34 diputados reclaman “persecución” contra Miguel Ángel Rodríguez
Archivo/La República
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Por medio de una carta 34 diputados del PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario e incluso uno del Frente Amplio y dos del PAC, se pronunciaron en contra de las acciones del Ministerio Público, para volver a enjuiciar al expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Los diputados manifiestan su preocupación porque la fiscalía insiste en perseguir al exmandatario, a pesar de “dos sentencias absolutorias unánimes” del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

“Es claro que no puede haber libertad personal, ni respeto a la dignidad humana, sino se establecen límites a la actividad punitiva del Estado. Del mismo modo, si no hay justicia pronta y cumplida, ni seguridad jurídica, se ven afectados los principios democráticos y el Estado de Derecho y se violan los derechos fundamentales. De ahí, que no se puede mantener a una persona acusada ante los tribunales permanentemente e indefinidamente”, indica la carta.

El documento es firmado por Carlos Hernández del Frente Amplio y Víctor Morales y Franklin Corella del PAC, entre otros legisladores.

El 3 de febrero el Ministerio Público presentó un recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria a favor de Rodríguez, al considerar que fue “incorrecto” e “infundamentado”, el declarar como ilegal el testimonio de José Antonio Lobo en el caso ICE – Alcatel.

En el recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, la fiscalía cuestionó la absolución “por duda” que recibió el expresidente, en un documento de más de 140 páginas.

Entre sus alegatos, el Ministerio de Público pide reconsiderar el caso porque no se aceptó el criterio de oportunidad ofrecido a Lobo, para que en su posición privilegiada como exdirectivo del ICE, testificara en contra de los acusados a cambio de ser absuelto.

El objetivo de la Fiscalía es que se anule la resolución que favoreció a Rodríguez, y que se mantenga la sentencia condenatoria ordenada por el Tribunal de Juicio que declaró culpables a los imputados en abril del 2012, o bien, que en su defecto, se reenvíe al Tribunal de Apelación para que otra conformación de jueces conozca los recursos formulados.



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