrupción. Pero tampoco lo hicieron gobiernos anteriores a pesar del daño que eso le ocasiona al país

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Combatir la corrupción… ¿cuándo?… ¿cómo?

La mayoría de costarricenses considera que uno de nuestros principales problemas es la corrupción, de acuerdo con la última encuesta de CID Gallup.
Esto le ha pasado una cara factura a la popularidad de la presidenta Laura Chinchilla. La población no ha visto durante su gobierno la mano fuerte que esperaba quizás esperanzada por el lema de campaña de “firme y honesta”.
Aunque esto sea así, la realidad es que lo que no pudo o a lo que no dio prioridad Chinchilla fue a erradicar corrupción. Pero tampoco lo hicieron gobiernos anteriores a pesar del daño inconmensurable que eso al país le ocasiona.
La corrupción se lleva a cabo por diferentes vías y de distintos modos. Pero en muchos casos, aquellos actos denunciados en los que las supuestas sustracciones de dinero público han sido por montos muy elevados, además de significarle pérdida al erario público, han paralizado en muchas ocasiones, obras que son urgentes.
Y a la corrupción se sumó la ineficiencia.
Lo prueban los problemas que aún siguen agobiando a los habitantes. Hablábamos en este espacio hace seis años sobre los problemas por los huecos en las calles, las deficiencias en infraestructura de puertos, aeropuertos y puentes, el faltante de agua a futuro en algunas zonas, la contaminación del agua por mal manejo de desechos, entre muchos otros.
Otro ejemplo, señalábamos también en 2007 que un estudio llevado a cabo por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, reveló que el 21% de las obras en construcción inspeccionadas en aquel momento en seis comunidades de Puntarenas, no contaba con los correspondientes permisos municipales, según lo había informado LA REPÚBLICA. ¿Qué se hizo en aquel momento?
Decíamos también hace seis años, que la situación de la mayoría de los puentes del país requería acciones inmediatas para evitar peligros por no haber recibido mantenimiento y porque estaban al final del promedio de su vida útil.
La ministra de Obras Públicas y Transportes de aquel momento, culpó al exceso de burocracia, a la migración de personal calificado del ministerio —no sabemos hacia dónde y por qué— y a la dificultad para realizar expropiaciones, por el fracaso de su gestión en materia de infraestructura ya que solo el 27% de las obras que prometió construir el gobierno estaba en marcha.
Lo curioso de dicha excusa es que era el mismo gobierno el que debió encargarse entonces de solucionar esos problemas.
El actual tampoco lo hizo.
Ahora los candidatos a las elecciones tienen la palabra, pero deberán decir qué serán capaces de hacer, con qué recursos, en cuánto tiempo y venciendo cuáles obstáculos.