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Miércoles 26 Octubre, 2011

Un debate incómodo para los jerarcas

Por primera vez en muchísimos años, quizá tantos como tenemos de ser nación, se ha generado un interesante y fructífero debate en torno al Presupuesto de la República 2012.
Esta discusión se mantuvo siempre encerrada en los predios del parlamento, donde los diputados oficialistas defendían la propuesta del Ejecutivo, mientras algunos de la oposición la combatían, y nada cambiaba.
Hoy esa situación es radicalmente diferente. En los medios de comunicación, en las redes sociales, en los centros de trabajo y de estudio, en las organizaciones laborales y empresariales, y en muchos otros lugares donde se congrega la gente, el presupuesto se ha convertido en tema de conversación.
La razón es que las fuerzas de oposición agrupadas en la Alianza por Costa Rica dirigimos los destinos de la Comisión de Hacendarios, que me honro en presidir, nos hemos esforzado por analizar a profundidad y poner en conocimiento de la ciudadanía de qué se trata ese plan de gastos y denunciar las múltiples y multimillonarias partidas, destinadas a gastos superfluos, duplicidad de planillas, viajes, fiestas, compras de vehículos, servicios de dudosa realidad; en fin, ese festín que se pretende hacer con dineros que aportamos todos los costarricenses.
Hoy todo eso se comenta en los más variados ámbitos de la opinión pública, y eso es lo que incomoda a las autoridades de ministerios y de distintos Poderes de la República. La Presidenta de la República me llamó demagogo, y otros jerarcas han pegado el grito al cielo afirmando sin fundamento que pretendo quebrar instituciones y desmantelar programas.
En ese afán por acallarme y tratar de que no se conozcan las interioridades y despilfarros de ese presupuesto, hasta han enredado a compañeros cercanos, poniéndolos a decir que pretendo eliminar los dineros para la comida de policías y privados de libertad. Nada más alejado de la realidad.
Lo que sí es cierto es que me estoy oponiendo firmemente a los ¢357 millones que el Poder Judicial quiere destinar a la compra de vehículos para los magistrados, y a los ¢132.824.408 programados para viajes y viáticos al exterior, entre otras muchas partidas superfluas y suntuarias que están en ese presupuesto de la Corte.
Por supuesto que tienen que estar incómodos los jerarcas cuando he denunciado el pretendido aumento de 28.260,70% en la partida de compra de materiales y productos metálicos, y de 16.656,11% en gastos para adquirir materiales y productos minerales y asfálticos, con relación a lo gastado en el 2011, que pretende realizar el Tribunal Supremo de Elecciones, además de que no entiendo ese tipo de gastos, que suman millones, en una institución creada para organizar nuestros procesos electorales.
Estoy en plena capacidad para demostrar, en cualquier tribuna y frente a cualquier jerarca, que ese plan de gastos para 2012 está plagado de abusos, arbitrariedades y desafueros, tanto en el Poder Ejecutivo y sus dependencias como en los otros Poderes de la República.

Luis Fishman
Diputado