Violencia desangra la competitividad de El Salvador
| Jueves 29 octubre, 2009
Violencia desangra la competitividad de El Salvador
• Creciente criminalidad le cuesta cerca del 11% de su producción al país centroamericano
• Incursión del ejército en lucha contra maras es tema de debate nacional
Eugenia Soto
esoto@larepublica.net
“Por favor no salgan a caminar,” se me advirtió en el vestíbulo del Princess Hilton de San Salvador. Insistí, preguntando cuán peligroso podía ser caminar a pleno sol por la “zona rosa”. Supuse que las advertencias eran exageradas. Estaba equivocada.
Ese día un correo masivo advirtió que las maras imponían un toque de queda a la ciudadanía, bajo amenaza de tomar la ciudad. Aunque resultó ser una falsa alarma, el temor inundó San Salvador. Los comercios cerraron temprano y yo me quedé resguardada en la seguridad del hotel.
Pero para los salvadoreños no existe zona segura. Este año las víctimas mortales de esta ola de violencia superan las 3 mil. Se han registrado 1.000 homicidios más que durante el mismo periodo de 2008.
La violencia es escalofriante. Los números de homicidios son iguales a los de países que atraviesan conflictos armados internos. Pareciera que 20 años después, El Salvador sigue en plena guerra civil.
La situación le pasa una altísima factura a esta nación centroamericana. La violencia le cuesta hasta un 11% de su Producto Interno Bruto, según el Informe sobre Desarrollo Humano para Centroamérica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los 11 puntos se agigantan en este año de crisis pues El Salvador sufrirá la mayor caída económica de la región centroamericana, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB cerrará este año con una contracción de 2,5% con respecto a 2008.
El golpe a la economía local es más acentuado que el del resto de la región debido a su altísima dependencia en las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior. La mayoría de los migrantes buscan oportunidades en Estados Unidos, cuna de la crisis actual. Hoy enfrentan un mercado laboral deprimido y un entorno económico adverso que les dificulta mandar dinero a sus familiares.
En un esfuerzo por reducir la dependencia en las remesas, El Salvador ha apostado por incrementar su competitividad en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
“Somos un país con bajos niveles de capitalización local. Tenemos una estrategia para atraer inversiones extranjeras que sean fuente de empleo”, aseguró Mario Róger Hernández, viceministro de Economía salvadoreño en una entrevista.
Como parte de esta estrategia sobresale la fuerte inversión en infraestructura que ha permitido mantener la red vial en excelente estado y la construcción del puerto La Unión, que representó una inversión total de $185 millones.
La terminal, construida con la guía y ayuda del Gobierno japonés, está concebida para ser un polo de atracción de operaciones industriales de empresas extranjeras que busquen aprovechar las condiciones favorables que otorga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta por sus siglas en inglés).
Pero todos estos esfuerzos gubernamentales se ven opacados por el clima de inseguridad ciudadana, factor que efectivamente lastra la capacidad del país de alzar vuelo.
Junto al resto del mundo El Salvador aguarda la buena nueva del fin de la crisis. La situación económica mejorará en 2010, aunque la economía del país crecerá solo un 0,5%. Esta esperada aunque tibia recuperación hará poco por ayudar al 6,3% de los desempleados.
La desocupación se duplica entre la población juvenil, dejándola más vulnerables a unirse a las maras. Estas pandillas, importadas por salvadoreños emigrados a Estados Unidos y que retornaron a su país, son las principales protagonistas de la ola de violencia.
Para combatirlas el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien cuenta con escasos cuatro meses en el poder, estudia la posibilidad de recurrir a las fuerzas armadas.
El plan consiste en reforzar las labores de la policía con 6.500 soldados. Sin embargo, la incorporación del ejército a la lucha criminal no es fácil. A las fuerzas armadas se les suprimieron funciones de seguridad pública en los acuerdos políticos con los que concluyó la guerra civil.
La tarea de controlar a las maras es titánica. Los cálculos de la cantidad de adeptos a estas organizaciones varían entre 15 mil y 18 mil personas. Mientras el gobierno no sea más exitoso en esta tarea a los salvadoreños no les queda más que esforzarse por buscar una cada vez más esquiva seguridad.
• Creciente criminalidad le cuesta cerca del 11% de su producción al país centroamericano
• Incursión del ejército en lucha contra maras es tema de debate nacional
Eugenia Soto
esoto@larepublica.net
“Por favor no salgan a caminar,” se me advirtió en el vestíbulo del Princess Hilton de San Salvador. Insistí, preguntando cuán peligroso podía ser caminar a pleno sol por la “zona rosa”. Supuse que las advertencias eran exageradas. Estaba equivocada.Ese día un correo masivo advirtió que las maras imponían un toque de queda a la ciudadanía, bajo amenaza de tomar la ciudad. Aunque resultó ser una falsa alarma, el temor inundó San Salvador. Los comercios cerraron temprano y yo me quedé resguardada en la seguridad del hotel.
Pero para los salvadoreños no existe zona segura. Este año las víctimas mortales de esta ola de violencia superan las 3 mil. Se han registrado 1.000 homicidios más que durante el mismo periodo de 2008.
La violencia es escalofriante. Los números de homicidios son iguales a los de países que atraviesan conflictos armados internos. Pareciera que 20 años después, El Salvador sigue en plena guerra civil.
La situación le pasa una altísima factura a esta nación centroamericana. La violencia le cuesta hasta un 11% de su Producto Interno Bruto, según el Informe sobre Desarrollo Humano para Centroamérica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los 11 puntos se agigantan en este año de crisis pues El Salvador sufrirá la mayor caída económica de la región centroamericana, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB cerrará este año con una contracción de 2,5% con respecto a 2008.
El golpe a la economía local es más acentuado que el del resto de la región debido a su altísima dependencia en las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior. La mayoría de los migrantes buscan oportunidades en Estados Unidos, cuna de la crisis actual. Hoy enfrentan un mercado laboral deprimido y un entorno económico adverso que les dificulta mandar dinero a sus familiares.
En un esfuerzo por reducir la dependencia en las remesas, El Salvador ha apostado por incrementar su competitividad en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
“Somos un país con bajos niveles de capitalización local. Tenemos una estrategia para atraer inversiones extranjeras que sean fuente de empleo”, aseguró Mario Róger Hernández, viceministro de Economía salvadoreño en una entrevista.
Como parte de esta estrategia sobresale la fuerte inversión en infraestructura que ha permitido mantener la red vial en excelente estado y la construcción del puerto La Unión, que representó una inversión total de $185 millones.
La terminal, construida con la guía y ayuda del Gobierno japonés, está concebida para ser un polo de atracción de operaciones industriales de empresas extranjeras que busquen aprovechar las condiciones favorables que otorga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta por sus siglas en inglés).
Pero todos estos esfuerzos gubernamentales se ven opacados por el clima de inseguridad ciudadana, factor que efectivamente lastra la capacidad del país de alzar vuelo.
Junto al resto del mundo El Salvador aguarda la buena nueva del fin de la crisis. La situación económica mejorará en 2010, aunque la economía del país crecerá solo un 0,5%. Esta esperada aunque tibia recuperación hará poco por ayudar al 6,3% de los desempleados.
La desocupación se duplica entre la población juvenil, dejándola más vulnerables a unirse a las maras. Estas pandillas, importadas por salvadoreños emigrados a Estados Unidos y que retornaron a su país, son las principales protagonistas de la ola de violencia.
Para combatirlas el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien cuenta con escasos cuatro meses en el poder, estudia la posibilidad de recurrir a las fuerzas armadas.
El plan consiste en reforzar las labores de la policía con 6.500 soldados. Sin embargo, la incorporación del ejército a la lucha criminal no es fácil. A las fuerzas armadas se les suprimieron funciones de seguridad pública en los acuerdos políticos con los que concluyó la guerra civil.
La tarea de controlar a las maras es titánica. Los cálculos de la cantidad de adeptos a estas organizaciones varían entre 15 mil y 18 mil personas. Mientras el gobierno no sea más exitoso en esta tarea a los salvadoreños no les queda más que esforzarse por buscar una cada vez más esquiva seguridad.