Una reforma que destruye
| Miércoles 25 julio, 2012
Una reforma que destruye
El pasado 20 de junio la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de reformas a la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Delitos de Propiedad Intelectual.
El espíritu de las reformas parecía bien orientado, pues como se puede leer en la exposición de motivos, procuraba que para usos académicos y de investigación, las obras literarias, las obras sonoras y las obras artísticas, pudieran reproducirse sin que su uso no autorizado por los titulares de sus derechos, pueda dar pie a sanciones penales.
No obstante, las reformas aprobadas fueron muchísimo más allá y eliminaron de cuajo las sanciones penales por TODA violación de derechos de autor, independientemente de quien es el infractor, de si el uso es verdaderamente académico o investigativo, permitiendo, además de la reproducción, comunicación abierta y pública de obras literarias, artísticas y sonoras.
Por la conexión de estas reformas con otras leyes, es importante dejar claro que cuando se refiere a obras literarias, en nuestra legislación nacional se incluyen los programas computacionales de todo tipo, las bases de datos con información privada o pública, personal, empresarial o gubernamental, y muchas otras creaciones que por simplicidad y costumbre, se refieren bajo este concepto.
El trabajo intelectual —la creación de literatura, la creación de software, la creación de obras de animación digital y multimedia, la creación y generación de conocimiento empresarial y de negocios, las producciones artísticas o las invenciones científicas y tecnológicas— ha quedado sin un instrumento de protección jurídica fundamental, lo que equivale a decir que el Estado costarricense ha renunciado a dar protección a propiedad privada fundamental para nuestro desarrollo.
Costa Rica agotó su frontera agrícola. No dispone de recursos minerales o activos financieros para sustentar las inversiones que su desarrollo requiere. Para ser viable, dadas las aspiraciones a un “Estado del Bienestar” a que aspira su población, requiere viabilizar el talento de su gente e insertarse en las cadenas globales de producción y servicio a partir de la creación, innovación y conocimiento de su gente.
Si la Asamblea Legislativa es incapaz de comprenderlo, aún queda la esperanza de que el Poder Ejecutivo, donde esta relaciones si se comprenden, ejerza sus atribuciones y responsabilidades, mediante el veto que la señora Presidenta puede y debe ejercer en este caso. Ese veto permitiría iniciar otro proceso en el que, sin perder el propósito noble que originó las reformas, garantice que las excepciones están apegadas a la normativa internacional, contenida en el artículo 9 del Convenio de Berna, donde estas excepciones están técnica y políticamente enmarcadas y autorizadas.
Alexander Mora Delgado
Presidente CAMTIC
El pasado 20 de junio la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de reformas a la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Delitos de Propiedad Intelectual.
El espíritu de las reformas parecía bien orientado, pues como se puede leer en la exposición de motivos, procuraba que para usos académicos y de investigación, las obras literarias, las obras sonoras y las obras artísticas, pudieran reproducirse sin que su uso no autorizado por los titulares de sus derechos, pueda dar pie a sanciones penales.
No obstante, las reformas aprobadas fueron muchísimo más allá y eliminaron de cuajo las sanciones penales por TODA violación de derechos de autor, independientemente de quien es el infractor, de si el uso es verdaderamente académico o investigativo, permitiendo, además de la reproducción, comunicación abierta y pública de obras literarias, artísticas y sonoras.
Por la conexión de estas reformas con otras leyes, es importante dejar claro que cuando se refiere a obras literarias, en nuestra legislación nacional se incluyen los programas computacionales de todo tipo, las bases de datos con información privada o pública, personal, empresarial o gubernamental, y muchas otras creaciones que por simplicidad y costumbre, se refieren bajo este concepto.
El trabajo intelectual —la creación de literatura, la creación de software, la creación de obras de animación digital y multimedia, la creación y generación de conocimiento empresarial y de negocios, las producciones artísticas o las invenciones científicas y tecnológicas— ha quedado sin un instrumento de protección jurídica fundamental, lo que equivale a decir que el Estado costarricense ha renunciado a dar protección a propiedad privada fundamental para nuestro desarrollo.
Costa Rica agotó su frontera agrícola. No dispone de recursos minerales o activos financieros para sustentar las inversiones que su desarrollo requiere. Para ser viable, dadas las aspiraciones a un “Estado del Bienestar” a que aspira su población, requiere viabilizar el talento de su gente e insertarse en las cadenas globales de producción y servicio a partir de la creación, innovación y conocimiento de su gente.
Si la Asamblea Legislativa es incapaz de comprenderlo, aún queda la esperanza de que el Poder Ejecutivo, donde esta relaciones si se comprenden, ejerza sus atribuciones y responsabilidades, mediante el veto que la señora Presidenta puede y debe ejercer en este caso. Ese veto permitiría iniciar otro proceso en el que, sin perder el propósito noble que originó las reformas, garantice que las excepciones están apegadas a la normativa internacional, contenida en el artículo 9 del Convenio de Berna, donde estas excepciones están técnica y políticamente enmarcadas y autorizadas.
Alexander Mora Delgado
Presidente CAMTIC