Ventajas de la banca estatal
| Viernes 17 octubre, 2008
Ventajas de la banca estatal
La crisis del sistema financiero global pone en tela de juicio la seguridad de los depósitos e inversiones del público en los bancos de, prácticamente, todo el mundo. Hay temor sobre la capacidad de los bancos para hacer frente a sus obligaciones. Ese temor ha obligado a los Gobiernos a tomar la decisión de emitir una garantía —en algunos casos limitada a un monto determinado— sobre los recursos del público en poder de los bancos, para evitar un mayor pánico y una corrida financiera que agrave la presente crisis.
En Costa Rica, los ahorrantes, cuentacorrentistas, tenedores de títulos bancarios y los acreedores de créditos conferidos a los Bancos del Estado, pueden estar tranquilos. El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Crédito Agrícola cuentan con la garantía general del Estado. En caso de problemas críticos —que no se están presentando, ni se espera que se produzcan— que les impidieran pagar sus obligaciones, estas serían asumidas por el Estado de forma que ningún acreedor de la banca estatal pierda un centavo.
Esto es importante, no solo para transmitir tranquilidad al mercado, sino para destacar la sabiduría de nuestro pueblo y sus gobernantes al diseñar un sistema financiero mixto, en el cual coexisten y compiten dos tipos de bancos: los privados y los estatales. Los primeros reciben y operan recursos del público con la garantía de su solidez, y los estatales ofrecen una doble garantía, la propia y la estatal. Por más presiones que hubo en el pasado para que el Estado se saliera de la actividad bancaria o, en su defecto, quitara su garantía sobre los recursos del público en los bancos de su propiedad, nuestros gobernantes y nuestro pueblo preservaron el concepto de banca estatal con garantía del Estado. Esto nos permite tener hoy tranquilidad y confianza en el sistema.
Además, la banca estatal, por su naturaleza pública está sometida a otras formas de regulación, adicionales a las que se aplican a toda la banca. Sus recursos deben ser administrados a la luz de los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia consagrados en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. Sus funcionarios y directivos están sometidos al cumplimiento de deberes propios de la naturaleza pública de estos entes y, en consecuencia, sujetos al principio de responsabilidad del que se derivan, en caso de incumplimiento, sanciones de orden administrativo, civil y penal. Estas regulaciones, obligaciones y garantías, tan criticadas en el pasado, por su presunta obsolescencia, son hoy fortalezas.
En este contexto, lo que pasa en el mundo financiero global, debe ser fuente de importantes lecciones: 1) la libertad de comercio no debe impedir las necesarias regulaciones 2) el Estado no puede ser un simple convidado de piedra en la actividad financiera 3) no puede dejarse al mercado como único árbitro de la economía 4) ni el estatismo exacerbado del pasado, ni el mercantilismo salvaje que lo sustituyó son respuestas equilibradas para evitar situaciones como la presente 5) hay que tener cuidado al hablar de megabancos universales que concentran todo el riesgo y, 6) el modelo costarricense, con sus pesos y contrapesos en algunas actividades estratégicas, entre ellas la financiera, tiene más virtudes que defectos. Debemos preservar las primeras y superar los segundos.
Pablo Ureña Jiménez
Abogado
Director BCR
La crisis del sistema financiero global pone en tela de juicio la seguridad de los depósitos e inversiones del público en los bancos de, prácticamente, todo el mundo. Hay temor sobre la capacidad de los bancos para hacer frente a sus obligaciones. Ese temor ha obligado a los Gobiernos a tomar la decisión de emitir una garantía —en algunos casos limitada a un monto determinado— sobre los recursos del público en poder de los bancos, para evitar un mayor pánico y una corrida financiera que agrave la presente crisis.
En Costa Rica, los ahorrantes, cuentacorrentistas, tenedores de títulos bancarios y los acreedores de créditos conferidos a los Bancos del Estado, pueden estar tranquilos. El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Crédito Agrícola cuentan con la garantía general del Estado. En caso de problemas críticos —que no se están presentando, ni se espera que se produzcan— que les impidieran pagar sus obligaciones, estas serían asumidas por el Estado de forma que ningún acreedor de la banca estatal pierda un centavo.
Esto es importante, no solo para transmitir tranquilidad al mercado, sino para destacar la sabiduría de nuestro pueblo y sus gobernantes al diseñar un sistema financiero mixto, en el cual coexisten y compiten dos tipos de bancos: los privados y los estatales. Los primeros reciben y operan recursos del público con la garantía de su solidez, y los estatales ofrecen una doble garantía, la propia y la estatal. Por más presiones que hubo en el pasado para que el Estado se saliera de la actividad bancaria o, en su defecto, quitara su garantía sobre los recursos del público en los bancos de su propiedad, nuestros gobernantes y nuestro pueblo preservaron el concepto de banca estatal con garantía del Estado. Esto nos permite tener hoy tranquilidad y confianza en el sistema.
Además, la banca estatal, por su naturaleza pública está sometida a otras formas de regulación, adicionales a las que se aplican a toda la banca. Sus recursos deben ser administrados a la luz de los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia consagrados en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. Sus funcionarios y directivos están sometidos al cumplimiento de deberes propios de la naturaleza pública de estos entes y, en consecuencia, sujetos al principio de responsabilidad del que se derivan, en caso de incumplimiento, sanciones de orden administrativo, civil y penal. Estas regulaciones, obligaciones y garantías, tan criticadas en el pasado, por su presunta obsolescencia, son hoy fortalezas.
En este contexto, lo que pasa en el mundo financiero global, debe ser fuente de importantes lecciones: 1) la libertad de comercio no debe impedir las necesarias regulaciones 2) el Estado no puede ser un simple convidado de piedra en la actividad financiera 3) no puede dejarse al mercado como único árbitro de la economía 4) ni el estatismo exacerbado del pasado, ni el mercantilismo salvaje que lo sustituyó son respuestas equilibradas para evitar situaciones como la presente 5) hay que tener cuidado al hablar de megabancos universales que concentran todo el riesgo y, 6) el modelo costarricense, con sus pesos y contrapesos en algunas actividades estratégicas, entre ellas la financiera, tiene más virtudes que defectos. Debemos preservar las primeras y superar los segundos.
Pablo Ureña Jiménez
Abogado
Director BCR