Unanimidad legislativa contra el narcoterrorismo
| Sábado 14 febrero, 2009
Unanimidad legislativa contra el narcoterrorismo
Con la aprobación de la ley antiterrorista en la Asamblea Legislativa, no solo pusimos a derecho a Costa Rica ante la comunidad de inteligencia internacional y otorgamos mejores instrumentos jurídicos a las autoridades nacionales para combatir el narcoterrorismo. También enviamos un mensaje claro de que el país debe reforzar y afinar todas sus políticas y estrategias para combatir una de las más temibles y poderosas redes globales del crimen organizado.
El terrorismo utiliza el máximo terror sangriento, indiscriminado, para paralizar, aterrorizar y someter a sus adversarios e imponer sus condiciones.
La legislación aprobada surge cuando ha emergido también la globalización del terrorismo, en la cual se interconectan, cooperan y se funden las vastas redes del terrorismo que operan en el mundo.
Esta guerra asimétrica, como conceptúa Villamarín Pulido, en “Conexión Al-Qaeda”, exige la acción estratégica militar, policial y de inteligencia; la coordinación y cooperación internacional estrecha para atacar e inmovilizar el blanqueo o legitimación de capitales, reforzar los controles fronterizos y, paralelamente, toda la acción preventiva y las políticas de desarrollo nacional socialmente inclusivas que eduquen y protejan a la juventud y la incorporen a los procesos productivos. Si el mundo desarrollado no es capaz de reinvertir en programas de cooperación internacional con el mundo en desarrollo, difícilmente podremos nosotros realizar nuestra tarea frente al narcoterrorismo, y difícilmente se podrán contener las oleadas migratorias.
Pero además, el llamado primer mundo —hoy en su primera crisis predepresiva global— debe renunciar a esa arrogancia que concibe su existencia como una guerra contra los pobres, tal como la dijo Warren Maddof el 26 de noviembre de 2006, en el New York Times: “existe, y es un hecho una guerra de clases; solo que es una clase, la clase de los ricos, la que dirige el baile; y esa guerra la estamos ganando”.
América latina requiere presentar un frente unido ante el mundo, pues esta es una de las principales estrategias para restablecer equilibrios multilaterales en las relaciones internacionales, desequilibradas.
Con la ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo y el narcotráfico, se penalizan los delitos derivados y conexos, se tipifica con mayor precisión y, en conjunto con la demás legislación, y normas del derecho internacional, el país refuerza el marco legal para combatir, con la cooperación internacional ese poderío.
Se trata de una ley que no permite el abuso del término “terrorista” para un uso indiscriminado y manipulado, sobre todo en cuanto a fuerzas beligerantes de la insurgencia política. Sería nefasto que en el país se utilicen esquemas similares a la famosa Ley Patriota y que los estados pudieran entronizar el terrorismo de estado por su fracaso en la lucha contra ese flagelo.
Debo reconocer la participación de un grupo colegiado que trabajó con unanimidad, claridad, compromiso y devoción, conjuntamente con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como funcionarios de la banca estatal y privada.
Federico Tinoco Carmona, diputado
Presidente de la Comisión de Narcotráfico
Con la aprobación de la ley antiterrorista en la Asamblea Legislativa, no solo pusimos a derecho a Costa Rica ante la comunidad de inteligencia internacional y otorgamos mejores instrumentos jurídicos a las autoridades nacionales para combatir el narcoterrorismo. También enviamos un mensaje claro de que el país debe reforzar y afinar todas sus políticas y estrategias para combatir una de las más temibles y poderosas redes globales del crimen organizado.
El terrorismo utiliza el máximo terror sangriento, indiscriminado, para paralizar, aterrorizar y someter a sus adversarios e imponer sus condiciones.
La legislación aprobada surge cuando ha emergido también la globalización del terrorismo, en la cual se interconectan, cooperan y se funden las vastas redes del terrorismo que operan en el mundo.
Esta guerra asimétrica, como conceptúa Villamarín Pulido, en “Conexión Al-Qaeda”, exige la acción estratégica militar, policial y de inteligencia; la coordinación y cooperación internacional estrecha para atacar e inmovilizar el blanqueo o legitimación de capitales, reforzar los controles fronterizos y, paralelamente, toda la acción preventiva y las políticas de desarrollo nacional socialmente inclusivas que eduquen y protejan a la juventud y la incorporen a los procesos productivos. Si el mundo desarrollado no es capaz de reinvertir en programas de cooperación internacional con el mundo en desarrollo, difícilmente podremos nosotros realizar nuestra tarea frente al narcoterrorismo, y difícilmente se podrán contener las oleadas migratorias.
Pero además, el llamado primer mundo —hoy en su primera crisis predepresiva global— debe renunciar a esa arrogancia que concibe su existencia como una guerra contra los pobres, tal como la dijo Warren Maddof el 26 de noviembre de 2006, en el New York Times: “existe, y es un hecho una guerra de clases; solo que es una clase, la clase de los ricos, la que dirige el baile; y esa guerra la estamos ganando”.
América latina requiere presentar un frente unido ante el mundo, pues esta es una de las principales estrategias para restablecer equilibrios multilaterales en las relaciones internacionales, desequilibradas.
Con la ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo y el narcotráfico, se penalizan los delitos derivados y conexos, se tipifica con mayor precisión y, en conjunto con la demás legislación, y normas del derecho internacional, el país refuerza el marco legal para combatir, con la cooperación internacional ese poderío.
Se trata de una ley que no permite el abuso del término “terrorista” para un uso indiscriminado y manipulado, sobre todo en cuanto a fuerzas beligerantes de la insurgencia política. Sería nefasto que en el país se utilicen esquemas similares a la famosa Ley Patriota y que los estados pudieran entronizar el terrorismo de estado por su fracaso en la lucha contra ese flagelo.
Debo reconocer la participación de un grupo colegiado que trabajó con unanimidad, claridad, compromiso y devoción, conjuntamente con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como funcionarios de la banca estatal y privada.
Federico Tinoco Carmona, diputado
Presidente de la Comisión de Narcotráfico