Villas deportivas josefinas en jaque
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Lunes 29 agosto, 2011
Arranque demoraría 27 meses por permisos, fecha límite se cumple en 18 meses
Villas deportivas josefinas en jaque
Johnny Araya, alcalde de San José, se referirá al tema tras regresar de su viaje a China
La maraña de trámites para que una obra civil pueda arrancar su construcción, pareciera ser el obstáculo insalvable para el proyecto de la Villa Olímpica que pretende edificar la Municipalidad de San José (MSJ).
Adicionalmente, la oposición a la edificación de los tres edificios de apartamentos y la torre de oficinas para el municipio podría terminar de complicar las cosas.
La aprobación de los permisos necesarios para iniciar cualquier construcción, como la que pretende la MSJ, demora como mínimo 18 meses, y podría extenderse hasta más de dos años.
Para el caso de un edificio de apartamentos en condominio, como es el planeado por el ayuntamiento josefino, un proceso de solicitud, presentación y verificación de alineamientos y disponibilidades tarda de seis a nueve meses, así se corrobora en las especificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Sumado a ello, los trámites de revisión de planos y comprobaciones en el sitio donde se efectuaría la obra, agregan a la espera entre 12 y 18 meses.
A la fecha, ante el CFIA no existe ninguna solicitud de aprobación de trámites para construcción, ni a nombre de la Municipalidad ni del Banco de Costa Rica, entidad a cargo de administrar el fideicomiso que ejecutaría la obra.
Finalmente, quienes someten cualquier proyecto para ser valorado por los profesionales del municipio donde se vaya a construir, deben esperar al menos un mes para obtener los permisos.
Valorando todo lo anterior, y tomando en cuenta que las obras aún no arrancan, pues la Contraloría General de la República no las ha avalado, la municipalidad no tendría suficiente tiempo para terminar la construcción.
Siendo que la ejecución de la obra correrá por cuenta de un fideicomiso que administrará recursos o bienes públicos, se requiere el visto bueno del ente contralor.
A pesar de las disparidades entre los tiempos que dicta el cumplimiento de la ley, y los cálculos que ha hecho la MSJ, en el ayuntamiento son optimistas y confían en que sí cumplirán con su proyección.
Al respecto, Johnny Araya, alcalde de San José, se referirá al tema la próxima semana, tras regresar de su viaje a China, en procura de recursos para diversos proyectos.
Entre tanto, Rafael Arias, asistente del alcalde, confirmó, “ni siquiera pensamos en que las cosas no van a salir. Sabemos que sí es posible lograrlo, y estamos muy positivos en que se dé el banderazo de inicio a la construcción”.
Para ganar tiempo, el Concejo aprobó vender al fideicomiso 1,6 hectáreas de la propiedad que hoy ocupa el Cementerio Calvo, en ¢1.700 millones.
El Cementerio Calvo tiene una extensión total de casi 4 hectáreas, de las cuales menos de dos serán destinadas al proyecto deportivo.
Adicional a la espera por los trámites, ya se han manifestado opiniones contrapuestas a que se lleve a cabo la construcción de las torres, en ese sitio.
En ellas se plantea la inexistencia de una autorización para destinar todo o parte de ese terreno, a la construcción de un complejo habitacional o empresarial.
La segunda objeción es que los cementerios son un bien de dominio público. Esto significa que solo la Asamblea Legislativa puede aprobar un cambio en el uso de ese suelo.
Finalmente, quienes se oponen reclaman el carácter religioso y ético, que originalmente tuvo ese terreno.
“El Cementerio Calvo está regido por el reglamento que la misma municipalidad emitió en 2001 y le otorgó al terreno su naturaleza jurídica como bien destinado exclusivamente a la ubicación y conservación de cadáveres”, explicó Fernando Zamora, abogado constitucionalista.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Villas deportivas josefinas en jaque
Johnny Araya, alcalde de San José, se referirá al tema tras regresar de su viaje a China
La maraña de trámites para que una obra civil pueda arrancar su construcción, pareciera ser el obstáculo insalvable para el proyecto de la Villa Olímpica que pretende edificar la Municipalidad de San José (MSJ).
Adicionalmente, la oposición a la edificación de los tres edificios de apartamentos y la torre de oficinas para el municipio podría terminar de complicar las cosas.
La aprobación de los permisos necesarios para iniciar cualquier construcción, como la que pretende la MSJ, demora como mínimo 18 meses, y podría extenderse hasta más de dos años.
Para el caso de un edificio de apartamentos en condominio, como es el planeado por el ayuntamiento josefino, un proceso de solicitud, presentación y verificación de alineamientos y disponibilidades tarda de seis a nueve meses, así se corrobora en las especificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Sumado a ello, los trámites de revisión de planos y comprobaciones en el sitio donde se efectuaría la obra, agregan a la espera entre 12 y 18 meses.
A la fecha, ante el CFIA no existe ninguna solicitud de aprobación de trámites para construcción, ni a nombre de la Municipalidad ni del Banco de Costa Rica, entidad a cargo de administrar el fideicomiso que ejecutaría la obra.Finalmente, quienes someten cualquier proyecto para ser valorado por los profesionales del municipio donde se vaya a construir, deben esperar al menos un mes para obtener los permisos.
Valorando todo lo anterior, y tomando en cuenta que las obras aún no arrancan, pues la Contraloría General de la República no las ha avalado, la municipalidad no tendría suficiente tiempo para terminar la construcción.
Siendo que la ejecución de la obra correrá por cuenta de un fideicomiso que administrará recursos o bienes públicos, se requiere el visto bueno del ente contralor.
A pesar de las disparidades entre los tiempos que dicta el cumplimiento de la ley, y los cálculos que ha hecho la MSJ, en el ayuntamiento son optimistas y confían en que sí cumplirán con su proyección.
Al respecto, Johnny Araya, alcalde de San José, se referirá al tema la próxima semana, tras regresar de su viaje a China, en procura de recursos para diversos proyectos.
Entre tanto, Rafael Arias, asistente del alcalde, confirmó, “ni siquiera pensamos en que las cosas no van a salir. Sabemos que sí es posible lograrlo, y estamos muy positivos en que se dé el banderazo de inicio a la construcción”.
Para ganar tiempo, el Concejo aprobó vender al fideicomiso 1,6 hectáreas de la propiedad que hoy ocupa el Cementerio Calvo, en ¢1.700 millones.
El Cementerio Calvo tiene una extensión total de casi 4 hectáreas, de las cuales menos de dos serán destinadas al proyecto deportivo.
Adicional a la espera por los trámites, ya se han manifestado opiniones contrapuestas a que se lleve a cabo la construcción de las torres, en ese sitio.
En ellas se plantea la inexistencia de una autorización para destinar todo o parte de ese terreno, a la construcción de un complejo habitacional o empresarial.
La segunda objeción es que los cementerios son un bien de dominio público. Esto significa que solo la Asamblea Legislativa puede aprobar un cambio en el uso de ese suelo.
Finalmente, quienes se oponen reclaman el carácter religioso y ético, que originalmente tuvo ese terreno.
“El Cementerio Calvo está regido por el reglamento que la misma municipalidad emitió en 2001 y le otorgó al terreno su naturaleza jurídica como bien destinado exclusivamente a la ubicación y conservación de cadáveres”, explicó Fernando Zamora, abogado constitucionalista.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net