Ante la corriente pseudoliberal que desconoce la pertinencia de los controles para evitar abusos de la administración, resulta oportuno el debate generado a partir de la aprobación y publicación de la llamada “ley mordaza”

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Una ley urgente

La transparencia y el acceso a la información pública deben ser ejes fundamentales de toda acción política, y el Estado tiene la responsabilidad de someter sus decisiones al escrutinio de la ciudadanía, especialmente cuando están relacionadas con el uso de recursos públicos.
Ante la corriente pseudoliberal que desconoce la pertinencia de los controles para evitar abusos por parte de la administración, y un creciente interés por silenciar y culpar a los medios de comunicación por la descalificación de los ciudadanos al rumbo errante del Gobierno, resulta oportuno el debate nacional generado a partir de la aprobación y publicación de la llamada “ley mordaza”.
Las advertencias de diferentes sectores sobre los peligros de la Ley, no solo para el ejercicio del periodismo, sino también para los ciudadanos y los funcionarios públicos honestos, fueron contundentes. Igual de contundente debe ser entonces la respuesta que demos los legisladores.
Como primer paso, la diputada Carmen Muñoz y este servidor, presentamos un texto sustitutivo que contiene la esencia de la propuesta del Colegio de Periodistas, e incorpora algunos criterios de los expertos recibidos en audiencia en la Comisión de Derechos Humanos.
En primer término proponemos, en el artículo 196 bis, una reducción de las penas mínimas aplicables. De esta manera el juez tendrá mayor margen para interpretar y aplicar medidas alternativas o una pena condicional a la cárcel. Si se mantiene el mínimo en tres años esa opción es casi imposible.
En este mismo artículo proponemos un cambio trascendental que aún no había sido contemplado. Eliminamos el inciso b, que agrava las penas “cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas”.
También circunscribimos la sanción cuando se refiera a información definida como Secreto de Estado.
La eliminación del inciso b del artículo 196 bis es fundamental para avanzar en la efectiva rendición de cuentas por parte de los gobiernos y debe ser complementado con una ley que urge en Costa Rica: Ley de Transparencia y Acceso Efectivo a la Información Pública.
En los próximos días estaré presentando un proyecto de ley en esa línea. Y es que el debate público colocado oportunamente por los medios de comunicación conlleva ese tema de fondo: la transparencia y el acceso a la información pública, bajo los principios del buen gobierno.
En los países que profundizan sus democracias se fortalecen las instituciones y la forma en que estas se relacionan con la ciudadanía. Se les da herramientas a los ciudadanos para que con acceso oportuno a la información pública puedan juzgar con más criterio la capacidad de sus líderes y validar sus derechos frente al Estado.

Mi compromiso, en consecuencia con esa visión de Estado, es promover en el corto plazo esa legislación, que refuerce la transparencia en la actividad pública por medio de un Portal de Transparencia en el que serán públicas todas las compras y contrataciones del Estado; que garantice el acceso a la información, y que establezca las obligaciones del gobierno de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
La esperanza es que a partir de este debate confluyamos en una sociedad, y una prensa, más crítica, más exigente, más empoderada y más participativa, consciente de sus responsabilidades y su papel fiscalizador de la cosa pública.

Juan Carlos Mendoza García
Precandidato del PAC