Alberto Cañas

Enviar
Sábado 31 Marzo, 2012


CHISPORROTEOS

Tiene razón mi amigo Johnny Echeverría, cuando me saca de un error que cometí. Efectivamente la carretera a Guápiles la comenzó el gobierno de Daniel Oduber, pero el que la concluyó fue el de Rodrigo Carazo. Lamentablemente la época y condiciones en que le tocó a Carazo gobernar, lo convirtieron en el presidente más incomprendido de nuestra historia.
Precisamente don Johnny, en el admirable libro que escribió sobre el papel de Costa Rica, y del gobierno de Carazo y de él mismo como Ministro de Seguridad en la caída de la dinastía Somoza, reveló muchas cosas y muchos malentendidos, y ese libro debería ser de lectura obligatoria para el costarricense interesado en conocer los pormenores, entretelones y recovecos de una época difícil.
Ojalá todos los ciudadanos a quienes les toque desempeñar un papel fuerte en una circunstancia difícil, siguieran ese ejemplo, porque así el país conocería su historia casi en el momento en que ocurre. Así ocurre en los países desarrollados. Muchas gracias don Johnny, aunque sean tardías.
Ese proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria no viene al caso. Prolongar la inmunidad hasta hacerla vitalicia, es un error desde cualquier ángulo que se mire, excepto uno que no es esdrújulo.
El proyecto de que hablo haría prácticamente imposibles los juicios a que han sido sometidos los expresidentes Calderón y Rodríguez. ¿Habrá otro similar de camino que se quiere detener?
La inmunidad se consignó en la Constitución como una manera de permitir a los dignatarios trabajar en paz sin verse expuestos a toda clase de acusaciones y demandas judiciales que les impedirían trabajar. La ley era y sigue siendo que solo se levante la inmunidad cuando la causa que enfrenta el dignatario es verosímil, aunque no sea grave como algunas que andan por ahí cuyo destinatario, así fuera por vergüenza, no debió firmar el proyecto que se presentó.
Si desaparece la inmunidad, en Costa Rica (donde litigar es un deporte), inmediatamente se verían todos: presidente, ministros, diputados magistrados, acusados y demandados por las más peregrinas razones y descuidando sus deberes para atender demandas. Pero si el proyecto de marras pasa, hasta los pleitos más lógicos podrían detenerse si el que fue funcionario consigue que en la Asamblea Legislativa se atasque (cosa facilísima), el levantamiento de su
inmunidad. Hay derechos que tiene el que ES, pero que no tiene el que HA SIDO. Esto es elemental.
Ahora bien, el disparate que está cometiendo la Asamblea, al declarar secreta la investigación sobre una de las muchas causas que enfrenta el diputado Angulo, es un disparate. Si la demanda es pública y cualquiera puede conocerla, la Asamblea no tiene por qué tramitar en secreto el levantamiento de inmunidad. Las cosas deben hacerse a la luz del día, y resolverse a la luz del día. La Constitución dice claramente que los secretos de Estado son la única materia confidencial y secreta.

Alberto F. Cañas