Zonas Francas: actividades autorizadas y sectores estratégicos

Las empresas de zona franca en Costa Rica son entidades a las cuales el gobierno de Costa Rica les brinda diversos incentivos y beneficios, principalmente de índole tributario. El objetivo de promover de esto es incrementar la inversión en el país, la creación de empleo y fomentar el desarrollo económico del país.

La cantidad de empresas operando en el régimen ha experimentado un crecimiento significativo, impactando positivamente la economía costarricense. Según el estudio Balance de Zonas Francas de Costa Rica realizado por Procomer, se evidencia que las zonas francas tuvieron una contribución absoluta de $10.145 millones en el año 2022, lo que representa un 15% del Producto Interno Bruto (PIB).

Existen diferentes categorías de empresas bajo el régimen, siendo las más comunes las empresas de servicios, que representan más del 50% de las empresas que operan en Zonas Francas. Dentro de los requerimientos que deben cumplir estas, se encuentra el Índice de Elegibilidad Estratégica para empresas de servicios (IEES), que entre otras cosas requiere que las empresas realicen actividades que se encuentren en la lista de sectores estratégicos, donde se detallan los servicios que pueden desarrollarse en el régimen.

Además, solo aquellas actividades que se encuentran autorizadas por Procomer pueden gozar de las exenciones dadas por en la normativa, y deberán contar con el personal calificado para realizarlas.

Pese a que son las mismas empresas las que definen los servicios que van a ofrecer y describen detalladamente en la solicitud de ingreso como brindarán ese servicio, en el día a día solo se utiliza como referencia la descripción del sector estratégico, que es una clasificación general, y dejan de lado el detalle de los servicios que fueron autorizados para brindarse.

Esto hace que las empresas caigan en el error de ofrecer o brindar un servicio, que se encuentran dentro de esa descripción general, pero en el detalle de servicios a prestar no fue incorporado. Un ejemplo sería una empresa que desarrolle actividades del CAECR 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina: Tesorería, compras, contabilidad, finanzas y recursos humanos, incluyendo la búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal (incluso ejecutivo), administración y gestión de planillas, entrenamiento, capacitación, y en general desarrollo de nuevas habilidades, técnicas o en idiomas, bajo la modalidad de servicios compartidos”.

Si bien la empresa utiliza este sector estratégico, en su solicitud de ingreso detalló que bajo este sector estratégico iba a brindar solamente servicios de tesorería, compras y finanzas, por lo tanto, otras actividades como contabilidad y recursos humanos quedan fuera de los servicios autorizados, siendo que quizás estos si son servicios que se prestan. La pregunta es ¿cómo puede afectar a la empresa y cómo se puede solventar este inconveniente?

La prestación de servicios no autorizados tiene como consecuencia en primera instancia la imposibilidad de aplicar los beneficios del régimen, por lo que los ingresos que se perciban deben tributar en régimen tradicional de renta, lo que hacia atrás podría representar rectificaciones de la declaración de este impuesto, en caso de que haya aplicado la exoneración. También podría dar origen a un procedimiento administrativo para aplicar sanciones que pueden ir hasta los 300 salarios base, por lo que resulta fundamental corregir esta situación cuando se identifique.

Para ello las empresas deben gestionar de manera oportuna una solicitud de ampliación de actividades según se establece en la normativa del régimen de Zonas Francas, pues siempre es posible ampliar el catálogo de servicios autorizados, ya sea porque se necesitan actualizar los servicios que se prestan en ese momento o porque se visualiza una nueva oportunidad de negocio, siempre que estos encajen dentro de los sectores estratégicos.

Las empresas deben realizar una revisión periódica de las actividades que tienen aprobadas contra su facturación, lo que debe alinearse a los contratos de servicios con clientes, así como precios de transferencia, para operar en cumplimiento y evitar contingencias.