Mishelle Mitchell Bernard

Mishelle Mitchell Bernard

Enviar
Jueves 30 Marzo, 2017

Víctimas o victimarios

América Latina alberga dos de las naciones más violentas del planeta: Venezuela y Honduras. Y sin ánimo de estigmatizar a estos países donde también vive gente honesta y trabajadora escondida detrás de barrotes y rejas, es justo decir que nuestro vecindario latinoamericano es uno donde cada vez, con mayor frecuencia, adolescentes y jóvenes terminan enrolados en actividades criminales.

En muchos casos, el clamor popular incita que los jóvenes sean juzgados con los mismos estándares que los adultos. —“Si tiene 15 años ya sabe diferenciar bien del mal, a su edad ya debería saber qué es correcto y qué no”—. Espetamos una condena social que justifica otra de carácter judicial, que desconoce que centenares de jóvenes son víctimas de una sociedad que los ha atraído o empujado a delinquir ante la falta de oportunidades. Vivimos en la región del mundo en donde la desigualdad es caldo de cultivo para esta situación.
Cometer un crimen, robar o traficar drogas son todas actividades ilegales que deberían tener una consecuencia para quien las desarrolla. No se justifican. Pero como sociedad, debemos asumir la consecuencia de la inacción colectiva, cuando cohonestamos con silencio cómplice la explotación que aqueja a millares de adolescentes y jóvenes en nuestras comunidades.
¿Qué reprimenda personal o social aplica cuando presenciamos impasibles el perverso reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en redes de narcotráfico y pandillas; cuando callamos el castigo físico y sicológico en nuestros barrios y hogares; o cuando fallamos en denunciar al adulto que enrola a menores de edad en actividades ilícitas con la promesa de dinero fácil y aceptación?
¿Cuál consecuencia asumen el Estado y sus instituciones? ¿Qué consecuencia asumimos nosotros como ciudadanos ante nuestra incapacidad de inspirar, formar y potenciar a las mentes más jóvenes? Ninguna. Y ante semejante pasividad, y resueltos a no ser partícipes de la solución, la respuesta insensible más fácil es el garrote, la cárcel, la privación prolongada de oportunidades de reinserción productiva para el adolescente o joven que delinque.
Por supuesto que un criminal merece pagar las consecuencias de sus actos. Pero al hacerlo, debemos sopesar que el joven que delinque en muchos casos emula la disfuncionalidad de su hogar, protesta ante la desatención en su casa, su escuela y su hogar, hace síntoma ante la indiferencia y falta de empatía que camina con saco y corbata por nuestras ciudades. Reproduce, además, patrones de éxito distorsionados exacerbados por el materialismo promovido desde los medios de comunicación.
¿Y qué consecuencia hay? Ninguna. Los que pagan son ellos. Ellos van a la cárcel, son institucionalizados, y en la mayoría de los casos, pagan con sus propias vidas. Recordemos que aun cuando un adolescente le arrebate su cartera y tire del gatillo, en el corazón de ese niño o ese joven que delinque, también hay una víctima de una sociedad que no ha hecho lo suficiente por protegerlo, resguardar su potencial y habilitarlo para sacar provecho de él desde la legalidad y su inherente creatividad.

Dir. Regional Comunicaciones World Vision LAC