Iris Zamora

Iris Zamora

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Sábado 7 Enero, 2017

Si nuestros agricultores tienen serios problemas para obtener ganancias que les permitan vivir dignamente, ¿les van a sumar más presión a los costos de producción?

¿Qué será lo que les estorba?…

La Ley de recurso hídrico vigente desde los años 40 ha recibido fuertes ataques en los últimos tiempos. ¿Quién promueve con tanta fiereza su derogación? ¿Cuáles son los argumentos técnicos para pretender cambiarla, por adefesios jurídicos, que parecieran tienen otros propósitos que no son la “modernización del sector”?
No dudo de las buenas intenciones de algunas y algunos que han venido levantando la bandera de una nueva ley de aguas. ¿Por qué habría de dudar de ellos, si algunos andan con la camiseta “ambientalista” bien puesta, otros parecen ser honestos defensores de su cuidado y protección? ¿Entonces? ¿Quiénes son tan poderosos, para intervenir en un país que ha venido regulando técnicamente, el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, desde hace 75 años?
Una ojeada rápida… La última intentona de golpe contra la Ley de Aguas vigente, fue aprobada en primer debate, en la Asamblea Legislativa en marzo de 2014, declarada inconstitucional por la Sala, e intentada revivir en la Asamblea Legislativa en el actual periodo.
Era una ley que entraba a la corriente legislativa vía “iniciativa popular”, aun cuando algunas de las personas que firmaron dicen haber desconocido el texto… además fue modificado en Comisión. Entre los atentados a la ley vigente se pretendía eliminar que el agua es un bien social, para convertirla en un bien económico, argumentando que como se cobra por su distribución, había que cambiar la letra del texto vigente. Aparentemente una ingenua modificación, que sin embargo alteraba ideológicamente la concepción del recurso. Además eliminaba que el acceso al agua en “calidad y cantidad suficiente”, fuese “un derecho humano”.


Los proyectos presentados por iniciativa popular tienen un tiempo inapelable para su aprobación, de dos años. El tiempo expiró hace tres años, aun así continúa en la corriente legislativa en “el orden del día”. Insisto, ¿quiénes son tan poderosos para querer forzar la aprobación de una nueva ley, y por qué?
No pudieron derogarla, pero era obvio que la arremetida iba a continuar. El diputado Juan Marín con la firma de 42 diputados, convence al Ejecutivo que convoque a sesiones extraordinarias, un nuevo texto, esta vez bajo el expediente 20.212.
De la lectura rápida de los 132 artículos y nueve transitorios, se desprenden nuevas dudas que afectan a más de 300 mil agricultores. Ellos deberán crear las llamadas “sociedades de usuarios” para que les otorguen una concesión, además de pagar un canon a la Dirección Nacional de Aguas del MINAE.
¿Y quién fijara las tarifas? ¿Una oficina evidentemente política como sería la DINA (nombre de ingrato recuerdos en el Chile de Pinochet)? ¿No es acaso, que la fijación de tarifas de los servicios públicos le corresponde por Ley a ARESEP?… ¿Fue consultado el regulador general? ¿Conoce este proyecto?
¿Cuál es el costo, no solo en tramitología, sino económicamente, de constituir “sociedades de usuarios” con estructura de sociedades anónimas? Si nuestros agricultores tienen serios problemas para obtener ganancias que les permitan vivir dignamente, ¿les van a sumar más presión a los costos de producción? ¿Y los que no puedan constituir las “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario”, no tendrán derecho a la concesión y uso del agua para producir? ¡¿Y no es que el agua es un derecho humano?!
¿Fue consultada esta “nueva ley” al sector agrícola? ¿Qué dice la Cámara de Agricultores? ¿Qué opina Upa Nacional? ¿Están de acuerdo con esta nueva legislación?
¿Consultaron los 42 diputados proponentes, al ICE, a la CNFL, a las cooperativas eléctricas, o empresarios privados que producen electricidad, ya que ellos también deberán pagar por el agua concesionada, y por el “aprovechamiento de las fuerzas derivadas del agua” (electricidad)?
¿Mantendrá SENARA potestades sobre los acuíferos subterráneos, siendo un ente altamente técnico, o se le eliminan esas potestades?
¿Los 42 diputados y diputadas que firmaron el expediente 20.212, conocen las consecuencias derivadas de este proyecto de Ley que impulsan?
¿Por qué estorba tanto la Ley de Aguas vigente? ¿A quién o quiénes les estorba?