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Los costarricenses no resisten ya el desperdicio de recursos en intentos de remediar los problemas de la falta de planificación y de regulación adecuadas

Basta de improvisar

A golpes de improvisación y ocurrencias es como ha venido avanzando el desarrollo de Costa Rica, como sabemos. Esto ahora nos pasa la factura en diversos aspectos. Uno de ellos, la normativa sobre bienes inmuebles que amenaza no solo a los pequeños agricultores sino a otras personas también.
Cuando se decidió impulsar el turismo y atraer inversión extranjera directa para que, sumada a la de nuestros empresarios nacionales diera una opción de crecimiento económico al país, nada se hizo para planificar y regular el uso de la tierra y tampoco para que nuestra ley puntualizara la obligación de los ciudadanos de revalorar sus propiedades cada determinado periodo.
Así se produjo ese desarrollo, en forma desordenada. Las municipalidades no diseñaron planes para definir el uso de la tierra por zonas, ni plantearon legislación adecuada para obtener recursos provenientes de los impuestos de acuerdo con el valor de la tierra generado por la actividad sobre ella. Los gobiernos centrales tampoco hicieron nada adecuado y oportuno al respecto.
Luego, cuando hubo que corregir los problemas originados en la improvisación, como suele ocurrir, se buscó, de nuevo, la ley del menor esfuerzo.
Se contrató entonces una consultoría mediante préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo ($65 millones) y contrapartida nacional ($27 millones) que debemos pagar los contribuyentes, y cuyo resultado se podría resumir en la creación de una plataforma de valores por zonas homogéneas.
Esa fórmula, que probablemente puede funcionar en países donde el uso de la tierra está bien definido y regulado, no sirve para la Costa Rica que los gobiernos han intentado desarrollar sin planificar, en donde a la par de un campesino que cultiva para subsistencia puede haber un hotel con otra lógica rentabilidad o un residencial de lujo.
El problema realmente es que cada periodo que se avanza improvisando pasa luego una carísima factura a los costarricenses porque los “remiendos” que se deben hacer a los errores cometidos muchas veces constituyen nuevos errores. Pero todo hay que pagarlo con dinero de los contribuyentes que debería ser utilizado para otras necesidades de la población.
Los costarricenses y la economía nacional no resisten ya ese desperdicio de recursos utilizados en vanos intentos de remediar lo que solo podrá acabar cuando cesen las improvisaciones que responden a intereses particulares, coyunturales.



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