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Costa Rica dio un paso firme en sus intenciones de eliminar el trabajo forzoso, al elaborar un decreto que busca identificar bienes asociados con esta condición, de acuerdo con la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham).
Los empresarios esperan que el decreto sea valorado favorablemente por las autoridades estadounidenses y, de esta forma, se convierta en una herramienta para alcanzar condiciones arancelarias más competitivas.
La idea es que el gobierno de los Estados Unidos reduzca los impuestos que pagan las exportaciones costarricenses de 12,5 % al 10 %.
Y es que, según AmCham, el decreto es una prueba del compromiso de Costa Rica con las buenas prácticas internacionales y representa una señal positiva dentro de las conversaciones que mantienen las autoridades de ambos países.
“Costa Rica y Estados Unidos han construido una relación comercial estratégica, basada en la confianza, los intereses y los valores compartidos. Este decreto es un paso oportuno que suma a los esfuerzos del país por impulsar condiciones más favorables para nuestras exportaciones, con beneficios para la competitividad, la inversión y el empleo”, dijo Ed Sanchez, presidente de AmCham.
Para determinar cuáles mercancías incorporará la lista, el Gobierno podrá emplear investigaciones de organismos internacionales, autoridades de otros países, organismos especializados y resoluciones administrativas o judiciales, entre otras fuentes técnicas.
A inicios de junio, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) incluyó a Costa Rica en una lista de países que no evita el trabajo forzoso. Como castigo, estableció el pago de un impuesto de 12,5 % para todas las exportaciones.
La medida anunciada por las autoridades estadounidenses incluye también a otras 59 economías, como México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, República Dominicana y la Unión Europea.
En total, las naciones citadas por el USTR representan el 99 % de las importaciones de bienes que realiza Estados Unidos.
Desde entonces, el Gobierno trabaja para defender los intereses de Costa Rica ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
El Ministerio aclaró que esto no significa que los productos de Costa Rica vayan a pagar más de un 20 % de aranceles para ingresar a Estados Unidos, ya que la eventual sanción sustituiría los aranceles del 10 % vigentes bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
“El Ministerio dará seguimiento cercano a la siguiente fase del proceso y coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública”, indicó Comex.
Por otra parte, la aplicación del decreto bajo criterios técnicos, transparentes y previsibles permitirá cumplir los objetivos de la medida, considerando al mismo tiempo la dinámica del comercio internacional y la competitividad del sector productivo. Para AmCham, este equilibrio es fundamental para consolidar una relación comercial mutuamente beneficiosa con Estados Unidos y generar mayores oportunidades de crecimiento e inversión para el país.
AmCham mantendrá una comunicación cercana con las autoridades competentes y reitera su disposición de colaborar en las acciones vinculadas con la implementación del decreto, con el propósito de aportar la perspectiva del sector empresarial y promover condiciones de certeza y seguridad para las empresas.
