Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Jueves 6 Abril, 2017

¿Es conveniente desarmar a la seguridad privada?

La seguridad ciudadana es un tema de suma importancia para la convivencia pacífica de las personas. Hace un tiempo, fue un enunciado de campañas políticas y de inversión de recursos públicos. Llegó a salirse de las manos de los gobernantes de aquel tiempo y los ciudadanos se encontraron en franca indefensión ante el aumento de grupos antisociales que arrebataban una vida a cambio de un celular o una bicicleta.
Con el tiempo, la seguridad ciudadana mejoró, aunque no al nivel deseado; sin embargo, debo advertir que me preocupa en demasía una reciente decisión del Ejecutivo plasmada en el Acuerdo 2016-132-MSP, con respecto al manejo de armas. Esta decisión indica, entre otras cosas, que las armas de fuego, calificadas como permitidas y utilizadas por la seguridad privada, solo podrán ser utilizadas en las modalidades de custodia y transporte de valores, custodia y transporte de mercancías y protección de personas, es decir, guardaespaldas.
Esta determinación se tomó como consecuencia del robo de armas de fuego, del que estaban siendo objeto algunos elementos de seguridad privada. Aun cuando comprendo la gravedad de esta situación, no se puede tomar una medida de este tipo, haciendo caso omiso de las consecuencias negativas.
Se pretende que, al desarmar la seguridad privada, la delincuencia no adquiera armas a partir del robo a agentes privados; lo que se ignora completamente, es que la delincuencia se sirve de gran manera de armas ilegales, en el mercado negro, situación que se continuará dando aun con la medida del Ejecutivo. Esta decisión afectará a los ciudadanos que visitan centros comerciales, cines y en general lugares públicos, porque aun cuando se cuente con agentes de seguridad, estos estarán desarmados; lo que significará una total indefensión, no solo de las personas que transitan, sino del mismo agente destacado para la seguridad del sitio.
La medida del Ejecutivo pretende, que si un agente requiere un arma, pase por el análisis de un experto que permita el uso de esta arma. Si de verdad comprendemos que las agencias de seguridad tienen varias personas contratadas y a su vez, tienen varios contratos de seguridad con distintas empresas que requieren el servicio, vemos que la decisión del gobierno, por un lado, es sumamente engorrosa y por otro lado, no resuelve el enorme problema de adquisición de armas de manera ilegal de grupos organizados.
Las medidas para poseer armas deben existir. No pretendo afirmar que cualquier persona está en la capacidad física y mental para portarlas. También apoyo que exista una regulación para determinar cuáles armas deben circular y cuáles deben ser restringidas por su alto calibre. Sin embargo, considero que la regulación existente es suficiente, lo que se requiere es la adecuada supervisión.
Debemos tener claro que el hampa está armada y que el problema de la delincuencia organizada no se disminuye con poner trabas a las personas que, voluntariamente, se acercan a solicitar permisos para poseer armas, incluidas las agencias de seguridad. Quienes deseen delinquir adquirirán armamento de otras maneras; sin embargo, los agentes no tendrán cómo defender a los transeúntes en centros comerciales, por ejemplo, con esta decisión del Ejecutivo; y por lo tanto, prácticamente poco importará que exista o no seguridad privada.
El Ejecutivo debería exigir orden a las empresas de seguridad privada con sus agentes, pero las medidas no pueden ser el privarlos de sus herramientas para ejercer su labor.