Un nuevo pacto laboral y social para el siglo XXI

La existencia de desajustes y excesos en algunas instituciones del Estado en materia de incentivos y mecanismos de retribución al desempeño laboral ha sido objeto de una critica fuerte en los últimos años. Ciertamente, el desorden institucional y las diferencias entre las llamadas instituciones autónomas y semiautónomas del Estado y los órganos del Gobierno central han provocado una divergente y atomizada estructura de salarios y de incentivos en el ambiente laboral público. Empero, resolver esta vorágine de desigualdades no es tan sencillo o simple, como algunos piensan, debe hacerse mediante una conceptualización y adecuación de las condiciones laborales y sociales, readecuando estos a las demandas de talento humano y de requerimientos de competencias de los colaboradores públicos a las demandas del siglo XXI.

El desempleo, la exclusión y como consecuencia la pobreza y la desigualdad han aumentado y estamos al borde de una emergencia social mayúscula, no hay puente que resista y tampoco, ayuda social que pueda contener la desbordada condición de muchas familias que en su desesperación caen presas de todo tipo de opciones, la delincuencia, la droga y la informalidad. Querer tapar este serio problema sería incauto, dado que lo vemos en el campo y en los barrios marginales de nuestras ciudades y son evidentes en cada informe de estadística que se publica. Por eso, intentar reformar el empleo público, cortando incentivos a diestra y siniestra sin pensar en el tipo de Estado, de competencias, de talento humano y de requerimientos de este nuevo siglo, es una apuesta equivocada que traerá mayor desempleo, mayor desigualdad y sobre todo, desmantelará con ocurrencias las capacidades institucionales existentes en el Estado costarricense.

La palabra clave de la ecuación de una reforma al sistema laboral público no debería ser recorte de incentivos o despidos masivos, debe ser aumentos en la productividad, reentrenamiento y capacitación y por supuesto, readecuación de los incentivos a los nuevos entornos y requerimientos del Estado costarricense. Reformar el empleo público sin pensar en el tipo de Estado en el que esperamos se desempeñen dichos funcionarios, es una apuesta equivocada y terminará por minar las ya flacas condiciones del Estado para atender las demandas sociales de este siglo.

Ordenar el empleo pasa por ordenar y armonizar las funciones de rectoría, regulación y actuación de las entidades públicas. Pasa por eliminar duplicidad y aplicar tecnología de punta en los procesos y servicios. Pasa, como lo ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), por identificar cada trámite y hacer el costo beneficio de este, para atender con parsimonia y eficacia las funciones esenciales del Estado. Aumentar la productividad para hacer más y de mejor forma lo sustantivo, eliminando no a funcionarios sino trámites innecesarios, reentrenando al funcionario para que atienda nuevos procesos o actividades de las instituciones.

Un nuevo pacto social y laboral en lo público debe seguir permitiendo la negociación colectiva de trabajo en un marco de austeridad y sentido común, pero pensando en el trabajador y su familia, pensando en incentivos modernos como el teletrabajo, el sistema de mejoramiento de sus competencias, el fortalecimiento de la salud y los hábitos de vida saludables, la corrección de condiciones laborales adversas y la generación, de ambientes y espacios de trabajo acordes con la naturaleza de las funciones y actividades realizadas. El servidor público no es el culpable de la crisis fiscal o de la desbocada burocratización en la que hemos caído en el Estado, por el contrario, los servidores públicos sufren al intentar mejorar lo que hacen en ambientes y ecosistemas institucionales hostiles y llenos de trabas a la innovación o la mejora continua. Debemos cambiar sustantivamente las regulaciones asfixiantes, el control obsesivo y la maraña de tramites que atenta contra el sentido común de lo que hacemos en las instituciones del Estado. Pero para ello, requerimos nuevas competencias tecnológicas y humanas en nuestra institucionalidad, mismas que pueden lograrse con un nuevo pacto laboral que ponga en el centro el factor humano, la innovación, la participación voluntaria y entusiasta de los trabajadores públicos. Si hubiese que corregir algún exceso debe ser negociado y adecuadamente reformado, con sentido común y respeto, evitando afectar las condiciones de vida de las familias. Empero, poner de frente los recortes o achacar la culpa sin entender el entorno público, hace que la medicina sea peor a la enfermedad por atender, violenta a lo más valioso que tenemos en el Estado, nuestros servidores públicos.

De los colaboradores públicos y de los gremios se requiere una visión renovada de su función y una actitud flexible y de motivación al cambio. Es imposible continuar haciendo lo mismo por mucho más tiempo. Las tendencias tecnológicas y los cambios en las demandas sociales nos exigen adaptación, reentrenamiento y flexibilidad para movernos de manera inteligente hacia nuevas formas de hacer los que hoy hacemos, pero debe ser en un ambiente de confianza, de entusiasmo y con la tranquilidad de que el sustento de nuestras familias y la superación y el crecimiento como personas, están garantizados. Es hora de tener un nuevo pacto laboral y social en lo público de cara a la renovación de nuestro Estado y sus competencias para este siglo XXI.