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Ana Virgina Calzada, presidenta de la Sala IV, reprueba crear una nueva Carta Magna
“Una constituyente es innecesaria”
Fallos de este Tribunal están por encima del Contencioso Administrativo, aduce magistrada

La posibilidad de reformar en su totalidad la Constitución Política, su arma de trabajo diario, no solo genera temor en Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, sino que lo considera una opción innecesaria.
A su juicio, convocar una asamblea nacional constituyente pondría en peligro los derechos de los costarricenses.
Por el contrario, apuesta por reformas parciales, eventualmente en aspectos como la forma de designar a una persona por elección popular, y las normas presupuestarias.
Calzada conversó con LA REPUBLICA sobre este y otros temas, aunque se abstuvo de hablar sobre la fecundación in vitro y la posibilidad de crear una ley que permita a la ciudadanía quitar a un ministro, diputado y hasta al propio presidente de la República, pues teme adelantar criterio.

¿Es necesario reformar la Sala IV?

Absolutamente. Se necesita una reforma inmediata que tiene que ver que con un proceso estructural; necesitamos una reforma más profunda y negociada de todas las competencias de la Sala.

¿Cómo debe hacerse el cambio?

Una reforma estructural, que puede darse pronto, dividiendo la Sala en dos cámaras, donde ambas conozcan recursos de amparo y hábeas corpus; que el pleno de la Sala conozca acciones de inconstitucionalidad, consultas y los conflictos de competencias. Obviamente, no sería la reforma de fondo que necesita.

¿Cuál sería la reforma de fondo?

Hay que establecer cuántos diputados como mínimo deben enviar una consulta para que esta sea acogida, porque la conformación del Congreso cambió, ya no son dos partidos. En cuanto a la tramitación, hemos hecho reformas a lo interno, y sin embargo, tenemos que hacer otro tipo de reformas. Otra modificación que podría ser de fondo, es la conformación de tribunales de amparo y hábeas corpus y dejar a la Sala solo cuestiones de constitucionalidad.

¿Ayudarían a reducir los tiempos de respuesta, una crítica a la Sala?

Esas son cosas que la gente dice y comienzan a repetirse sin fundamentos de fondo. Duramos en promedio 15 días en un hábeas corpus y de 20 a 30 días en un recurso de amparo. En las acciones de inconstitucionalidad tardamos un poco más, pero es obvio, el 90% de los asuntos son amparos.

En el Congreso, existen unos 150 proyectos para modificar la Constitución, ¿considera necesario reformarla en su totalidad?

Hace 20 años, cuando entré a la Sala le hubiera dicho que sí, pero hoy le digo que no. Hay que meditar cuáles de las instituciones constitucionales requieren una reforma. El problema no está en la Constitución, está en las leyes y en su ejecución.

¿Hay aspectos de la Constitución que requieren una reforma?

Claro, por ejemplo, cuando el constituyente estableció las normas presupuestarias, las hizo bastante rígidas. Podría ser que eventualmente el Estado actual necesite normas más flexibles, esa es una de las cosas que no necesitan pasar por una reforma total de la Constitución.

¿Una constituyente paraliza al país?

Es totalmente innecesaria, puede tomar mucho tiempo y hay implicaciones cuando uno la convoca; sobre todo la función de contralor de derechos fundamentales queda suspendida, es un tema del que deberíamos estar conscientes todas las personas. A mí me daría mucho temor tocar la Constitución en otro tipo de garantías y tenerlas suspendidas.

¿Puede permear los intereses de grupos particulares?

En derechos laborales, no sabemos qué puede haber; yo creo que tenemos una Constitución protectora de esos derechos.

¿En materia electoral?

Me parece que no habría que tocarla, el Tribunal de Elecciones ha aplicado varios principios constitucionales, como el tema de apertura a la participación de la mujer en la política. Se puede jugar con varias normas. O habría que cuestionarse si la forma de participar en política quiere ser variada.

Tomando en cuenta que a los magistrados los elige el Congreso, ¿se puede decir que la Sala IV está politizada?

Tenemos que diferenciar el término político con participación en partidos políticos, la Sala no participa con tendencias políticas, ideológicamente estamos trabajando con un instrumento que se llama Constitución Política.

¿Tiene color político?

El color político sería el color de la bandera de Costa Rica.

¿Siendo la Sala IV la última instancia judicial, no cree que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en torno a mina Crucitas genera roces?

Esto es un fallo aislado, que todavía no está firme, está por ser resuelto por la Sala Primera y bueno, ya veremos lo que resuelva. Un fallo no implica que todo esté mal, lógicamente entendemos que existen en el ordenamiento jurídico diferentes etapas de los Tribunales y la Sala está por encima de un Tribunal de lo Contencioso.

Entonces, ¿coincide con la tesis de que el trámite ante el Contencioso no tiene validez, al ser cosa ya juzgada?

En algunos temas sí, la Sala resolvió por el fondo del asunto.

¿Cree que la Sala IV afronte una crisis de credibilidad?

No, la mayoría de la gente ve en la Sala un lugar donde puede defender sus derechos, pero la institucionalidad en general, sí ha sufrido en la credibilidad.

¿La Sala IV tiene enemigos?

Claro, cuando resolvemos, hay un grupo de gente que no está satisfecho, pero así como tenemos enemigos, también tenemos amigos.

En temas más específicos. ¿Hasta qué punto los derechos sindicales afectan el interés colectivo?

Lo que afecta es el abuso de esos derechos y es ahí donde tiene que venir la balanza. Los derechos sindicales tenemos que respetarlos y deben verse en las mesas de negociación, lo que pasa es que muchas veces, con el tema de las huelgas afectan otros grupos sociales.

Sobre este aspecto, está en consulta la legalidad de las huelgas ¿cuándo se conocerá el fallo?

Esta semana, el problema es que este tema lo resolvemos con Sala completa y hasta este miércoles contamos con el magistrado Paul Rueda.

En cuanto a la crisis de la Caja, ¿la Sala IV coadyuvó, como dijo un exjerarca?

Cuando algo funciona mal, tendemos a echarles la culpa a otros y no asumir la responsabilidad que nos toca. Los medicamentos que ordenamos, no son porque se nos antoja, son medicamentos que se agotaron y que la Caja sabe que debe comprar. No creo que eso afecte las finanzas de la Caja, si ya lo tenían presupuestado. En algunas ocasiones, un médico de la Caja recomienda la compra. Los medicamentos que ordenamos comprar es un porcentaje muy bajo del presupuesto. Si ese porcentaje quiebra la Caja, el sistema está funcionando mal.

¿Cuáles criterios se tomaron para fallar a favor de un trabajador alcohólico, luego de ser despedido?

Tenemos un dictamen que no es nuestro, no inventamos que el alcoholismo es una enfermedad, si la OMS nos dice eso, las personas que padecen esa enfermedad tienen derecho a que se les dé un procedimiento al igual que a otra persona cualquiera.

Natasha Cambronero
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