El programa, conocido por su sigla en inglés "DACA", ofrece un permiso de trabajo y suspende durante dos años la deportación de estudiantes indocumentados, conocidos como "dreamers".

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Washington suspende deportaciones y exige soluciones

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Janet Napolitano, afirmó que el programa de "acción diferida" ha suspendido la deportación de más de medio millón de jóvenes indocumentados desde 2012, pero aseguró que no es una solución permanente al "anticuado" sistema migratorio del país.
Napolitano, que pronto dejará su cargo para presidir la Universidad de California, recurrió a un blog del Departamento de Seguridad Nacional para destacar los beneficios del programa de "acción diferida", puesto en marcha exactamente ayer hace un año, y pedir un solución a largo plazo para los once millones de indocumentados en EE.UU.
El programa, conocido por su sigla en inglés "DACA", ofrece un permiso de trabajo y suspende durante dos años la deportación de estudiantes indocumentados, conocidos como "dreamers".
La medida está dirigida a jóvenes de hasta 31 años de edad y que entraron a EE.UU. antes de los 16 años, pagan 465 dólares por los trámites y cumplen con una serie de requisitos, incluyendo no tener antecedentes penales.
Pero la Administración Obama y grupos progresistas han prometido seguir presionando para que el Congreso apruebe este año una reforma migratoria integral que abra una vía para la legalización y eventual ciudadanía de toda la población clandestina.
Según Napolitano, el programa ha permitido al Gobierno concentrarse en la expulsión de criminales peligrosos o que suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional.
"DACA no es una solución a largo plazo para los desafíos más amplios que presenta nuestro anticuado sistema de inmigración", dijo Napolitano, al elogiar la reforma migratoria que aprobó el Senado el pasado 27 de junio y que afronta un muro de oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes.
Napolitano subrayó que esa reforma ayuda a la economía, moderniza el sistema migratorio, amplía la vigilancia fronteriza, sanciona a empresas que contratan a indocumentados y exige que estos cumplan con numerosos requisitos para su legalización.
"Espero que la Cámara de Representantes seguirá el liderazgo mostrado por una fuerte mayoría bipartidista en el Senado y trabaje para corregir nuestro maltrecho sistema migratorio. Mientras, DACA seguirá siendo un medio importante para que los jóvenes que entraron cuando eran menores puedan permanecer acá y continuar contribuyendo a este gran país", puntualizó.
Sus palabras encontraron eco en Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, quien reiteró que la inacción del Congreso supondría un "alto costo" para la recuperación económica del país, porque la reforma aportaría 1,4 billones de dólares adicionales a la economía y crearía dos millones de empleos en una década.
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), entre agosto de 2012 y el mes pasado, recibió 573.404 solicitudes para la "acción diferida", de las cuales aprobó 553 mil y rechazó poco más de 20 mil.
Una investigación de la Institución Brookings señaló que el 74,9% de las solicitudes fue de inmigrantes de México, seguido por el 10% de Centroamérica, el 6,9% de Suramérica, el 4,2% de Asia, el 1,7% del Caribe, el 1% de África, y el 0,9% de Europa.
Cuando el programa fue anunciado por el presidente Barack Obama, en plena campaña de reelección, se calculaba que alrededor de 936.000 jóvenes indocumentados podían acogerse a la medida.
El 54 % de los solicitantes eran jóvenes menores de 21 años, y la mayoría de los beneficiados se concentró en California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida, estados que tradicionalmente han tenido un mayor porcentaje de extranjeros, dijo por su parte, durante un acto en el Centro para el Progreso Estadounidense, Audrey Singer, investigadora de Brookings.

Washington/EFE