Violencia en el campus

Violencia en el campus

Los lamentables hechos de violencia que tuvieron como escenario el campus Rodrigo Facio, sede central de la Universidad de Costa Rica, fueron de tal magnitud que provocaron la inmediata reacción de las máximas autoridades de las universidades públicas, de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa y una multitudinaria manifestación que culminó en la Corte Suprema de Justicia. Igualmente se han sucedido innumerables reacciones y comentarios en diversos medios de comunicación. Tal conmoción nacional quizás no se hubiera dado en otros países de América Latina donde, por desgracia, la incursión del ejército o de la policía en los predios universitarios no ha sido infrecuente, hasta el punto de que no pocos estudiantes y profesores han sido heridos —como se dio en este caso— o muertos en dichas refriegas.

Pero en la otrora llamada “Suiza Centroamericana” tales hechos no han sido habituales. La Constitución Política ha consagrado el principio de la autonomía universitaria en forma inequívoca. Sin embargo, quienes aducen que autonomía no equivale a extraterritorialidad, como si de una embajada de un país extranjero se tratara, legitiman la intervención de fuerzas represivas en territorios universitarios para justificar su accionar. Estamos, por ende, ante dos interpretaciones contrapuestas de principios igualmente consagrados por la Carta Magna. En casos de esta índole, como bien sabemos por la hermenéutica jurídica, prevalece el principio que se considera axiológicamente de mayor rango.

En el tema que aquí nos ocupa, tiene preeminencia el segundo, dado que la primera responsabilidad del Estado es velar por la seguridad de los ciudadanos, por su integridad física y por la inviolabilidad de su territorio. El padre de la filosofía política moderna, Thomas Hobbes, así lo demostró fehacientemente. Razón por la cual en este caso específico, ni las autoridades universitarias, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se presentaron tan oportunamente, en un gesto inspirado en las mejores tradiciones cívicas costarricenses, en un programa de Canal 15 con el profesor Manuel Araya Incera, han cuestionado ese principio. En concreto, de lo que aquí se trata es, no del uso de la violencia sino de su magnitud. No es lícito recurrir a la violencia en forma desproporcionada ni indiscriminada, so pena de incurrir en el despotismo o la tiranía. El fin no justifica los medios.

Por ende, lo que aquí corresponde es preguntarnos si tanta violencia desplegada por las fuerzas represivas no universitarias se justificaba dado que no se trataba de un criminal o de un capo de algún grupo mafioso, sino de un “tráfico” de la UCR que supuestamente había exigido una “mordida” de ¢20 mil al chofer de un microbús que no traía la licencia. El uso de la violencia solo se justifica legal y éticamente cuando es proporcional al dolo y como recurso de última instancia. En conclusión, ni ética ni legalmente se justifica el despliegue de violencia mostrado por la policía nacional, máxime que lo habitual en estos casos es coordinar con los cuerpos de policía de la propia universidad. Dichosamente la madurez cívica y el conocimiento de la ciencia jurídica mostrados por los magistrados que dialogaron en el programa de Canal 15 con el profesor Araya, permiten abrigar los mejores augurios de un fructífero entendimiento con las autoridades universitarias.

Arnoldo Mora