(Video) Fiscalía investiga banda de funcionarios y empresarios dedicada a permitir construcciones hoteleras en Talamanca

La policía judicial, encabezada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, realizó 26 allanamientos este martes en distintos puntos del país para investigar una supuesta banda de funcionarios y empresarios dedicada a permitir construcciones hoteleras en Talamanca.

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Esta es la tercera acción judicial relacionada con el supuesto otorgamiento de permisos irregulares en zonas protegidas o silvestres en los últimos dos meses.

En esencia, se investiga la presunta complicidad de intereses económicos en la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca (Limón).

Sobre este Randall Zúñiga, jerarca del OIJ se refirió al caso como una investigación compleja.

Entre los lugares allanados se encuentra la casa de Rugeli Morales Rodríguez, alcalde de Talamanca, así como oficinas públicas y empresas en Limón, Santo Domingo de Heredia, Curridabat y San José.

“Se presume que eso se logró tras un acuerdo entre empresarios de la zona y funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones, entre las que se encuentran la Municipalidad de Talamanca, el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental", dijo el Ministerio Público.

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Como parte del operativo, se allanaron también las oficinas del SINAC, la Municipalidad de Talamanca, el INVU, la SETENA y el ICT. También hubo diligencias en viviendas de particulares vinculados al Consejo Local del Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLAC) y el Consejo Local de Áreas de Conservación (COLAC).

“Al parecer, esta anomalía tuvo por objetivo beneficiar los intereses privados de personas enfocadas en la explotación turística, empresarial, urbanística y comercial en zonas no permitidas, y en consecuencia, la aparente consecución de otros actos como la eliminación de humedales, tala ilegal de árboles, invasión a la zona marítimo-terrestre y territorios indígenas, así como el presunto cambio de uso de suelo”, informó el Ministerio Público.

El 16 de julio pasado, detuvieron a cinco personas sospechosas de los delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en relación con permisos de tala en terrenos del Refugio.

Entre los detenidos estuvieron funcionarios del SINAC y el empresario Allan Pacheco Dent. Todos ellos quedaron en libertad y sin medidas cautelares.