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Martes, 13 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


Turismo depredador

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 28 febrero, 2008


De cal y de arena
Turismo depredador

Alvaro Madrigal

El sentido depredador que se manifiesta en la explosión del desarrollo turístico en Costa Rica debería obligar a las autoridades gubernamentales y municipales a ser más recelosas y precavidas ante los negativos efectos que tiene sobre el medio ambiente y la biodiversidad. No todo está en el banquillo de los acusados pero sí mucho, particularmente en áreas cercanas al Pacífico en Guanacaste, la Península de Nicoya y los cantones de Garabito, Parrita y Aguirre, con preocupantes signos en Sierpe de Osa y Puerto Viejo de Talamanca. El contraste entre lo que debería ser pauta invariable a seguir en la explotación de nuestro potencial turístico y lo que debería evitarse y hasta erradicarse, lo marcan La Fortuna y Tamarindo. Pero ya vemos que los malos ejemplos se propagan más que los buenos, y que a medida que se hurga se evidencia que ese sentido depredador de un desarrollo malentendido existe y va a resultar nefasto. ¿Para qué confites en los infiernos?

En el XIII Informe sobre el Estado de la Nación se constata la pléyade de instituciones y de leyes y reglamentos dictadas para proteger el medio ambiente (nueve instancias preventivas, siete instancias de denuncia y seis de corte policial), pero también la gran debilidad de la administración, “...la falta de capacidades institucionales y de voluntad política local y nacional para el ejercicio de las potestades en esta materia” con “...situaciones de irregularidad y descontrol que superan las capacidades de las débiles municipalidades”, realidad de la que más de un vivo saca ventaja. A partir del voto 2002-1220 de la Sala Constitucional, que ordena la evaluación de toda actividad, obra o proyecto, independientemente de su tamaño o impacto ambiental, el asunto es de tomar en serio. Empero, más bien se han profundizado las fallas en manejo de agua y residuos, movimientos de tierras y cambio de uso del suelo y de los 81 municipios solo un 36% tiene una oficina especialmente dedicada al asunto. Donde se acumula la depredación hay un común denominador: la incompetencia institucional cuando no la tolerancia y la concupiscencia o el enmarañado, lento y exasperante proceder de los órganos facultativos. La tarea que se plantea el gobierno Arias —calidad de los combustibles, plan de manejo de residuos sólidos, una nueva ley de recurso hídrico y más presupuesto para el Sistema de Areas de Conservación y para SETENA— debería incorporar el reto de la calidad de la gestión en sede administrativa (eficiente y eficaz, legal y ética) para conservar la buena nota en el Índice de Desarrollo Ambiental. Debería transformar un discurso ambientalista en una política congruente, como lo dijo Eduardo Villafranca, autorizado empresario turístico.

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