Turismo perpetuo: el agujero negro de la política migratoria costarricense

Imagine un pueblo costero con 100 viviendas y 15 negocios que generan 100 empleos. Actualmente, hay 35 vacantes que necesitan ser cubiertas. Por suerte, algunos jóvenes acaban de terminar la secundaria y logran suplir parcialmente esa necesidad. Pasan los meses y el pueblo comienza a posicionarse como un destino atractivo. Llegan turistas que, tras unas semanas, dejan de ser visitantes temporales y se transforman en residentes de facto. Comienzan a alquilar viviendas, a consumir más bienes y servicios, y algunos incluso buscan empleos.

Aquí empiezan los desequilibrios. Lo que antes se alquilaba por un precio accesible, ahora se arrienda por mucho más. Algunos están dispuestos a pagar hasta el triple. El efecto inmediato es el aumento del costo de vida y una presión significativa sobre los habitantes locales. En el mercado laboral, los empleadores encuentran más personas disponibles y pueden permitirse ser selectivos. Algunos incluso prefieren contratar a quienes, al no tener papeles en regla, aceptan salarios más bajos. El resultado: el pueblo que tenía 35 vacantes ahora tiene una sobreoferta de 50 personas buscando empleo. Empleo que ya no existe.

El fenómeno es claro: cuando la demanda crece y la oferta se mantiene igual, los precios suben. Esto encarece el acceso a la vivienda, los alimentos y los servicios. Y aunque este patrón se puede explicar desde la economía, su raíz más profunda está en una falla normativa: la falta de regulación efectiva sobre la permanencia de turistas en el país.

Para trabajar legalmente en Costa Rica, un extranjero necesita contar con un estatus migratorio formal, ya sea residencia, estancia o permiso de trabajo. La Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764) sanciona con multas de hasta 12 salarios base a los empleadores que contraten a personas extranjeras sin autorización. Sin embargo, esta regla se incumple con frecuencia. La contratación informal de extranjeros sin papeles se ha normalizado en muchas zonas, especialmente donde la fiscalización es débil.

A esto se suma un agravante: no existe una política eficaz que limite la entrada continua, recurrente y prolongada de personas extranjeras que, sin regularizarse, siguen entrando al país, estampando su pasaporte y quedándose bajo la figura de “turistas”. En la práctica, muchos se han establecido como residentes sin haber cumplido los requisitos que la ley exige para adquirir tal condición. Desnaturalizan el concepto de turista, que debería implicar una estancia corta y temporal.

Este fenómeno del “turismo perpetuo” ha dado origen a prácticas conocidas como border runs, es decir, viajes breves a países vecinos con el único objetivo de salir de Costa Rica y regresar inmediatamente para obtener un nuevo sello de entrada. Esto es posible porque la normativa actual no establece un límite al número de veces que una persona puede ingresar al país como turista en un mismo año. Mientras esto no se corrija, el incentivo para regularizarse es prácticamente nulo.

Cabe recordar que, por cada persona que aplica a una categoría migratoria formal, el Estado costarricense percibe ingresos por concepto de aranceles y tasas migratorias. Esto no ocurre con los turistas perpetuos, que, además de no aportar, generan presión sobre los servicios públicos, el mercado laboral y el acceso a la vivienda. Claro que no son el único factor, pero si es uno que se puede resolver por medio de modificaciones reglamentarias que puede hacerse sin mayor problema. Veamos.

El marco normativo reglamentario que regula quien puede entrar al país como turista es el documento emitido por la honorable Dirección General de Migración y Extranjería (DGME): “Directrices Generales de Visas de Ingreso y Permanencia para No Residentes (DG-30-10-2023-AJ) establece un sistema de clasificación por países que los coloca en 4 categorías:  

• Grupo 1: Pueden ingresar por hasta 180 días únicamente mostrando su pasaporte.
• Grupo 2: Pueden ingresar por hasta 30 días, también sin necesidad de visa.
• Grupo 3 y Grupo 4: Deben obtener visa consular emitida por Costa Rica o, en su defecto, contar con una visa vigente de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o Japón.

En los Grupos 1 y 2, una vez vencido el plazo autorizado, basta con salir del país y volver a ingresar para reiniciar el conteo. La normativa no establece límites de ingresos por año, lo cual permite que muchas personas permanezcan indefinidamente en el país como turistas continuos, sin pasar por ningún proceso formal de regularización.

Lo único que puede limitar esta práctica es la discrecionalidad del oficial migratorio. A veces, al observar un pasaporte repleto de sellos, el oficial sospecha del abuso de esta figura y decide no otorgar el plazo completo, pero esto depende del criterio individual de quien atienda el ingreso. Esa discrecionalidad no suple la ausencia de una norma clara y efectiva.

Este portillo legal puede corregirse sin pasar por la Asamblea Legislativa. Basta con que la honorable DGME emita una nueva directriz. La solución es sencilla, pero con alto impacto: crear un marco de incentivos que promueva la regularización migratoria y desaliente la figura del turista perpetuo. Esto permitiría filtrar a quienes no califican por tener antecedentes penales, carecer de recursos técnicos/conocimientos/académicos, medios económicos o, simplemente, por no cumplir con los requisitos establecidos para optar una residencia temporal, una estancia o un permiso de trabajo.

¿Qué cambios propone la reforma migratoria reglamentaria que planteo?

1. Reducir el plazo máximo de permanencia como turista: de 180 días a un máximo de 60 días por entrada para los países del grupo 1.
2. Limitar el número de días anuales como turista: fijar un tope de 180 días al año, acumulados. Si una persona desea permanecer más tiempo, deberá aplicar a una categoría migratoria formal (tal y como pasa en todo lado).

Además, combinado con la reforma reglamentaria, se podría explorar hacer una reforma legislativa del art.33 numeral 3 de la Ley 8764 con el fin de aumentar las sanciones por permanencia irregular: la Ley establece una multa de $100 por mes extra, pero esta sanción rara vez se cobra. Se propone aumentar la multa a entre 1-2 salarios base por mes de estadía irregular, y aplicar la sanción de forma efectiva, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos, donde el castigo por sobrepasar la estadía autorizada puede incluir la revocación de visas y la prohibición de ingreso por 10 años.

Estas medidas no pretenden cerrar las puertas del país, solamente establecer reglas más justas para todas las personas que viven en Costa Ric, que vienen a corregir una distorsión que está teniendo consecuencias reales sobre la vida de las comunidades costeras y rurales.  No podemos perder de vista que si esta entrada sin límites de turistas no se regula adecuadamente, se puede salir de las manos, pues los fenomenos globales de este año 2025. (guerras, recortes en sistemas de salud, entre otros), continuará atrayendo a extranjeros que buscan paz al país, y si no ponemos orden, vamos a terminar desborados de capacidades.  

Otro proyecto que considero que podría proponerse es:

• Revisión integral de las categorías migratorias económicas:Es imprescindible uniformizar los requisitos económicos de las categorías migratorias en Costa Rica: $1,000 para pensionados, $2,500 para rentistas, $3,000 para nómadas digitales y $150,000 para inversionistas. Estas diferencias reflejan normas creadas en distintos momentos históricos.
  • Pensionado- ¿Alguien cree que un pensionado con $1000 mensuales puede vivir en Costa Rica del 2025? Existe una creciente migración de pensionados que buscan establecerse en el país para acceder a los beneficios de la seguridad social (máxime con los recortes de salud que otros países experimentan), lo cual ejerce una presión significativa sobre la capacidad del sistema de salud y otros servicios públicos. Es necesario analizar este fenómeno de manera integral, ajustando las políticas para garantizar un balance entre la atracción de residentes extranjeros y la sostenibilidad de las instituciones nacionales. Creo que acá urge una reforma legislativa para que el pensionado que venga tenga una cifra sustancialmente mayor, o al menos congruente con los montos que se piden a otras categorías.
  • Creación de nuevas categorías:
    • GREEN VISA: Que implique un pago directamente en efectivo al gobierno de Costa Rica, por ejemplo de unos USD$50,000 dólares  y que ese pago le otorgue el beneficio de transformarse en residente permanente de forma automática. Esto, por supuesto, sujeto a la verificación de estar libre de antecedentes penales.
    • VISA POR INVERSIÓN SOCIAL: Que otorgue residencia temporal o permanente a personas extranjeras que inviertan un monto determinado en proyectos sociales certificados por instituciones públicas como IMAS, FODESAF o municipalidades. La inversión puede dirigirse a centros de salud, vivienda social, escuelas rurales o programas de desarrollo comunal.
    • VISA POR IMPACTO COMUNITARIO/TERRITORIAL: Que conceda residencia a extranjeros que demuestren haber iniciado o financiado proyectos de desarrollo sostenible, agroecología, educación, comunidad, salud o conservación ambiental en zonas rurales, costeras o indígenas. Esta visa reconocería y formalizaría su aporte al país.
• Implementar un sistema de tarifas de aplicación diferenciadas que ofrezca opciones de procesamiento acelerado, permitiendo respuestas en un plazo de hasta una semana, como ya ocurre en países como Panamá, Dubái y Catar. Yo me imagino un sistema donde se pueda cobrar montos de cinco, diez y hasta cien mil dólares para obtener respuestas express, lo cual daría recursos frescos para proyectos nuevos. Estas tarifas diferenciadas de los aranceles de aplicación, permitirá al Estado recaudar ingresos destinados a programas que contrarresten los efectos de la gentrificación: vivienda accesible, infraestructura comunitaria y programas de integración local.

Conclusión

Se debe intervenir desde el origen del fenómeno: el desbalance en la oferta y la demanda generado por el hecho que la normativa vigente crea un portillo para burlar las leyes migratorias y se crea la categoría de facto denominada “Turista Perpetuo”, lo cual en definitiva viene a ser una migración no regulada. Costa Rica tiene la potestad de corregir esto sin necesidad de reformas legislativas, simplemente mediante ajustes en las directrices migratorias. Regular mejor la entrada de turistas de larga estancia no es xenofobia, es planificación. Regular no es rechazar. Es decidir, con soberanía, quiénes pueden formar parte del pacto social costarricense.

Regular la figura del turista perpetuo no debe interpretarse como un acto de rechazo ni de cierre, sino como una necesidad de justicia, sostenibilidad y coherencia institucional. Costa Rica debe garantizar que quienes decidan permanecer en su territorio lo hagan con responsabilidad, reciprocidad y dentro del marco legal. Esto implica crear incentivos claros para la regularización migratoria, proteger el acceso a vivienda y servicios públicos para la población de nacionales y residentes, y al mismo tiempo mantener un enfoque respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen o estatus. La clave está en encontrar un equilibrio inteligente entre soberanía migratoria, dinamismo económico y solidaridad social. Solo así lograremos que el país siga siendo un destino abierto, pero no desbordado; inclusivo, pero no ingenuo.