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El restante 60% se distribuye entre 372 firmas, revela estudio de Incae
Un 40% de compras estatales en manos de 20 compañías

• Porcentaje representa unos $760 millones anuales y equivale al 8% del Producto Interno Bruto

• Proyecto gubernamental pretende tener en junio estudio de factibilidad para digitalizar el proceso de compras

Israel Aragón
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Tan solo 20 empresas se encargan de suplir un 40% del total de compras que realiza el Estado, repartiéndose cerca de $760 millones anuales, monto que equivale a casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
El resto de los casi $2 mil millones que gasta el Estado cada año se distribuye entre 372 compañías, lo que significa un promedio de $3,3 millones para cada una, contra unos $38 millones por firma para las 20 que proveen al aparato estatal de la mayoría de sus necesidades.
Así se desprende de una investigación realizada de forma conjunta entre profesores del Incae y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, con base en información facilitada por la Contraloría General de La República.
Esto no implica que haya problemas a la hora de seleccionar a los proveedores, “pues todos tuvieron que pasar de la misma forma por el debido proceso para ser seleccionables, pero muestra lo baja que es la participación en las ofertas el gobierno”, dijo Juan Carlos Barahona, profesor del Incae que aportó al estudio.
El problema es que “es tan enredado y hay tantas interpretaciones a distintos aspectos que muchas empresas, incluso de las grandes, prefieren no participar”, agregó el especialista.
Uno de los aspectos más criticados al sistema de compras del Estado es la inexistencia de un registro único de proveedores, sino que estos deben registrarse en cada institución en la que deseen concursar.
“Es preocupante. No se puede decir que sea incorrecto, pero casi $760 millones es mucho dinero como para que se distribuya en tan pocas empresas. Entre menos acceso a la información exista es más probable que esta sea manipulada, por lo que urge digitalizar las compras. La digitalización fue una promesa de campaña y no puede ser que no se hayan digitalizado siquiera los expedientes de la Caja”, dijo Carlos Gutiérrez, diputado del Movimiento Libertario.
“Efectivamente, en materia de contratación administrativa se suele discutir que tiene trabas, se menciona que los procedimientos de selección de contratista son muy largos y eso los hace engorrosos y caros”, reconoció Carlos Arguedas, gerente de contratación administrativa de la Contraloría.
Otro aspecto que suele obstaculizar el proceso son las apelaciones, sin embargo, “no se puede atribuir las trabas a ellas, porque son los mismos proveedores quienes las presentan. También hay que ver hasta dónde los costos no se generan por déficit de planificación y de gestión del procedimiento del concurso”, consideró Arguedas.
El gobierno pretende digitalizar las compras estatales, de manera que todo el proceso se llegue a realizar de manera electrónica y exista un único registro de todos los proveedores del Estado, proceso que evitaría el registrarse en cada una de las instituciones.
Arguedas considera que “introducir las tecnologías de la información en las compras públicas va a mejorar el proceso, pero que la modernización del sistema no va a estar exenta de obstáculos. Va a ser necesario hacer entender a las instituciones públicas las ventajas de consolidar esos registros, pues cada una quiere tener su propio registro”.
El gerente de contratación administrativa de la Contraloría considera que uno de los mayores beneficios de la digitalización del proceso, además del ahorro de más de ¢500 millones (2% del PIB), es la transparencia que se le dará, pues “todos podrán ver quién concursa para qué y qué es lo que ofrece cada proveedor”, según estimaciones de otros países donde ya se usa el sistema.
Alicia Avendaño, directora de la Secretaría de Gobierno Digital, afirmó q
ue se pretende tener el sistema listo el primer semestre del próximo año, para lo cual se firmó un acuerdo con Corea, que ya cuenta con un sistema similar, para que contribuya en la elaboración de un estudio de factibilidad para el desarrollo de la plataforma tecnológica que se usaría para realizar electrónicamente las compras del Estado.
“Ese estudio se tendría en junio y luego se sacaría a concurso la licitación para escoger la empresa que se encargaría de desarrollar la plataforma”. Se estima que el proyecto costaría unos $10 millones.














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