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Lunes, 17 de diciembre de 2018



EDITORIAL


Una deuda pendiente

| Sábado 10 noviembre, 2007



Una deuda pendiente

Han transcurrido 11 años desde que se aprobó la Ley 7.600 sin que, hasta el momento, la población con discapacidad haya experimentado una significativa mejoría en su entorno cotidiano.
Una nota que publica hoy LA REPUBLICA deja en evidencia que, pese a las prórrogas, las condiciones en que se presta el transporte y la infraestructura en sí, no garantizan los derechos de las personas con alguna discapacidad.
Las modificaciones más notorias, explica la nota, se han realizado en baños y parqueos, pero aún quedan otros servicios tan importantes para la población como el acceso real a la información, las cuentas que deben pagar o simplemente el lugar por donde se deben desplazar.
Las calles aún no tienen las aceras debidas, muchos centros comerciales no cuentan con las rampas necesarias y la gran mayoría del transporte público no está en capacidad de prestar un buen servicio a una persona en silla de ruedas, por ejemplo.
En el caso de los taxis, la ley solicitaba que un 10% debería especializarse en la atención de personas con alguna inhabilidad física, pero cuando se hizo la debida licitación no hubo tantos interesados y solo se habilitaron 260 de las 1.300 placas disponibles.
En la actualidad la realidad refleja que solo 100 vehículos brindan el servicio de transporte a personas con alguna discapacidad.
En el caso de las oportunidades laborales y educativas estas parecen seguir siendo reducidas para una población que representa al menos el 10% de los habitantes del país.
En pocas palabras la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad parece haberse quedado más en la teoría que en la práctica y un instrumento legal que se concibió hace una década con el fin de regular el trato discriminatorio hacia las personas que sufren alguna discapacidad física, no ha logrado calar lo suficientemente hondo en las conciencias, tanto de las autoridades privadas como públicas.
Es hora de dar oportunidades sin reparos, incluso económicos, porque lo que se pueda invertir en la adaptación bien se traduce en inversión en nuestra misma sociedad.
La deuda con las personas discapacitadas está pendiente y más aún después de la publicación de una ley para este propósito que no se ha sabido cumplir cabalmente. Es más, desde hace 11 años esta deuda acumula intereses.