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Lunes 12 Mayo, 2008

¿Y la concesión de obra?


Desde 1992 se generó una gran expectativa, cuando se promulgó la Ley de Concesión de Obra Pública, de que la infraestructura de nuestro país al fin iba a encontrar un mecanismo de financiamiento ágil, acorde con las necesidades imperantes desde esa época, con soluciones de mercado que tanto la lógica financiera como los organismos internacionales nos estaban exigiendo, para mejorar nuestros niveles de endeudamiento a nivel internacional. Pero resulta que hoy todavía nada ha cambiado.
En 1994 se llevó a cabo la primera reforma a esta Ley, cuando se modificaron tres de sus artículos, a pesar de que varios más requerían ser variados, por rozar con los principios que a nivel internacional y financiero se requerían para la realización de los proyectos en cuestión.
No fue hasta 1997 que se logró hacer una reforma integral a esta Ley y hoy se sabe que requiere aún reformas adicionales, para hacer más efectivo este instrumento de financiamiento de obras, y para ese fin existe un proyecto en la Asamblea Legislativa.
Pero de qué nos ha servido a la fecha, casi 16 años después de aprobada, esta ley; en lo particular diría que de muy poco, en cuanto a carreteras se refiere (ya que son casi las únicas obras que se tiene expectativa de desarrollar por este mecanismo, aunque la Ley de Concesión se idealizó para muchas cosas más).
A la fecha no tenemos ni una obra inaugurada con este mecanismo de financiamiento. Aunque sí tenemos la esperanza de que en pocos años tengamos operando la carretera desde la Sabana hasta Orotina, y también desde San José hasta San Ramón, con una radial que uniría a ambas.
El asunto es que si lo analizamos desde el punto de vista de efectividad, estamos muy lejos de obtenerla. En estos años, como recientemente lo indicó La Contraloría, se ha gastado mucho dinero en consultorías que tienen el pecado de que no todas han sido productivas en cuanto a implementación de proyectos.
Y el problema no está en que hayan sido mal enfocadas o mal intencionadas, sino en que para sacar un proyecto a licitación pública, a través de este mecanismo, se deben tener de manera previa todos los riesgos previsibles calculados, tanto del tránsito promedio diario, como de construcción, de expropiaciones, de financiamiento, del concesionario como tal y del Estado en sí, para ponerlo en términos muy simplistas.
Riesgos que tienden a ser tan complejos que, sumados a los análisis que efectúan la Contraloría y Aresep, además de nuestra idiosincrasia hacen que no sean de extrañar los resultados que a la fecha tenemos.
En ese sentido, con todo respeto, creo que las obras de infraestructura que sean autofinanciables, deberían llevarse a cabo por medio del mecanismo de financiamiento de Titularización, ahorrando (como país) una cantidad importante de consultorías y aligerando el exceso de trámites, lo cual daría como resultado una mejora sustancial en la eficacia y eficiencia en la implementación de estas obras.

Randall Castro Vargas
Economista