Universidad y democracia

Universidad y democracia

Es ya un lugar común afirmar que la educación en todos sus niveles constituye un pilar básico de los pueblos, una esperanza de construir un futuro para las nuevas generaciones y una condición indispensable para que haya un régimen democrático. Es por eso que, desde los tiempos de la reforma en la educación, llevada a cabo por nuestros liberales, la responsabilidad social y política de la educación se considera derecho ciudadano. Lo cual nos permitió poner las bases de un sistema político sumamente estable y no sufrir feroces dictaduras como en otros países.
En todo ello la universidad pública cumplió un papel esencial desde la creación de la Universidad de Santo Tomás en 1843. En la actualidad las universidades públicas realizan la misión, indispensable para todo país civilizado, de desarrollar en su casi totalidad, la investigación científica en nuestro medio. En sus laboratorios e institutos de investigación cultivan de manera sistemática y disciplinada, gracias a un notable grupo de científicos reconocidos internacionalmente, las arduas tareas inherentes a la investigación básica. Todo lo cual ha permitido a nuestras universidades públicas, en especial, a la Universidad de Costa Rica, ocupar un lugar destacadísimo entre las universidades del mundo entero. En concreto, gracias a un préstamo con el BCIE desde 1989 se creó en dicha universidad la Ciudad de la Investigación, única en toda la región. Años más tarde, un préstamo similar permitió a la Universidad Nacional, construir en su sede central hermosas y necesarias edificaciones. En estos días se acaba de firmar entre todas las universidades públicas y el Banco Mundial un préstamo para que mejoren sus servicios y su infraestructura, siempre con miras a cumplir los fines para los que fueron creadas.
Pero las universidades no podrán cumplir su patriótica e insustituible misión si no se respetan de manera rigurosa y sin excusas las normas constitucionales que garantizan su buen funcionamiento. Entre ellas destaca la autonomía. Este principio fue irrespetado de manera flagrante recientemente por la empresa Infinito. Su gerente general solicita “la exclusión del Dr. Jorge A. Lobo” como profesor del seminario que imparte en la Escuela de Biología sobre Las Crucitas. Incluso esa trasnacional amenaza con recurrir a la vía judicial si considera que se den “cualquier tipo de ofensa a la imagen de la empresa o de cualquiera de sus representantes” (LA NACION, 19 agosto 2012, ANCORA, pg.8). Este exabrupto fue de inmediato repudiado por el Rector, el Consejo Universitario, profesores y estudiantes en defensa de los principios constitucionales de libertad de cátedra y autonomía universitaria. Este bochornoso incidente demuestra que ninguna norma constitucional, sustento de nuestro sistema democrático, está garantizada si los ciudadanos no se constituyen en sus inclaudicables garantes. Ya lo dijo el maestro García Monge, la Patria se construye día a día. El Profesor Lobo, los grupos ecologistas y las autoridades universitarias han dado muestra de esta verdad.

Arnoldo Mora