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Lunes 31 Mayo, 2010


Este avance sustancial que hemos dado con la reforma a nuestra Carta Magna exige una reforma fiscal que le dé fundamento económico a ese 8% del PIB, y a la declaratoria de obligatoriedad de la Enseñanza Diversificada

Una reforma trascendental

La Asamblea Legislativa aprobó recientemente en primer debate un proyecto que reforma la Constitución Política, para aumentar del 6% al 8% del Producto Interno Bruto, el gasto público destinado a la educación.
Durante el trámite del citado proyecto, incorporado a la corriente legislativa en el cuatrienio 2002-2006 por la fracción socialcristiana de entonces, presenté una moción para establecer la gradualidad de ese aumento hasta llegar al 8% en 2014, partiendo de que el gasto público anual en educación no sea inferior al del año precedente. En acuerdo con diputados de otras bancadas, incorporamos una norma para que, mientras no se emita la respectiva ley para calcular el PIB, sea el Banco Central quien asuma esa responsabilidad.
Conviene llamar especialmente la atención sobre el hecho de que, en esta reforma constitucional, la inclusión dentro del concepto de obligatoriedad, de la Educación Diversificada, que hasta el presente cubre únicamente a la Educación Preescolar y la General Básica.
Elevar en dos puntos del PIB el gasto público en educación es una reforma trascendental que pondrá a nuestra educación en el sitial que le corresponde. A partir de ahí podremos elevar su calidad, su cobertura, incorporar la tecnología contemporánea a la enseñanza, mejorar las instalaciones físicas y dignificar el salario y las condiciones laborales de los educadores, lo que tendrá repercusiones importantes en el desarrollo del país, la calidad de vida de la población y el aumento en la calificación de nuestra fuerza de trabajo.
Declarar obligatoria la educación diversificada, junto al incremento presupuestario señalado, le dará al Estado costarricense instrumentos reales para garantizar que los niños y jóvenes en edad escolar, permanezcan efectivamente en las aulas.
En la pasada Administración, se echó a andar el programa “Avancemos”, cuyo propósito fue tratar de disminuir la creciente y preocupante deserción que se daba en el sistema educativo, particularmente en la educación diversificada. Pese a sus buenos propósitos, el programa no logró evitar que un preocupante porcentaje de nuestros estudiantes abandonaran las aulas, con la perspectiva de terminar siendo mano de obra barata y engrosar los cuadros de pobreza y miseria existentes en el país.
Este avance sustancial que hemos dado con la reforma a nuestra Carta Magna, que en términos económicos significa aproximadamente ¢370 mil millones, necesariamente exige una reforma fiscal que le dé fundamento económico a ese 8% del PIB, y a la declaratoria de obligatoriedad de la Enseñanza Diversificada que también incorporamos al nuevo texto constitucional.
Datos oficiales dan cuenta de que el país, en consonancia con la situación mundial, entró ya en un proceso sostenido de recuperación económica. En esa coyuntura se espera que el TLC con Estados Unidos empiece a generar frutos. Además, el Poder Ejecutivo suscribió dos tratados similares con China y Singapur y se acaba de pactar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Estamos hablando de escenarios donde nuestros exportadores tienen amplias posibilidades de potenciar su músculo y hacer negocios. Esa circunstancia los llevará a buscar fuerza de trabajo de alta competitividad, que solo se consigue por la vía de la formación, de la capacitación, de la educación en general.
Y el mismo panorama del sector exportador se está viviendo a nivel interno.
Este es el momento de darle un giro sustancial a nuestro régimen tributario. No hay ninguna razón para posponer el trámite de una reforma fiscal, necesaria para el país, para disminuir la creciente brecha social, reducir la pobreza y la miseria, remozar en todos sus ámbitos nuestra educación, que tenga como su punto de partida poner a tributar como corresponde a los que más tienen.

Luis Fishman Z.
Diputado