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24 de agosto: Día Internacional de los Parques Nacionales

Catalina Crespo redaccion@larepublica.net | Martes 24 agosto, 2021

Catalina

24 de agosto: Día Internacional de los Parques Nacionales

¡Es urgente una acción país que garantice en forma efectiva y oportuna la protección de las áreas silvestres protegidas de nuestro país!


Catalina Crespo Sancho

Defensora de los Habitantes de la República

El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales, ocasión oportuna para subrayar, la necesidad de acciones urgentes para la preservación de las áreas silvestres protegidas, dado su papel primordial en la preservación de la biodiversidad terrestre y marina.

Fue con la promulgación de la Ley de Biodiversidad No. 7788, que Costa Rica profundizó su ruta en la elaboración e implementación de un sistema de gestión y coordinación institucional con el fin de alcanzar la sostenibilidad ambiental en el uso y manejo de los recursos naturales; todo lo anterior a cargo de una estructura administrativa con múltiples instancias lideradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) junto con el apoyo de gobiernos locales, sociedad civil organizada, entre otros.

Además, no podemos olvidar que Costa Rica desde el 2015 asumió el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales establecen metas en conservación, establecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos, zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional.

Es por ello que, si bien el país cuenta con un total de superficie protegida a nivel nacional de 2,7 millones de hectáreas, correspondiente a un 25,5% en la zona terrestre y a un 2,63% en la zona marino costera, existan aún retos por alcanzar en esta materia, con el agravante de situaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y por lo tanto, representan un deterioro en la calidad ambiental de nuestro entorno con evidente impacto en la calidad de vida de quienes habitamos este planeta. A continuación, se detallan algunos de esos desafíos y amenazas que, en marco de un efectivo y pleno disfrute de nuestros derechos humanos, debemos poner sobre la mesa.

Ya en el año 2019 la Contraloría General de la República en el informe No. DFOE-AE-IF-00005-2019 publicado el pasado 3 de junio de dicho año, hizo ver la crisis existente en las áreas silvestres protegidas, al investigar la débil gestión relativa a proyectos de infraestructura física en las mismas, además de un escaso avance en la elaboración y actualización de planes generales de manejo. Asimismo, identificó que el SINAC no cuenta con un mecanismo para identificar necesidades que requieren la intervención de infraestructura física y seleccionar las alternativas de solución para solventarlas, entre otros aspectos.

En el presente año tuvimos conocimiento del llamado efectuado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), máximo órgano colegiado del SINAC, instancia que emitiera un comunicado informando a la ciudadanía el no poder proteger adecuadamente el patrimonio natural del país debido a drásticos recortes presupuestarios, viéndose imposibilitadas las diferentes áreas de conservación para cumplir con sus labores y por lo tanto, viéndose afectados las y los habitantes a partir de la desprotección del patrimonio natural del país, haciéndose un llamado a definir soluciones por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Asimismo, los medios han informado como Costa Rica está atrasada en la meta de lograr la protección del 30% de sus áreas naturales para el año 2030, lo cual había sido definido desde la Cumbre sobre Cambio Climático de setiembre del 2019, como una medida necesaria con el propósito de detener el cambio climático y la extinción de especies de flora y fauna. En este tema los avances del país son mínimos especialmente tratándose de la protección de nuestro mar patrimonial, de ahí que la ampliación de las áreas protegidas marinas se ha visto limitada, sin aprovecharse esta coyuntura para regular de una mejor manera el uso sostenible de los recursos de los mares, a partir de un modelo de gestión sostenible, eco sistémico, basado en criterios técnicos y participativos. La omisión en una intervención oportuna y responsable en la materia ha generado un gran impacto negativo en los pobladores de las zonas costeras, originando niveles de pobreza incluso extrema y desempleo.

Otro tema por advertir, son los estudios e informes en el campo de la ciencia y la climatología, que subrayan como las áreas silvestres protegidas cada vez están siendo más afectadas por eventos climáticos extremos, siendo en parte efecto del cambio climático. Lo anterior con el agravante de que las inundaciones y deslizamientos que se producen tienen gran impacto sobre la calidad de vida de la población, provocando daños materiales y pérdida de vidas humanas en nuestro país. De ahí la necesidad de que las autoridades nacionales y locales garanticen un adecuado y oportuno control y regulación de las zonas de riesgos por inundaciones existentes en el país, a partir de una adecuada planificación del territorio; es inaceptable que nuestros cantones carezcan de un plan regulador o si lo tienen, esté totalmente desactualizado, las debilidades en la gobernanza nacional y local no pueden continuar.

No podemos perder la perspectiva de que, al hablar de conservación de los recursos naturales, debemos de analizar el papel que las áreas silvestres protegidas pueden desempeñar en la promoción del desarrollo de las comunidades, así como la generación de empleo a partir de la incorporación de herramientas de conservación como, por ejemplo, el pago de servicios ambientales y promoción de sistemas agroforestales. Es preciso enfatizar que, muchas de las áreas silvestres protegidas en nuestro país se ubican en zonas geográficas rurales y litorales con inequidades sociales, culturales y económicas, con un mayor impacto entre los grupos vulnerables como las mujeres, niñas y niños y las personas en situación de extrema pobreza, entre otros, ahí la importancia de poder implementar opciones para su desarrollo bajo criterios ambientales de sostenibilidad.

Si bien, todas y todos disfrutamos de los beneficios evidentes que los recursos naturales nos ofrecen, tales como el suministro de agua potable para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la investigación científica, todos posibles a partir de la protección y conservación de las áreas silvestres protegidas; en el país se deben impulsar mayores iniciativas, tales como la promovida por el MINAE-SINAC y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el sentido de fortalecer las capacidades en las áreas silvestres protegidas para alcanzar un desarrollo local participativo y estimular la recuperación económica; se trata de promover mayores alianzas público-privadas.

El contacto de las personas con su entorno natural a partir de la promoción del ecoturismo define el desarrollo de una serie de servicios y actividades conocidas como no esenciales (alojamiento, la venta de alimentos, transporte, el entretenimiento, tienda, servicios sanitarios, administración, construcción de senderos entre otros), que representan una oportunidad de trabajo/actividad económica para el desarrollo de las comunidades, mejorándose su calidad de vida, a partir de lo que es legal y ambientalmente factible.

Sin salud ambiental, es irrisible pretender salud humana, salud pública. Es por ello que, ante el reciente informe de agosto 2021, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climático (IPCC) donde alertan sobre los preocupantes cambios en el sistema climático mundial y sus causas, enfatizando en la responsabilidad del ser humano en estos lamentables resultados, llama la atención, preocupa y se deben activar alarmas ante la discusión legislativa de iniciativas para la reactivación de la pesca de camarón de arrastre, la continuación de la minería a cielo abierto con utilización del cianuro, entre otras, actividades económicas que han mostrado devastadores impactos socio ambientales.

Es por ello que, toda acción gubernamental, legislativa, del sector privado, comunitaria o de otros actores, debe promover y garantizar la protección de nuestra riqueza natural, teniendo la certeza de ser la única forma de dar una respuesta responsable ante la crisis existente, es la única manera de poder y querer ser parte del cambio que como seres humanos debemos dar, en garantía de calidad en este gran ecosistema llamado Planeta Tierra.





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