Universidades andan en las nubes

ANALISIS

Estatales piden más recursos, pero no rinden cuentas

Universidades andan en las nubes

El público no sabe casi nada de cómo se manejan estos centros de educación

El sistema universitario público quiere operar de forma independiente, o sea sin freno para la investigación o forma de pensar, ya sea política, confesional o científica.

Estamos de acuerdo con este valioso principio.

Pero cuando el sistema insiste en recibir un fuerte incremento de su presupuesto, procedente de fondos públicos y cobrar bajas matrículas a los estudiantes, algunos provenientes de familias con altos recursos económicos, es tiempo de pedirle una rendición de cuentas, así como de exigir la creación de una estructura comunitaria, que las evalúe.

Actualmente, las universidades del Estado entregan un reporte a la Controlaría, en el cual se detalla la forma como se invirtió el presupuesto.

Sin embargo, dar a conocer un monto determinado de gastos en laboratorios, salarios u otros rubros es poco ilustrativo, ya que los ciudadanos quienes pagan la mayoría de los fondos para este sistema no saben casi nada sobre la calidad del proceso educativo, ni si se gasta mucho o poco dinero en asuntos meramente administrativos.

Por cierto, el sistema costarricense es sumamente cerrado, en comparación con el resto del mundo donde las universidades reciben algún financiamiento público. En términos generales están obligadas a rendir cuentas anuales, que miden el rendimiento de los profesores, así como los estudiantes, según estándares objetivos.

Además, en la mayoría de los casos, las universidades en el extranjero cuentan con juntas integradas por representantes de la comunidad y de los diversos sectores propiamente de las universidades.

Así se procura que haya un diálogo directo entre la universidad y el mundo real, al cual supuestamente pertenece.

En cambio en Costa Rica los consejos universitarios son conformados con la excepción del Ministro de Educación Pública únicamente por los administradores, profesores y estudiantes de la propia universidad.

El incremento que los centros de estudio superior del Estado pidieron demuestra que viven otra realidad.

Se trata del 1,25% del valor de la producción anual, en un proceso escalonado de cuatro años plazo, que al tomar en cuenta las cifras actuales equivaldría a $375 millones por año.

Al suponer de forma optimista que el presupuesto del Gobierno sea de unos $5 mil millones en 2014 (en 2009 fue de $4,1 mil millones), el incremento solicitado representaría no menos del 7,5% de todos los impuestos pagados en este país.

Mientras tanto, los estudiantes de las universidades estatales pagan un promedio de aproximadamente $550 al año, siendo este monto uno de los más bajos del mundo, expresado como proporción del poder adquisitivo por persona.

Es correcto el principio de respaldar a través de las becas a los buenos alumnos con pocos recursos económicos; no obstante, no hay ninguna razón para no obligar a los demás a pagar una matrícula razonable, por una formación que les permitirá contar una vida económica exitosa.

La situación además tiene que analizarse dentro de un ambiente económico negativo.

Actualmente, el país está lidiando con un déficit fiscal de casi el 5% del producto interno bruto; en este caso, pagar más a las universidades públicas (cuyo presupuesto ordinario para este año es equivalente a unos $600 millones) implica que se tendrá que sacrificar a otros estudiantes, quizá de escuelas públicas primarias y secundarias, que en varios casos ni siquiera gozan de pupitres.

Para asegurar que se mantenga la libertad intelectual, las universidades públicas deben contar con un alto grado de independencia.

Pero, por otro lado, no pueden vivir en las nubes.

Fred Blaser

Copresidente

República Media Group