Verdad incómoda es que pocos indocumentados son prescindibles
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Verdad incómoda es que pocos indocumentados son prescindibles

Desde que llegó a Francia hace seis años desde Mali, Youba Soumbounou ha clasificado basura en fábricas y almacenes cerca de París. Consiguió el empleo utilizando papeles falsos, y la policía ya le ha ordenado cinco veces que se marche del país.
Su patrón, que pidió no ser identificado, no lo despidió. En vez de ello, se ha sumado a empresas como Veolia Environnement SA y Derichebourg SA en pedir la residencia legal para trabajadores que necesitan para tareas sucias y peligrosas.

“Si no tuviéramos acceso a trabajadores extranjeros, simplemente no podríamos hacer nuestro trabajo”, dijo Pascal Decary, director de recursos humanos de la unidad de tratamiento de residuos de Veolia, Veolia Properté, en París.
El año pasado la empresa descubrió que 18 de sus trabajadores tenían documentos falsos, dijo Decary. “Nunca se planteó abandonar a personas que han trabajado duro para nosotros todos estos años, haciendo trabajos que los nativos no quieren hacer”.
Las economías mundiales dependen de la mano de obra importada para crecer. Un informe de 2008 del parlamento británico dijo que el 17% del crecimiento fue producto de la inmigración en 2004 y 2005.
Center for American Progress, con sede en Washington y presidido por John Podesta, que fue jefe de gabinete del expresidente Bill Clinton, dijo en enero y facilitar que trabajadores indocumentados obtengan la residencia y atraer a trabajadores invitados sumaría $1,5 billones a la economía de Estados Unidos en los próximos 10 años.
En Australia, el Tesoro dijo en febrero que bajar en un tercio el crecimiento de la tasa de población del país reduciría la expansión económica anual promedio hasta el 2,3% desde el 2,7%.
Al mismo tiempo, el resentimiento por el desempleo contribuye a un ánimo anti inmigración de Suecia a Australia.
El conflicto de esas perspectivas y la necesidad de que los inmigrantes cubran puestos de trabajo indeseables significan que los políticos tienen que elegir entre complacer a los electores y proteger sus economías.
Países como Francia y los Países Bajos han hecho frente al dilema atacando símbolos de la inmigración, como el código de vestimenta islámico, sin reducir la oferta de trabajadores.
“Si uno ve más allá, no se oye a nadie decir que no debería haber inmigración en absoluto”, dijo en una entrevista Jean-Pierre Garson, director de la unidad internacional de migración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París. “No pueden hacerlo. Partes de la economía se frenarían. Siempre hay ciertos trabajos que los locales no quieren, y que incluso los hijos de inmigrantes no harían”.
Un partido anti-inmigración entró al parlamento de Suecia por primera vez el mes pasado, y la semana pasada los Países Bajos formaron un gobierno que depende del partido anti-islámico para tener apoyo.
El presidente francés Nicolas Sarkozy, que atribuye la creciente delincuencia a la inmigración, deportó a más de mil gitanos a partir de agosto, y dijo que los delincuentes nacidos en el extranjero deberían perder la nacionalidad francesa.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama tuvo que posponer la reforma de las leyes migratorias debido a la oposición del Congreso.
Los dos principales partidos de Australia han acordado que la inmigración debe ser controlada, y la primera ministra Julia Gillard está elaborando un plan para limitar el crecimiento de la población.

París


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