Un país agrícola sin políticas para el agro

De cal y de arena

Un país agrícola sin políticas para el agro

Su golpe a la mesa es una llamada de atención a las autoridades de gobierno sobre las angustias que vive. El sector agropecuario no demanda privilegios ni gollerías; sí una política de Estado que reconozca la importancia social, económica y política que tiene un sector que se desenvuelve donde se asienta el 41% de la población —con 140 mil productores agropecuarios— y que aporta cerca del 14% del PIB con la agroindustria incluida.

El golpe de mesa lo provocó la deformación de la ley que creó el impuesto de bienes inmuebles #7509 cuando en 2008 se establecieron las Plataformas de Valor por Zonas Homogéneas (PVZH) y se prescindió del factor de corrección dirigido a cautelar las características diferenciadoras de las fincas de uso agropecuario. Y está precedido por largos años de marginación en las políticas públicas.

Hoy la estrechez se hace mayor, como lo recalca el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, “por la persistente alta vulnerabilidad alimentaria en medio del desafío de garantizar alimentos”.

El gobierno optó por otros estilos de inserción económica internacional y desatendió al sector agropecuario, en particular el de la producción dirigida al mercado interno.

Los precios de los alimentos en el mercado internacional se disparan en un cuadro influido también por la creciente inestabilidad climática. ¿No es tiempo de ayudar al agro?

Cuando pide justicia y equidad saltan los escrúpulos de convento y se habla de exenciones y privilegios disimuladamente montados a favor de las grandes fincas.

Ni una cosa ni otra ha pretendido el sector, como sí la rectificación del mecanismo que uniforma la valoración para tierras de uso agropecuario y las de uso domiciliario, turístico o industrial y la restitución de un factor de corrección según resulte del censo agropecuario nacional que acertadamente se ordenó realizar.

Las negociaciones dieron paso a una inteligente fórmula que preserva valores actuales y limita los montos de las recalificaciones en tanto se practica el censo.

En un estadio y otro, toda la realidad agropecuaria —grandes, medianos y pequeños— quedará abarcada en tanto se espera que los candidatos presidenciales en plena liza se ocupen (¿?) de presentar al electorado su visión de lo que debe ser la política de Estado para el mundo agropecuario en tiempos difíciles.

A ver si acaba tanto manoseo populista y demagógico del tema que muchos han hecho con clara ignorancia de la realidad. Que se conozca que lo exportado por INTEL en 2011 incorporó unos $300 millones en valor agregado nacional y que lo exportado en café montó a $300 millones también pero con un 75% de valor agregado nacional, con 2.800 y 50 mil emplanillados, en un caso y en el otro. Con exoneraciones que en el fondo son subsidios en un caso y sin un estimulante régimen tributario en el otro. Y para quienes en radio y TV hablan de los privilegiados finqueros grandes: ¿cuánto pagan esos gigantes por usar las frecuencias concesionadas?

Alvaro Madrigal