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Jueves 9 Marzo, 2017

Verdadera igualdad

Silvia Hernández Sánchez
Exviceministra de Planificación Nacional y Política Económica

Otorgar prioridad a las mujeres en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en los compromisos de cara a un Planeta 50-50, así como en las agendas de desarrollo nacional, no es una opción sino una obligación. Muchas mujeres con potencial, talento y conocimiento en América Latina y el Caribe se enfrentan de forma permanente a históricos obstáculos estructurales que impiden o reducen sus posibilidades para integrarse plenamente a los sistemas económicos de la región; que requieren del apoyo y las herramientas necesarias para mejorar su capacidad de producción; que necesitan oportunidades reales de acceso a trabajo decente y de calidad, a salarios que reconozcan el valor de su trabajo y a un sistema laboral sensible a las necesidades de las mujeres, lo cual les permita desempeñarse con la misma autonomía y competitividad con que lo hacen los hombres.

Cerrando brechas

América Latina y el Caribe cuenta actualmente con un total de 316.748.000 mujeres. ¿Qué lograría la región en términos de su desarrollo económico y social si todas esas mujeres tuvieran oportunidades reales de incorporarse a la fuerza laboral, y no solo el 50% de las mismas?
En los últimos 20 años, Latinoamérica ha avanzado más que otras regiones en el mundo en aspectos cruciales para la participación económica de las mujeres (ratificación por parte de varios países a la Convención 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas, incremento de la inversión en protección social, mayor diseño de políticas públicas dirigidas a solventar necesidades básicas de las mujeres en el campo económico, político y social, e implementación exitosa de programas de transferencias monetarias condicionadas que han permitido mayor inversión en el bienestar de los hogares y en la reducción de las probabilidades de pobreza de nuevas generaciones y un incremento en la participación femenina en el campo laboral).
A pesar de los importantes avances, queda aún un largo camino por recorrer para integrar a la mujer a la vida económica de los países de la región y lo más importante, en condiciones de igualdad. De acuerdo con cifras del último informe de ONU Mujeres “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016”:

1. La fuerza laboral en Latinoamérica es todavía mayoritariamente masculina, donde alrededor de un 84% de los hombres participa activamente en ella y solo cerca del 50% de las mujeres lo hace.
2. Un alto porcentaje de los empleos de las mujeres (59%) se ubica en el sector informal, con todo lo que ello significa: desprotección laboral y social, bajos salarios e inestabilidad. Esta situación de informalidad laboral corre el riesgo de aumentar dadas las actuales condiciones de estancamiento económico de la región.
3. Por su parte, a pesar de la mejoría, la brecha salarial de género alcanza el 19% y la brecha salarial para las mujeres con menos años de educación está estancada (40%).
4. Muchas mujeres no están aún cubiertas por los marcos legales (o no siempre se aplican) o por las políticas de tenencia de la tierra y de bienes de producción.
5. Las dificultades para el acceso al crédito y a la tecnología continúan siendo trabas que le impiden participar en el campo económico de forma igualitaria y nivelada.
6. No puede dejarse de lado la escasa distribución de la corresponsabilidad del cuidado y los problemas de violencia doméstica que siguen representando un lastre fundamental para el fortalecimiento de las capacidades y crecimiento de las mujeres.
Así, impulsar la agenda de igualdad de género es esencial para la recuperación económica de la región y la construcción de un futuro de desarrollo equitativo y sostenible. Es claro que los avances hacia la igualdad de género continuarán teniendo efectos profundos en el desarrollo humano inclusivo y sostenible.
Por lo tanto, se deben concentrar esfuerzos en identificar las asimetrías y desigualdades que persisten durante 1. la adquisición de capital humano (calidad en la educación incluyendo la existencia de una infraestructura adecuada, el nivel del personal docente o los contenidos curriculares que permitan eliminar los estereotipos y brechas existentes entre los géneros), 2. en la inserción y participación en la fuerza laboral (inclusión financiera, extensión de prestaciones y protección social al sector informal, fomento del emprendimiento de las mujeres, inversión en infraestructura de energía, agua y saneamiento, conectividad, transporte y corresponsabilidad del cuidado de dependientes), y 3. en acciones que se derivan a mejorar fallas del mercado (mayor vinculación con servicios complementarios que favorezcan el empoderamiento de las mujeres, como cursos de alfabetización, formación profesional, insumos agrícolas, servicios de cuidado infantil, asistencia jurídica y ayuda para las sobrevivientes de violencia doméstica.
Lograr lo anterior, implica trabajar de manera concertada y coordinada, donde los sectores público y privado unen esfuerzos con los diversos actores de la sociedad civil.