Emilio Bruce

Emilio Bruce

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Viernes 12 Diciembre, 2014

No se debe polarizar al país ni rasgar el tejido social por una ley acordada de la que se objeta principalmente la parte de huelgas


Sinceramente

¡Yo desveto!

La ley procesal laboral, vetada por doña Laura Chinchilla, ha vuelto a la discusión pública en razón del pacto suscrito entre el Partido Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana en el gobierno para levantar dicho veto.
El primero pretende robustecer su poder real en la sociedad otorgando facultades adicionales y facilidades ampliadas a quienes deseen recurrir a la huelga, pensando sobre todo en los sindicatos afines.


Doña Laura vetó el proyecto que había sido largamente consensuado por los sectores patronales y de trabajadores con el gobierno, en razón de las transformaciones sufridas por el proyecto en la Asamblea Legislativa, que debilita el poder del estado sobre todo en el manejo de huelgas. Siempre las consecuencias deben de medirse.
Tengo muy claro que el veto es una facultad discrecional del Presidente de Costa Rica y que en ese sentido este poder puede emitir un veto o puede retirarlo. La presidencia de Costa Rica tiene solución de continuidad y aunque cambien los titulares, el poder y atribuciones de ese cargo se conservan en el tiempo por encima de las renovaciones de los titulares del Poder Ejecutivo. Dicho con claridad, así como el Presidente veta, así puede retirar el veto. Esto es un asunto de conveniencia nacional no tanto de legalidad.
Retirar el veto podría generar una oleada profunda de percepción de inseguridad jurídica. En este como en otros campos las percepciones construyen la realidad.
Un país no se construye generando confrontaciones sociales entre los grupos que de manera conjunta son los que producen la riqueza del país.
Siento que levantar el veto interpuesto por la Presidente Chinchilla generará un torrente de percepciones negativas dentro y fuera del país que serán difíciles de atajar.
Siento que es fundamental generar una negociación más fructífera que las que hasta ahora ha habido. Siento que arriesgar a Costa Rica a un serio proceso de polarización y de rasgado del tejido social no conviene a nadie.
Un Presidente es un orientador de eventos, nunca un disociador. Mal hace quien lanza un grupo sobre otro para salirse con la suya. Costa Rica requiere inversión extranjera, generar nuevos y abundantes empleos, abatir la pobreza. Un Presidente nunca debe ser instigador de una confrontación. Hay fenómenos que sabemos cómo se inician pero no cómo pueden terminar.
La ley Procesal Laboral tiene aspectos en extremo convenientes. La justicia va a ser bien servida con el juicio oral en el campo laboral. Los trabajadores van a ser bien servidos con la Defensoría Pública Laboral. La justicia pronta y cumplida será bien servida con muchas de las reformas propuestas y contenidas en esa ley. La huelga ya está garantizada, ese derecho no se discute.
La Ley Procesal Laboral contiene muchas cosas positivas y otras que no lo son. Debemos separar los aspectos de huelgas y de continuidad en los servicios esenciales. Debemos poner en efecto los aspectos procesales que el país tanto requiere.
No se debe polarizar al país ni rasgar el tejido social por una ley acordada de la que se objeta principalmente la parte de huelgas. Con Costa Rica no se juega.

Emilio Bruce

Profesor
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